Ana Fuentes atribuye a Santos Cerdán la autorización de los 43.225 euros pagados por el PSOE.

La gerente del PSOE, Ana Fuentes, ha asegurado este miércoles al juez que investiga las cloacas del partido que era el ahora ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el que se encargaba de ordenar los pagos a la trama presuntamente liderada por Leire Díez.Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, en su declaración como investigada -que se ha extendido cerca de hora y media-, la responsable de las cuentas socialistas ha indicado que ella únicamente dirigía la gerencia económica, y que era Cerdán el que daba orden de abonar las facturas.Según ha explicado Fuentes, ella únicamente se centraba en el gasto que figuraba en la factura y la ejecución de las mismas, mientras que Cerdán era la persona que confirmaba si se habían realizado los encargos o no.En la declaración de Fuentes, la Fiscalía ha preguntado a la gerente si la Secretaría General del partido se encargaba de gestionar algún gasto. Esta, sin embargo, ha insistido que ese tipo de funciones era controlada casi en su totalidad por la Secretaría de Organización.El magistrado citó a Fuentes después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalase en un informe que esta, como directora gerente federal del partido, «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional»: una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exletrado de Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán.«Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados», señalaban los agentes.Cerdán, el encargado de autorizar gastosNo es la primera vez que Cerdán, el presunto líder de la trama junto a Leire Díez, es señalado como el responsable de impartir directrices. A finales del pasado mes de julio, dos trabajadoras del PSOE aseguraron ante el juez que buscaron billetes y gestionaron varios viajes para la exmilitante del partido, todo ello bajo órdenes de Cerdán, que autorizaba los gastos.Fuentes del PSOE, por su parte, han explicado que la gerente ha indicado que su departamento formaliza, documenta y tramita trabajos encargados previamente por la Secretaría de Organización y, conforme a las indicaciones de Organización, ordenaba la ejecución de los abonos correspondientes, en este caso gastos ordinarios que no serían competencia ni de la Comisión Ejecutiva Federal ni de la Secretaría General.Sobre la contratación de abogados externos, Fuentes habría explicado que el PSOE contrata habitualmente despachos especializados en distintas materias, mediante las correspondientes hojas de encargo. La gerente, según las fuentes socialistas consultadas, habría apuntado que desconoce el contenido de los trabajos y su función se limitaba a revisar contratos previamente examinados por la asesoría jurídica.Los pagos del PSOE a abogadosSobre el abogado Ismael Oliver, la UCO sospecha que el PSOE usó empresas a su nombre y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para pagar 43.225 euros a Díez, interponiendo varias sociedades «para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido». Los agentes precisaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria «al menos cinco pagos».De los cinco pagos, señalaron que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntaron, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado. La UCO expuso en un informe que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE».Este miércoles, en su declaración como investigado ante el juez, Oliver ha explicado que fue Leire Díez la que se acercó a él en nombre del PSOE para contratarle como asesor jurídico de la formación para la comisión sobre la operación Cataluña.Las fuentes consultadas indican que Oliver ha señalado que la formación le abonó directamente ese pago, y que él únicamente trató con Leire Díez.Oliver, a su vez, abogado del que fuera viceministro venezolano Nervis Villalobos, ha señalado que Díez se ofreció a eliminar la huella digital de este último y a llevar su comunicación. La presunta fontanera del PSOE, sin embargo, habría solicitado una cantidad de dinero muy elevada.Después de que Villalobos descartase pagar la suma exigida por Díez, plantearon que la fontanera cobrase una cantidad inferior, en concreto la misma que Oliver percibió del PSOE. Esa sería la explicación por la cual ambos pagos coinciden, lo que lleva a la UCO a pensar que, en realidad, ese pago de Oliver en realidad iba a parar a Díez.Según ha explicado el abogado, la fontanera nunca habría llegado a borrar la huella digital ni a encargarse de la comunicación de Villalobos, lo que generó malestar en el exdirigente venezolano.Turno del exdirector de la Guardia Civil Las declaraciones del caso Leire continuarán este jueves, cuando el juez Santiago Pedraz interrogará como investigado al que fuera director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, citado después de que el que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desvelase ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» en la investigación que afectaba a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa».El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil --antecesor de la actual directora, Mercedes González, también imputada--, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado».