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Una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional acaba de poner patas arriba el ya tradicionalmente pantanoso terreno de la fiscalidad empresarial y ha abierto una puerta para que Hacienda pueda exprimir aún más los beneficios que obtienen las empresas para financiar las arcas públicas, o al menos ese es el temor que reconocen grandes empresas y asesores fiscales.La resolución en cuestión, cuyo fallo se acaba de conocer, avala la constitucionalidad de que Hacienda pueda exigir a las grandes empresas que abonen sus pagos anticipados del Impuesto de Sociedades según sus beneficios brutos, sin descontar las deducciones, incentivos y rentas exentas que les reconoce la ley y por mucho que ese esquema pueda llevar a que las empresas anticipen una cuantía muy superior a la que les corresponderá pagar en la liquidación final del impuesto.Noticia Relacionada estandar No El IEE denuncia la alta presión fiscal de las empresas: aportan un tercio de
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