Aena debe relicitar el concurso de 464 millones tras fracasar en atraer constructoras

Análisis editorial

Aena tropieza en el primer concurso millonario de su plan de inversión al no encontrar constructora para la reforma del aeropuerto de Tenerife-Sur. Este fracaso inicial, que deja sin ofertas un proyecto de 464 millones de euros, expone una tensión estructural entre las ambiciones de expansión de la compañía y la realidad económica actual: el escenario tarifario aprobado es muy lejano al 3,8% que Aena demandaba para recuperar sus inversiones y cubrir costes operativos.

El revés en la licitación se suma a un contexto regulatorio adverso tras la aprobación del pasado martes del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), donde el Gobierno recortó considerablemente la propuesta tarifaria original. La compañía pública, que planea invertir 10.000 millones en su negocio regulado y otros 3.000 millones en el comercial, se enfrenta a un techo de subida de tarifas para las aerolíneas del tan solo 0,33% anual durante el quinquenio 2027-2031, una cifra que no permite la rentabilidad esperada por el gestor aeroportuario.

La incapacidad de atraer interés al concurso obliga a Aena a reformular y volver a licitar el contrato, mientras que la combinación de un mercado constructor reacio y márgenes tarifarios comprimidos genera riesgos reputacionales significativos para la entidad pública. Esta situación subraya una desconexión crítica entre los planes de inversión masivos y las condiciones económicas impuestas por el Estado, poniendo en duda la viabilidad del modelo actual sin ajustes sustanciales.

En definitiva, Aena se encuentra atrapada en un círculo vicioso donde la falta de ofertas para obras clave coincide con una regulación que limita su capacidad de generación de ingresos. Si no logra encontrar soluciones ante este primer fracaso millonario y si el Gobierno mantiene las restricciones del 0,33% anual, la recuperación de los miles de millones invertidos en infraestructuras durante el próximo quinquenio resultará extremadamente difícil, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del sector aeroportuario español.