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#Junta de Andalucía
#Funcionarios
Los sindicatos, que acudieron el viernes para firmar un acuerdo negociado durante meses, barajan ahora movilizaciones ante la negativa de la Consejería de Justicia y Función Pública. La subida salarial costaba 200 millones y la Junta ha anunciado 100 millones extra para sanidad de partidas "no ejecutadas" del Presupuesto
Los funcionarios de la Junta de Andalucía son los peor pagados de las administraciones autonómicas
Los retrasos diagnósticos en los cribados del cáncer de mama, que en las últimas semanas se han cobrado el la salida de la consejera de Salud, han supuesto un terremoto en el Gobierno andaluz con réplicas en otros departamentos.
El pasado viernes, los sindicatos entraron a una reunión con la convicción de que iban a firmar una subida salarial para los funcionarios negociada durante meses y aparentemente cerrada, pero salieron con un notable enfado y anunciando movilizaciones.
Según fuentes sindicales, los negociadores de la Junta -en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública- les comunicaron que no podían cerrar el acuerdo porque para apagar el fuego de la crisis de los cribados de cáncer, el Gobierno andaluz necesitaba acometer una “redistribución de recursos”; es decir, reasignar a sanidad una partida presupuestaria ya destinada a mejorar las condiciones salariales de los funcionarios.
El pasado miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y nuevo responsable de la cartera de Salud, Antonio Sanz, anunció una inversión extra de 100 millones de euros y 700 contrataciones para intentar sofocar el incendio político que ha provocado el escándalo de los cribados de cáncer. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, explicó que ese dinero se detraería de otras partidas “sin ejecutar” del Presupuesto en vigor, pero no especificó qué inversiones previstas se sacrificarían para engordar el gasto sanitario.
Los sindicatos presentes en la mesa general, UGT, CCOO y CSIF, califican el requiebro de la Junta de “deslealtad”, y ya han anunciado movilizaciones por el “bloqueo injustificable” a los “compromisos adquiridos” por la Junta de Andalucía. “Por dos veces [el viernes pasado y el 2 de octubre] la administración se ha levantado de la mesa. Lo que estamos viendo es que no hay un compromiso presupuestario para desarrollar la Ley de Función Pública [aprobada por el Parlamento andaluz en junio de 2023]”, lamenta Pablo López del Amo, de CCOO.
“Entendemos que si se viene a negociar con unas cantidades acordadas es porque hay autorización para ello”, lamenta Manuel Moreno, secretario de Negociación de CSIF. Sobre la mesa, en principio, había un acuerdo que contemplaba 200 millones de euros para subir los salarios progresivamente hasta 2030, y recuperar la llamada “acción social” para los 270.000 empleados dependientes de la Junta. En total, la subida pactada beneficiaría a unos 78.000 empleados públicos, entre funcionarios (50.000), plantilla de los entes instrumentales (27.000) y empleados de Justicia (en torno a 1.000).
La parte que abona Andalucía de los salarios de estos funcionarios está congelada desde 2002, según los sindicatos, que reclaman una subida desde hace años. Las negociaciones presenciales se retomaron en junio, y se han desarrollado durante el verano hasta quedar ya cerradas, según los sindicatos. “El viernes íbamos a firmar”, aseguran. Era la segunda ocasión: el viernes 2 de octubre también se paralizó la firma a la espera de que la Consejería de Hacienda cerrara unos flecos jurídicos, según relatan los sindicatos. La Junta, en cambio, resalta ahora que la negociación “sigue abierta”.
Inversión extra de 100 millones en cribados
Los funcionarios de la Junta de Andalucía son los peor pagados de las administraciones autonómicas
Los retrasos diagnósticos en los cribados del cáncer de mama, que en las últimas semanas se han cobrado el la salida de la consejera de Salud, han supuesto un terremoto en el Gobierno andaluz con réplicas en otros departamentos.
El pasado viernes, los sindicatos entraron a una reunión con la convicción de que iban a firmar una subida salarial para los funcionarios negociada durante meses y aparentemente cerrada, pero salieron con un notable enfado y anunciando movilizaciones.
Según fuentes sindicales, los negociadores de la Junta -en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública- les comunicaron que no podían cerrar el acuerdo porque para apagar el fuego de la crisis de los cribados de cáncer, el Gobierno andaluz necesitaba acometer una “redistribución de recursos”; es decir, reasignar a sanidad una partida presupuestaria ya destinada a mejorar las condiciones salariales de los funcionarios.
El pasado miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y nuevo responsable de la cartera de Salud, Antonio Sanz, anunció una inversión extra de 100 millones de euros y 700 contrataciones para intentar sofocar el incendio político que ha provocado el escándalo de los cribados de cáncer. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, explicó que ese dinero se detraería de otras partidas “sin ejecutar” del Presupuesto en vigor, pero no especificó qué inversiones previstas se sacrificarían para engordar el gasto sanitario.
Los sindicatos presentes en la mesa general, UGT, CCOO y CSIF, califican el requiebro de la Junta de “deslealtad”, y ya han anunciado movilizaciones por el “bloqueo injustificable” a los “compromisos adquiridos” por la Junta de Andalucía. “Por dos veces [el viernes pasado y el 2 de octubre] la administración se ha levantado de la mesa. Lo que estamos viendo es que no hay un compromiso presupuestario para desarrollar la Ley de Función Pública [aprobada por el Parlamento andaluz en junio de 2023]”, lamenta Pablo López del Amo, de CCOO.
“Entendemos que si se viene a negociar con unas cantidades acordadas es porque hay autorización para ello”, lamenta Manuel Moreno, secretario de Negociación de CSIF. Sobre la mesa, en principio, había un acuerdo que contemplaba 200 millones de euros para subir los salarios progresivamente hasta 2030, y recuperar la llamada “acción social” para los 270.000 empleados dependientes de la Junta. En total, la subida pactada beneficiaría a unos 78.000 empleados públicos, entre funcionarios (50.000), plantilla de los entes instrumentales (27.000) y empleados de Justicia (en torno a 1.000).
La parte que abona Andalucía de los salarios de estos funcionarios está congelada desde 2002, según los sindicatos, que reclaman una subida desde hace años. Las negociaciones presenciales se retomaron en junio, y se han desarrollado durante el verano hasta quedar ya cerradas, según los sindicatos. “El viernes íbamos a firmar”, aseguran. Era la segunda ocasión: el viernes 2 de octubre también se paralizó la firma a la espera de que la Consejería de Hacienda cerrara unos flecos jurídicos, según relatan los sindicatos. La Junta, en cambio, resalta ahora que la negociación “sigue abierta”.
Inversión extra de 100 millones en cribados
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