Ayuso recurre ante el Supremo el decreto de Universidades de Sánchez por «arbitrario y falto de consenso»

La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que es arbitrario, va contra la seguridad jurídica, ha sido elaborado sin ningún tipo de negociación o consenso y ataca las competencias en esta materia de las Comunidades Autónomas, según fuentes autonómicas.El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, además, limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española.El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica. Sin embargo, este Real Decreto, según el Ejecutivo autonómico, supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta.Noticia Relacionada estandar Si Varapalo de la Audiencia de Madrid al PSOE por vulnerar el derecho de asociación de Leguina Mariano Calleja La Justicia reprocha al Partido Socialista la dilación del proceso de expulsión del expresidente de la Comunidad de MadridLa norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas. Asimismo, el Gobierno de Ayuso sostiene que el proyecto «ha sido tramitado con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas».El procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece «controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados». Además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando la Consejería de Educación «incorporará mejoras a estos trámites siempre en el marco de las competencias regionales», según las mismas fuentes autonómicas.