Cantabria invierte 17.400 euros públicos en informes para un centro de datos sin luz

Riesgos/alertas

• Bloqueo operativo crítico del proyecto debido a la falta de suministro eléctrico asegurado, lo que invalida su viabilidad técnica actual.
• Opacidad en los estudios de factibilidad al utilizar dos informes financiados con fondos públicos para promocionar un proyecto privado sin resolver sus barreras energéticas y hídricas.
• Alta exposición financiera derivada de la inversión prevista (más de 3.600 millones de euros) y las promesas de empleo (1.500 puestos), que dependen enteramente de una resolución eléctrica incierta.
• Desconexión entre los incentivos políticos para defender el proyecto y las barreras técnicas reales, exacerbada por la priorización de la defensa política sobre la ejecución técnica.

Acciones recomendadas

• Suspende temporalmente cualquier nueva inversión pública o contratación de estudios adicionales hasta que se resuelva objetivamente la disponibilidad del suministro eléctrico.
• Requiere al Ejecutivo autonómico que publique un análisis técnico independiente y transparente que contraste las proyecciones iniciales con el estado real de la infraestructura eléctrica en Piélagos y Villaescusa.
• Establece condiciones estrictas para la liberación de fondos públicos vinculados a este proyecto, condicionándolas al compromiso legal del promotor privado de garantizar el suministro energético.
• Audita los informes financiados con dinero público para verificar si las conclusiones sobre la cercanía a la subestación eléctrica se basan en datos confirmados o en suposiciones no validadas.

Señales/evidencias

• El proyecto está estancado por falta de suministro eléctrico asegurado, a pesar de que el promotor privado ha vendido la mayoría de sus acciones.
• Se han costeado dos informes distintos de la Universidad de Cantabria (uno reciente por 17.400 euros) para justificar la viabilidad del proyecto ante los medios y como Proyecto Empresarial Estratégico.
• El primer informe técnico sostenía que la cercanía a la subestación eléctrica de Penagos garantizaba el abastecimiento, pero este supuesto no se ha confirmado.
• La cantidad de electricidad necesaria es tan grande (comparable a una central nuclear) que por ahora es inviable sin una ampliación de potencia del Ministerio.
• El Gobierno autonómico ha asumido la defensa exclusiva del proyecto y lo presenta como si fuese público, designándolo para reducir plazos y burocracia.

Conclusión

Existe un riesgo crítico de fracaso financiero y reputacional debido a que el Gobierno autonómico prioriza la promoción política del Campus Tecnológico Altamira utilizando fondos públicos para justificar una viabilidad técnica (suministro eléctrico) que actualmente no está asegurada ni validada.