Claves de la ley canaria de alquiler vacacional, la norma que permite elevar a 100.000 los pisos turísticos en las Islas

La regulación avala que el 10% del parque de viviendas del Archipiélago (incluso el 20% en las Islas Verdes), de un millón de inmuebles, se dedique a esta actividad, siempre y cuando los ayuntamientos regulen el sector y se cumplan unos requisitos mínimos
Una tarde en las calles de Las Palmas de Gran Canaria donde hay más pisos turísticos que vecinos
Más de dos años después desde su anuncio, el Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la polémica ley de alquiler vacacional con los votos a favor de los partidos que sustentan al Gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI, y el rechazo de la oposición, PSOE, Nueva Canarias y Vox.
Es una de las normas más controvertidas de la legislatura (probablemente la que más) por su escaso grado de aceptación entre los agentes sociales del Archipiélago. No gusta a la patronal del alquiler turístico, ha puesto en pie de guerra a los ayuntamientos, que son las entidades que más cargarán con el peso de hacer cumplir la ley. E incluso provocó un cisma dentro del Consejo Económico y Social de Canarias.
Quien siempre, sin excepción, ha visto con buenos ojos el texto es la patronal hotelera, principal competidor del alquiler vacacional para alojar a turistas.
La normativa ha sufrido varios cambios desde que salió por primera vez su anteproyecto, en abril de 2024. Esas modificaciones casi siempre han buscado flexibilizar aún más el despliegue del sector en las Islas, rebajando requisitos o abrazando excepcionalidades. Pero la medida estrella de la norma es la misma: la fijación de un límite a la vivienda turística en cada municipio o barrio de un 10% con respecto al parque total de casas.
Eso significa que, en Canarias, donde hay poco más de un millón de viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un máximo de 100.000 podrá explotarse con fines turísticos. Y eso aplicando solo el umbral del 10%. Porque la ley dice que, en las Islas Verdes, es decir, en La Palma, La Gomera y El Hierro, el porcentaje puede ser del 20%, al igual que en los “municipios del reto demográfico”, los que sean declarados como tales por el Ejecutivo regional atendiendo a los criterios de despoblación, envejecimiento y desaceleración económica, entre otras cosas.
Los ayuntamientos tienen cinco años para aprobar instrumentos de ordenación que reserven estos porcentajes en sus localidades. Es decir, planes que digan dónde y cómo puede ubicarse la vivienda turística en sus municipios. Si quieren elevar el umbral, pueden hacerlo, pero tendrán que justificarlo con estudios de capacidad de carga. Mientras no regulen nada de esto, no será posible otorgar una sola licencia más hasta pasado un lustro, cuando entren en vigor unas normas subsidiarias como último recurso.
Las licencias tendrán una vigencia de cinco años. En las Islas Verdes y los “municipios del reto demográfico”, diez. Esto último es una modificación con respecto al anteproyecto. Los permisos podrán renovarse si el planeamiento urbanístico lo autoriza y si el municipio o barrio no está afectado por una declaración de zona de mercado residencial tensionado.
El plazo de cinco años de vigencia se aplica también a todas las viviendas vacacionales que actualmente figuran en el Registro General Turístico del Gobierno canario, más de 70.000. Esos son todos los pisos turísticos con una declaración responsable para ejercer la actividad (que no son todos los que finalmente la realizan, esos son poco más de 47.000, según el ISTAC). Disfrutarán de ese periodo como un régimen transitorio con carácter indemnizatorio para adaptarse a los nuevos requisitos que exige la ley. Si en cinco años acreditan “fehacientemente” que no es suficiente para “compensar” la pérdida de la licencia, podrán reclamar una prórroga de cinco años más.