La impunidad de Ayuso

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La del fiscal general del Estado ha sido una condena a la verdad. 
Ganan las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, las acusaciones ultras, los bulos y quienes publicaron esas falsedades. Gana el comisionista defraudador. Pierde el periodismo que comprueba las noticias, pierde el fiscal general, pierde la verdad. Y pierde también la Justicia. Su imagen ante los ciudadanos queda de nuevo deteriorada por una condena muy difícil de explicar.
Tengo una enorme curiosidad por conocer los argumentos: qué camino seguirán estos jueces del Supremo para justificar su decisión. Seguro que serán creativos, seguro que nos sorprenderán. Es el mismo Supremo que validó la estrambótica investigación del juez García Castellón, que vio una víctima del terrorismo en un turista muerto por un infarto durante unas protestas en el aeropuerto de El Prat. Los que después inventaron el enriquecimiento sin riqueza para no aplicar la amnistía a Puigdemont. Ahora nos van a explicar en qué consiste la revelación de secretos sin secretos. Muy capaces siempre son.
Es el mismo Tribunal Supremo donde las monedas caen siempre del mismo lado: a la derecha. Donde se aprecia, cada vez más, el éxito rotundo de aquella estrategia que impulsó Federico Trillo hace tres décadas, con los bloqueos en la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones. Un plan que Ignacio Cosidó resumió después con precisión: controlar el Supremo “desde detrás”.
La Justicia suele ser lenta. Previsible. Garantista. Es justo lo que no ha ocurrido en este juicio al fiscal general. No se recuerda un proceso penal más rápido ni una condena más impredecible. Y tampoco ha sido un proceso garantista: para perseguir un delito menor, que rara vez se investiga, ordenaron medidas tan desproporcionadas como el registro completo al despacho del fiscal general. Ni siquiera así encontraron pruebas. Ha dado igual.
Es también el último capítulo de una historia aún mayor: la de la impunidad de Isabel Díaz Ayuso y su familia. Esa protección especial que permite a la presidenta de la Comunidad de Madrid salir indemne de asuntos que hundirían a cualquier otro político. Ya van cuatro escándalos que siempre ha logrado salvar con mentiras, con otros pagando los platos rotos y con el viento de la Justicia siempre a favor.
Primer acto: el pufo de Avalmadrid
Ocurrió en 2011. Lorenzo Díaz, padre de Isabel Díaz Ayuso, pidió a Avalmadrid –una financiera semipública que depende del gobierno autonómico– un préstamo de 400.000 euros. Como garantía presentó una nave ilegal cuyo valor no cubría ni de lejos la deuda. Los técnicos advirtieron por escrito del riesgo, pero el crédito se aprobó igual.
Poco después, Ayuso intervino personalmente: en julio de 2011 envió correos e hizo llamadas a la viceconsejera de Economía para evitar el embargo. No usó la ventanilla del ciudadano común. Era asesora de Esperanza Aguirre y, tras esas gestiones, entró como diputada en la Asamblea de Madrid.