Bonificación fiscal para alquiler vacacional genera apenas 1,2 millones en pérdidas fiscales

Análisis editorial

La medida estrella de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para desbloquear el mercado del alquiler apenas ha movilizado 1.500 viviendas en un año, lejos de su objetivo inicial. Esta política, diseñada para poner alrededor de 20.000 casas sin uso en circulación, prometía una transformación significativa pero se ha topado con una realidad que contradice las expectativas políticas.

El mecanismo consistía en premiar a los propietarios con una deducción del IRPF de 1.000 euros por cabeza, siempre que sus arrendadores firmaran contratos de al menos tres años. Sin embargo, durante el primer año de aplicación de esa bonificación en la declaración de la renta (sobre 2024), apenas 1.588 contribuyentes pidieron la deducción, lo que equivale como máximo a un número similar de viviendas incorporadas al mercado.

La pérdida de recaudación se redujo a 1.210.669 euros, una cifra que representa un 93,9% menos de lo esperado en una región que en 2021 (último dato publicado), tenía 187.586 viviendas vacías, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este fracaso ha generado escepticismo por parte de la oposición de izquierdas hacia los anuncios lanzados por Ayuso en materia de vivienda.

El contraste entre las promesas políticas y la realidad estadística revela una desconexión entre la retórica gubernamental y la efectividad de sus medidas. La incapacidad para movilizar el parque inmobiliario vacante pone en duda la viabilidad de esta estrategia fiscal como herramienta de política social, dejando a la Comunidad de Madrid con un problema estructural sin solución inmediata.