El Ejecutivo central reducirá su déficit desde un objetivo del 2,2% del PIB en 2025 hasta el 1,4% en 2028, un margen que podrán usar los gobiernos regionales si sale adelante la senda de estabilidad
Montero traslada a las comunidades autónomas que presentará en dos meses una reforma de la financiación
El Gobierno ha dado el paso definitivo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha comprometido a apretarse el cinturón para darle más oxígeno a las comunidades autónomas. El gesto se traduce en un ajuste de más de 14.000 millones por parte de la Administración General del Estado en tres años, permitiendo a los ejecutivos regionales destinar 5.500 millones de euros a financiar los servicios públicos.
La nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros fija un objetivo de déficit (diferencia entre ingresos y gasto público) del 2,1% del producto interior bruto (PIB) para el conjunto de las Administraciones Públicas. Si bien el detalle por subsectores no se conoce al completo, las comunidades autónomas podrán incurrir en números rojos por valor del 0,1% del PIB el próximo año, mientras que el Gobierno se reserva el 1,8%, según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.
El Ejecutivo ofrece a las comunidades autónomas un desvío de una décima del PIB, unos 1.755 millones de euros solo en 2026, a lo largo del siguiente trienio, hasta sumar un total de 5.485 millones de euros de gasto adicional. A esto hay que sumar las entregas a cuenta récord (los recursos principales de las autonomías) por valor de 157.731 millones para el año próximo.
A cambio, el Ministerio de Hacienda se compromete a asumir el grueso de la consolidación fiscal en el periodo. El objetivo que el Gobierno aprobó para 2025, que no se refrendó en las Cortes, fijó un déficit para la Administración General del Estado del 2,2% en 2025. Los nuevos que dará luz verde este martes el Consejo de Ministros serán del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
Es decir, las cifras diseñadas por la vicepresidenta Montero se traducen en un ajuste de ocho décimas de PIB, o 14.000 millones de euros, que permitirán ese mayor margen para las comunidades autónomas en el próximo trienio, dentro de la senda de reducción del déficit, como establecen las reglas fiscales europeas.
Los argumentos de Montero para tener más déficit
La estrategia es la del palo y la zanahoria, a pesar de que estos objetivos tienen pocos visos de prosperar en el Congreso de los Diputados. Ya el año pasado el Ministerio de Hacienda ofreció ese déficit del 0,1% para las comunidades autónomas y desde Junts lo tumbaron, exigiendo un reparto en tercios del objetivo global para cada uno de los subsectores.
Ahora, además de la promesa de un mayor gasto público, la vicepresidenta Montero añadió nuevos argumentos para justificar esa división en tres partes.
alberto
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