Choque entre abogacías por la filtración del correo de la pareja de Ayuso: "Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto"

El juez Hurtado cortó a la defensa del fiscal general cuando afeaba al decano del Colegio de Abogados de Madrid que dijera, sin datos, que la filtración torpedeó los acuerdos que cada día se firman en los juzgados
La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso
El decano de la abogacía madrileña fue el primero en acudir a los juzgados a denunciar que la Fiscalía había revelado detalles de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y su dirigente Eugenio Ribón se han convertido en dos de los protagonistas de la causa por la que será juzgado en unas pocas semanas el fiscal general: pide cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz y sostiene desde hace más de un año que la filtración torpedeó los acuerdos que, día tras día, abogados y fiscales firman en los juzgados y tribunales de Madrid.
La testifical de Ribón ante el juez Ángel Hurtado el pasado febrero se convirtió en un enfrentamiento directo con la Abogacía del Estado, que intentó sin éxito exponer que, en realidad, las conformidades se siguieron celebrando con normalidad en Madrid a pesar de lo que afirma el ICAM.
La abogacía madrileña fue la primera en apuntar a la Fiscalía cuando, en la mañana del 14 de marzo de 2024, el Ministerio Público sacó un comunicado para desmentir las informaciones falsas que Miguel Ángel Rodríguez y varios medios habían difundido sobre el caso de Alberto González Amador: que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, pero lo había retirado por órdenes de la cúpula del organismo. “El ICAM considera de extrema gravedad la revelación de datos”, dijo rápidamente sobre ese comunicado, presentando Ribón la querella personalmente en los juzgados seis días después. Un día antes que el propio González Amador.
Eugenio Ribón, decano del ICAM, tras presentar la denuncia por la filtración
Esas primeras denuncias no se fijaron, como hace ahora el Supremo, en la filtración del correo a los medios, sino en el comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que ha ido cambiando hasta el punto que el Tribunal Supremo ha descartado que hubiera delito en esa nota de prensa. Y además de abrir la vía penal contra la Fiscalía, el ICAM también se desvinculó del protocolo de conformidades, denunciando que el secreto de las comunicaciones de los abogados de Madrid “no parece estar garantizado”.
Ribón fue llamado a declarar por el juez Hurtado en el Tribunal Supremo en una condición dual de testigo y también perito, según dijo el propio magistrado. Testigo, porque esos días mantuvo conversaciones y reuniones con la cúpula de la Fiscalía para pedir explicaciones por el comunicado, pero también perito para explicar cómo la filtración había afectado negativamente a la abogacía en su conjunto y no solo al caso de González Amador por su desvinculación del protocolo y su plataforma propia.
Este punto fue uno de los más tensos de su comparecencia cuando la Abogada del Estado que entonces defendía a la fiscal Pilar Rodríguez preguntó por esta afectación a las conformidades. “¿Usted sabe si desde el 18 de marzo las conformidades en Madrid se han visto afectadas?”, preguntó la representante de Rodríguez, a lo que Ribón contestó rotundo: “Claro que se han visto afectadas”. Hurtado cortó las preguntas que pedían al decano los datos concretos que sostenían su afirmación: “Es inexigible que nos diga datos concretos (...) No quiero entrar en un debate”. “Esa afirmación categórica es incierta, es una inconsciencia por su parte si no ha venido con datos para afirmarlo”, afirmó la abogada del Estado antes de ser obligada a cambiar de tema.
Un descenso del 8,4%