Chavismo y oposición pactan renovar el TSJ y recuperar oro británico tras sismos
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El chavismo y la oposición cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos concentrados en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los "activos de reserva internacional" de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra. Tras una primera fase que se extendió cinco días, ambas partes leyeron un comunicado conjunto en el hotel Gran Meliá Caracas, en el que se destacó la conformación de dos mesas técnicas para la atención de la emergencia por el doble terremoto que golpeó el pasado 24 de junio a este país y el fortalecimiento de la democracia, poder judicial y electoral.
Igualmente, se informó que se desarrollaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera. El cronograma de ejecución de los acuerdos, según el comunicado conjunto, comenzará este mismo mes bajo un "mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso". Este proceso comenzó formalmente el pasado 6 de agosto con el apoyo de Estados Unidos.
Renovación del Tribunal Supremo de Justicia
Las delegaciones acordaron renovar a todos los jueces del TSJ, señalado de servir al Gobierno, con un nuevo proceso de postulación. Este anuncio significa el reinicio del plan que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ con la que se aumentó de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal. También habrá una nueva reforma de la ley, según el comunicado.
Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como a "conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación". Tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos el del TSJ.
Recuperación de activos
El otro acuerdo de las delegaciones es el de recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. Asimismo, acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, "para garantizar el bienestar de todos los afectados". Venezuela sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.
En julio pasado, la mandataria encargada envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación. En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.950 millones de dólares, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del depuesto presidente Maduro, enfrentado en la actualidad a un proceso judicial en Estados Unidos.
Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EEUU.
Exigencias ciudadanas
En esta jornada, decenas de sindicalistas protestaron a las afueras del hotel Gran Meliá Caracas para exigir que se les permitiera entregar un documento a la delegación opositora y que se garanticen elecciones presidenciales este año. Los manifestantes señalaron que Figuera es una persona "impuesta" por Estados Unidos para las negociaciones y que la opositora no ha escuchado a los venezolanos. En el diálogo no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.
También un grupo de 84 expresos políticos pidió a la mesa de diálogo que garantice la conformación de un nuevo TSJ y de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea independiente. En un comunicado publicado en respaldo a la negociación impulsada por Estados Unidos, los firmantes indicaron que para reconstruir Venezuela es necesario empezar por la conformación de un "nuevo TSJ y un nuevo CNE, elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres y de garantizar que sea el pueblo, en democracia, quien decida el futuro del país". Este acercamiento representa el noveno intento de diálogo entre la oposición y el chavismo, que completa 27 años en el poder.
España y Estados Unidos celebran el avance
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este miércoles el "primer paso" en el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición. "Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos", señaló la mandataria en un mensaje publicado en Telegram. Asimismo, llamó a todas las fuerzas políticas a que se sumen a este proceso, "poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela".
Estados Unidos expresó su "satisfacción" por el inicio del diálogo y afirmó que "contribuye significativamente al plan de tres fases" establecido por Washington para lograr una "transición a elecciones democráticas". Mientras que el Ministerio de Exteriores español, ha hecho público este jueves un comunicado en el que celebra los avances en la conversaciones. "Saludamos la celebración de conversaciones entre las autoridades venezolanas y representantes de la oposición democrática, dirigidas a generar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones y el logro de la normalidad democrática, así como para atender las necesidades del país tras los devastadores terremotos", dice la nota. "España reitera su disposición de acompañar a Venezuela en este proceso, así como en la reconstrucción del país", añade.
Análisis editorial
El chavismo y la oposición cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos: la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras 27 años de dominio chavista y la recuperación de activos internacionales depositados en el Banco de Inglaterra. Este hito institucional, impulsado formalmente desde el pasado 6 de agosto con apoyo estadounidense, busca simultáneamente reconfigurar el poder judicial y financiar la respuesta a los terremotos del 24 de junio mediante la liberación de reservas que ascienden a 31 toneladas de oro, valoradas en unos 1.950 millones de dólares dentro de un paquete de daños estimado en 19.600 millones de dólares.
La arquitectura del pacto se sustenta en la conformación de mesas técnicas para atender una emergencia humanitaria que ha dejado al menos 6.301 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, junto con un cronograma de ejecución estricto que incluye reformas a la Ley Orgánica del TSJ para aumentar sus integrantes de 20 a 32 miembros y establecer nuevos mecanismos de postulación. No obstante, el proceso enfrenta una tensión crítica desde su inicio: las negociaciones se desarrollaron bajo la mediación de Dinorah Figuera, mientras líderes opositores centrales como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia permanecieron excluidos de las mesas de diálogo, lo que genera dudas sobre la representatividad del consenso alcanzado.
