Agencia ordena cerrar cantera ilegal en colada volcánica tras denunciar ocupación de once parcelas
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Un empresario ha ocupado sin autorización doce parcelas en la colada del Tajogaite de La Palma para extraer y comerciar con áridos volcánicos. Esta actividad ilegal se desarrolla sobre terrenos afectados por la erupción de 2021, donde nueve propietarios han visto sus tierras invadidas, incluyendo una perteneciente al propio Cabildo insular.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto un expediente contra Manuel Rodríguez González desde enero de 2025 tras denuncias del Cabildo. El expediente revela que el responsable extrae material de más de 12.000 metros cuadrados en suelo rústico común, superando ampliamente los límites de su propia parcela y afectando a once terrenos distintos.
A pesar de las advertencias oficiales realizadas hace casi un año, la actividad continúa con maquinaria pesada y una planta de machaqueo instalada en la zona. Los afectados señalan que el Ayuntamiento no ha precintado las obras y critican la pasividad administrativa ante una situación que obstaculiza la recuperación económica y social de La Laguna.
La ACPMN exige el cese inmediato de la operación ilegal y contempla derivar los hechos a la Fiscalía Ben Magec-Ecologistas en Acción. Los terrenos ocupados, clasificados como Zona de Recuperación Residencial bajo la ley post-volcánica, solo permiten uso industrial para talleres artesanales, lo que invalida cualquier justificación de la planta de tratamiento no vinculada a obras públicas.
Análisis editorial
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha abierto un expediente contra Manuel Rodríguez González por extraer áridos en más de 12.000 metros cuadrados sin autorización en la colada del Tajogaite, desplazando a nueve víctimas de la erupción volcánica y ocupando sus parcelas.
A pesar de que las autoridades ambientales han advertido formalmente sobre esta actividad sin licencia durante casi un año, la operación continúa obstaculizando la recuperación económica de La Laguna. El empresario ocupa doce parcelas que exceden ampliamente los límites catastrales permitidos, afectando a once titulares distintos, incluido el propio Cabildo insular.
La falta de ejecución administrativa ante una infracción ambiental persistente está generando nuevos conflictos sociales que amenazan tanto a los propietarios originales como al proceso oficial de reconstrucción post-volcánica. La actividad se desarrolla en una Zona de Recuperación Residencial donde la ley prohíbe explícitamente dicha extracción y las autoridades han requerido su cese desde hace casi un año.
La extracción ilegal de áridos sin autorización en zonas de recuperación post-erupción ha generado un riesgo legal inminente tras meses de inacción administrativa, exponiendo al responsable a una denuncia judicial y exacerbando la tensión entre la protección ambiental y los derechos de reconstrucción de las víctimas del volcán.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- Un empresario opera ilegalmente extrayendo áridos en la colada del Tajogaite, desplazando a nueve víctimas de la erupción volcánica y ocupando sus parcelas.
- A pesar de que las autoridades ambientales (ACPMN) han advertido formalmente sobre esta actividad sin licencia durante casi un año, la operación continúa obstaculizando la recuperación económica de La Laguna.
Evidencias
- La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha abierto un expediente contra Manuel Rodríguez González por extraer áridos en más de 12.000 metros cuadrados sin autorización.
- El empresario ocupa doce parcelas que exceden ampliamente los límites catastrales permitidos, afectando a once titulares distintos, incluido el propio Cabildo insular.
- La actividad se desarrolla en una Zona de Recuperación Residencial donde la ley prohíbe explícitamente dicha extracción y las autoridades han requerido su cese desde hace casi un año.
Acciones
- Las autoridades deben proceder inmediatamente al precintado de las obras y la detención de la actividad para evitar el agravamiento del daño ambiental.
- Es necesario activar el expediente ante la Fiscalía Ben Magec-Ecologistas en Acción dada la persistencia de la ilegalidad tras múltiples advertencias oficiales.
Conclusión final
La falta de ejecución administrativa ante una infracción ambiental persistente está generando nuevos conflictos sociales que amenazan tanto a los propietarios originales como al proceso oficial de reconstrucción post-volcánica.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Riesgo legal inminente por la posible denuncia ante la Fiscalía Ben Magec-Ecologistas en Acción debido a la ocupación ilegal de parcelas para extraer áridos sin autorización.
- Riesgo reputacional y político derivado de las denuncias sobre la pasividad administrativa frente a una actividad ilícita en una zona sensible post-erupción.
- Riesgo de conflicto social por la extracción de recursos en zonas destinadas a la recuperación residencial, afectando a vecinos que buscan reconstruir sus hogares.
Acciones recomendadas
- Ejecutar el cierre inmediato de la actividad de extracción ordenado por la ACPMN.
- Presentar los hechos ante la Fiscalía Ben Magec-Ecologistas en Acción para iniciar el proceso judicial correspondiente.
- Precintar las obras y ocupaciones ilegales identificadas en las doce parcelas afectadas.
Señales/evidencias
- La ACPMN ha abierto un expediente contra Manuel Rodríguez González por desarrollar actividad en suelo rústico común sin autorización desde al menos 2024.
- El empresario ocupa más de 12.000 metros cuadrados excediendo los límites catastrales y afectando a once parcelas de distintos titulares, incluyendo una del Cabildo insular.
- La actividad se realiza en la Zona de Recuperación Residencial de la colada del Tajogaite, donde las licencias están reservadas para afectados por el volcán.
- Ecologistas en Acción denuncia explícitamente la pasividad de las administraciones públicas ante esta situación.
Conclusión
La extracción ilegal de áridos sin autorización en zonas de recuperación post-erupción ha generado un riesgo legal inminente tras meses de inacción administrativa, exponiendo al responsable a una denuncia judicial y exacerbando la tensión entre la protección ambiental y los derechos de reconstrucción de las víctimas del volcán.
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