Amnistía Internacional registra casi 3.000 ejecuciones en 2025 por delitos que van desde drogas
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El tráfico de drogas se ha consolidado como el delito principal que motiva la aplicación de la pena de muerte en diversos países. A pesar de que cerca de 86 naciones conservan esta sanción penal en sus legislaciones, no todas la aplican activamente. En 2025, Amnistía Internacional registró casi 3.000 ejecuciones en 17 países distintos, lo que representa un aumento del 78% respecto al año anterior.
La presentadora egipcia Sarah Khalifa fue condenada a muerte por presunta pertenencia a una red de narcotráfico y su caso está pendiente de resolución judicial tras presentar el recurso. Este caso ha generado un renovado debate internacional sobre la aplicación de esta pena capital, especialmente en contextos donde las drogas son el principal motivo de ejecución.
La brujería y hechicería siguen siendo delitos castigables con la muerte en Arabia Saudí bajo una interpretación wahabista de la sharia que carece de definición legal concreta. Se conocen casos como los de Mustafa Ibrahim ejecutado en 2007 por practicar hechicería para separar un matrimonio, Amina bint Abdulhalim Nassar decapitada en 2011 por ser considerada una bruja, y Muree bin Ali bin Issa al-Asiri ejecutado en 2012 por poseer presuntos talismanes mágicos.
La blasfemia también justifica condenas a muerte en Pakistán y Afganistán. En Pakistán se registraron al menos once condenas en 2025, aunque no siempre se lleva a cabo la ejecución. El caso de Shahzad Masih, un joven cristiano de 16 años acusado de pronunciar palabras despectivas sobre profetas musulmanes, ilustra cómo el código penal contempla delitos religiosos que pueden castigar incluso a menores de edad.
Cuestionar al líder o las políticas del poder en ciertos países conlleva la muerte bajo figuras como terrorismo, seguridad nacional o espionaje. China, Irán, Arabia Saudí y Yemen son algunos de los países donde se registran estas prácticas que esconden la ausencia de libertad de expresión. El último informe de Amnistía Internacional señala que ciertas críticas políticas pueden implicar esa pena.
El artículo destaca el aumento significativo en las ejecuciones globales y la diversidad de delitos que justifican la pena de muerte, generando un renovado debate sobre su legitimidad y uso.
Análisis editorial
Por tráfico de drogas, adulterio, blasfemia o incluso brujería, la pena de muerte sigue vigente en cerca de 86 países, pero en 2025 Amnistía Internacional registró casi 3.000 ejecuciones en 17 naciones distintas, lo que representa un incremento del 78% respecto al año anterior. Esta escalada no solo refleja una intensificación del uso capital, sino una peligrosa expansión hacia delitos morales y religiosos donde las garantías procesales se diluyen, convirtiendo la justicia en un instrumento de arbitrariedad contra grupos vulnerables como los menores de edad.
La evidencia muestra cómo la falta de definición legal concreta permite interpretaciones difusas que condenan a inocentes o castigan conductas no violentas; en Arabia Saudí, la pena por brujería se aplica bajo una lectura wahabista de la sharia sin especificación jurídica clara, mientras que Pakistán ejecutó al menor Shahzad Masih, de 16 años, por blasfemia tras un proceso judicial. Asimismo, casos como el de la presentadora egipcia Sarah Khalifa condenada a muerte por narcotráfico tras unas semanas de juicio, o las ejecuciones en Afganistán y Pakistán por apostasía, ilustran cómo la celeridad procesal y los delitos difusos erosionan el debido proceso.
Las implicaciones de esta tendencia son graves: leyes con definiciones excesivamente amplias sobre terrorismo o seguridad nacional, como las recientes en Kuwait que agravan penas a la difusión de "información falsa", pueden utilizarse para silenciar la disidencia política bajo paraguas legales tergiversados. La ausencia de libertad de expresión se manifiesta cuando críticas al poder o publicaciones en internet, como ocurrió con el profesor saudí Mohammed al-Ghamdi condenado inicialmente a muerte antes de recibir 30 años de prisión, son encuadradas como delitos de estado que justifican la pena capital.
En este contexto de 2026, es imperativo priorizar la revisión urgente de casos con plazos procesalmente cortos y solicitar clarificación legal inmediata sobre delitos difusos para limitar el margen de interpretación judicial. La comunidad internacional debe exigir moratorias inmediatas en la aplicación de la pena a menores y detener las ejecuciones por brujería o blasfemia, entendiendo que mantener estas prácticas no solo viola derechos humanos fundamentales, sino que perpetúa un sistema donde la vida humana es sacrificable ante acusaciones vagas y procesos sumarios.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- En 2025 se registraron casi 3.000 ejecuciones capitales en 17 países, representando un incremento del 78% respecto al año anterior.
- La aplicación de la pena de muerte abarca delitos no violentos como brujería, adulterio y blasfemia, además del tráfico de drogas.
Evidencias
- Amnistía Internacional documentó un aumento del 78% en las ejecuciones globales para llegar a casi 3.000 muertes en 2025.
- La presentadora egipcia Sarah Khalifa fue condenada a muerte por narcotráfico tras un proceso que duró solo unas semanas.
- En Arabia Saudí, la pena capital por brujería se aplica bajo una interpretación difusa de la sharia wahabista sin definición legal concreta.
- Pakistán ejecutó al menor Shahzad Masih, de 16 años, por blasfemia tras un proceso judicial.
Acciones
- Priorizar la revisión urgente de casos con plazos procesalmente cortos para evitar condenas arbitrarias.
- Solicitar clarificación legal inmediata sobre delitos difusos como la brujería para limitar el margen de interpretación judicial.
- Implementar moratorias inmediatas en la aplicación de la pena capital a menores de edad.
Conclusión final
La tendencia global muestra una escalada en el volumen de ejecuciones y una expansión hacia delitos morales y religiosos, lo que compromete garantías procesales básicas y la protección de grupos vulnerables como los menores.
Riesgos
Riesgos/alertas
Acciones recomendadas
Señales/evidencias
- Su código penal contempla diversos delitos religiosos y, en ciertos casos, se castiga con la pena capital también a menores de edad.
Conclusión
No se identifican alertas deducibles con suficiente soporte en el texto disponible.
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