Debate sobre el estado de la moción

Desde que se instaurara en 1983, el debate sobre el estado de la nación se ha celebrado todos los años, excepto los electorales o los posteriores a elecciones. Eso fue así hasta que llegó Sánchez, que lo ha celebrado solamente en una ocasión. Hay que recordar que su celebración no es obligatoria y, en el mundo de Sánchez, lo que no es estrictamente obligatorio depende solo de que le convenga. Sucede lo mismo con lo obligatorio, como la presentación de los Presupuestos; aunque, en realidad, la presentación de Presupuestos tampoco es obligatoria, puesto que su no presentación no acarrea consecuencias. Y si algo no tiene consecuencias, da igual que sea obligatorio. Así que imagínense lo que ni siquiera lo es.En cualquier caso, Sánchez convirtió la comparecencia en la que se le preguntaba por corrupción, por Leire y por cómo tiene pensando gobernar sin la confianza de la Cámara en una comparecencia a petición propia para realizar un debate sobre el estado de la nación… autonómica. En concreto, sobre Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid -entre las tres suman casi la mitad de la población de España-, pero con referencias a Extremadura y Castilla y León, donde celebrarán elecciones en los próximos meses. Hizo el presidente un repaso exhaustivo por todas y cada una de las negligencias encontradas en la prestación de cualquier servicio público en esas comunidades, con especial atención a los que considera 'homicidas'; a saber, Ayuso por las residencias, Mazón por la dana, Moreno por los cribados y Mañueco por los incendios. Centró sus casi tres horas de intervención en total -a su lado lo de Castro son solo frugales digresiones- en lanzar la precampaña ante el inminente ciclo electoral autonómico. Y lo hizo citando casos reales de negligencias en sanidad, en educación, en becas o en catástrofes en esas autonomías, tratando de elevar esas negligencias a categorías, que, a su vez, serían consecuencia de una posición ideológica. Es decir, la derecha -según él-, no cree en el Estado de bienestar y por eso lo quiere desmantelar. Y él ha venido a protegerlo. Básicamente se trata de eso. De nada sirve que el Estado del bienestar sea un invento de la derecha -De Gasperi, Schuman o Adenauer fueron democristianos-, porque nadie en el PP lo sabe. Y, si lo sabe, tampoco consideran conveniente reivindicar los logros de su familia ideológica, no les vayan a llamar socialdemócratas. Y, en cualquier caso, la realidad es que, en España, esos derechos derivan de la Constitución, es decir, de un pacto entre españoles de todas las ideologías. No de un invento del PSOE. Pero nadie salió a rebatirlo. Y ni siquiera hubo cintura para responder a esa secuencia de desmantelamiento del Estado del bienestar que Sánchez imputa a un PP que es, en realidad, quien lo sostiene en casi toda España.Aun así, buenas intervenciones de Feijóo, que gana mucho cuando tiene tiempo por delante; y también de Abascal, sin entrar en detalles. Este último llamó al presidente «Obama de Pozuelo», lo mejor de la mañana. Pero la realidad es que, aún así, el discurso político de Sánchez también fue oportuno. Y excelente para sus intereses políticos. Hay argumentos de fondo en sus intervenciones para los que se necesita equipo, tiempo, talento y, sobre todo, falta de anclaje moral. Y de todo ello tiene Sánchez en cantidades ingentes. La pregunta que debería haber hecho el PP hace mucho es: «¿Por qué, si España va bien, a los españoles les va mal?». Pero la pregunta la ha hecho el PSOE antes que el PP. Y, por lo tanto, la da respondida: «La culpa es de un PP arrastrado por Vox que no cree en los servicios públicos y, por lo tanto, no sabe gestionarlos». Es un argumento-madre que le blinda frente a su verdadera debilidad, porque poner el foco en lo social es poner en foco en las autonomías. Y poner el foco en las autonomías es poner el foco en el PP. Sánchez vuelve así a cambiar el marco y muestra sus cartas para el ciclo electoral que viene. Y cierra, de paso, el debate de la moción -solo citada por Rufián-, dando a entender a todos los grupos que facilitar un gobierno de PP y Vox implicaría convertirse en cómplices de quienes quieren acabar con los servicios públicos. La realidad es que España no es un sistema presidencialista y la legitimidad de Sánchez no viene dada por las urnas sino por la confianza del Congreso. Y una vez perdida de modo expreso, su legitimidad es cuestionable. Con moción o sin ella. Quizá por eso, Sánchez no se dirige ya a los diputados sino solo «a los ciudadanos que nos están viendo». Vamos, que Sánchez pasaba por allí; decidió hablar de lo que quisiera y a quien quisiera: y ya que estaba, lanzó una campaña.