A pesar de los avances formales, el éxito operativo del acuerdo depende de superar barreras estructurales que continúan congelando fondos estatales en el exterior y limitando la disponibilidad inmediata de recursos para la reconstrucción. La percepción pública de que la mediación es una figura "impuesta" por Estados Unidos, sumada a las protestas de sindicalistas y grupos de expresos políticos que exigen elecciones presidenciales este año, amenaza con deslegitimar el proceso ante sectores clave de la sociedad venezolana. Además, la ausencia explícita de figuras opositoras centrales en la negociación compromete la confianza necesaria para garantizar que los recursos recuperados se utilicen eficientemente y sin impunidad.
En última instancia, aunque este acercamiento representa un paso necesario tras nueve intentos previos de diálogo, su viabilidad futura no residirá únicamente en los textos firmados, sino en la capacidad de las partes para institucionalizar mecanismos de transparencia independientes y ampliar la inclusión política antes de que surjan nuevas crisis de credibilidad. Sin una validación real del consenso por parte de todos los actores políticos relevantes y sin soluciones legales alternativas a las sanciones externas que bloquean los activos, el riesgo de impunidad judicial y el fracaso en la recuperación financiera podrían anular los beneficios inmediatos de este primer ciclo de negociación.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El chavismo y la oposición pactaron la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de activos internacionales depositados en el Banco de Inglaterra.
- Se establecieron mesas técnicas para atender la emergencia humanitaria tras los terremotos del 24 de junio, aunque persisten restricciones a fondos estatales en el exterior.
Evidencias
- El chavismo y la oposición cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos concentrados en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra.
- Se destacó la conformación de dos mesas técnicas para la atención de la emergencia por el doble terremoto que golpeó el pasado 24 de junio a este país.
- Persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior.
Acciones
- Implementar el mecanismo de trabajo continuo para asegurar el cumplimiento estricto del cronograma de ejecución de los acuerdos sobre el TSJ y los activos.
- Incorporar a figuras opositoras clave ausentes en las negociaciones para fortalecer la legitimidad política del proceso frente a sectores disidentes.
Conclusión final
El acuerdo marca un hito institucional al abordar simultáneamente la crisis judicial y financiera, pero su legitimidad futura depende de la inclusión política de líderes opositores excluidos y de superar la desconfianza hacia la mediación internacional.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Riesgo político de rechazo al acuerdo por percepción de manipulación externa debido a la mediación liderada por Dinorah Figuera, vista como 'impuesta' por Estados Unidos.
- Riesgo de impunidad y falta de legitimidad en el proceso judicial por la ausencia de líderes opositores clave (María Corina Machado y Edmundo González Urrutia) en las mesas de diálogo.
- Riesgo operativo de incumplimiento financiero debido a la continuidad de restricciones estructurales que congelan activos estatales en el exterior, impidiendo la recuperación inmediata de fondos para los terremotos.
Acciones recomendadas
- Institucionalizar mecanismos de transparencia y auditoría independientes para la gestión de los activos recuperados del Banco de Inglaterra destinados a la emergencia humanitaria.
- Garantizar la inclusión formal de las principales figuras opositoras excluidas en futuras mesas técnicas para validar el consenso político sobre la renovación del TSJ.
- Diversificar fuentes de financiamiento y buscar mecanismos legales alternativos para desbloquear fondos estatales congelados ante la persistencia de sanciones externas.
Señales/evidencias
- Acuerdo sobre la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras 27 años de dominio chavista.
- Pacto para recuperar 31 toneladas de oro depositadas en Inglaterra para financiar la respuesta a daños por terremotos estimados en 19.600 millones de dólares.
- Exclusión explícita de líderes opositores centrales (Machado y González Urrutia) del proceso de negociación.
- Percepción pública de que la mediadora Dinorah Figuera es una figura 'impuesta' por Estados Unidos.
Conclusión
Aunque se lograron avances críticos en justicia electoral y recuperación de activos para mitigar el desastre natural, la legitimidad del pacto está severamente comprometida por la falta de representatividad opositora y las barreras externas que amenazan la ejecución financiera de los compromisos.
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