Cinco mil quinientas personas protestan en Barcelona contra la ampliación del aeropuerto El Prat

Análisis editorial

Unas 5.500 personas se congregaron este domingo en el centro de Barcelona para rechazar la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, una movilización que surge como respuesta directa a la aprobación del plan DORA III por parte del Consejo de Ministros. La tesis central de esta protesta es que el proyecto agravaría la crisis climática y exacerbaría el turismo masivo, presionando aún más un sector ya saturado en una ciudad que acaba de registrar su verano más caluroso de la historia.

La manifestación, convocada por Zeroport con el respaldo de más de doscientas entidades y partidos políticos como ERC, Comuns y la CUP, se desarrolló sin incidentes tras partir desde el Passeig de Gràcia. El conflicto se nutre de una discrepancia financiera crítica: mientras que el plan DORA III destina 1.760 millones de euros entre 2027 y 2031 para reconfigurar terminales y pistas, solo contempla 191 millones para actuaciones preparatorias y compensaciones medioambientales, omitiendo las obras de la nueva terminal satélite que invadiría el delta del río Llobregat. Los organizadores advierten que esta expansión podría atraer entre 10 y 15 millones de turistas adicionales anuales e incrementar un cuarenta por ciento las emisiones de la infraestructura.

A pesar de la ausencia de alertas operativas inmediatas, los riesgos a largo plazo son significativos, especialmente en lo referente al impacto ambiental y social en el delta del Llobregat. La oposición al proyecto ha crecido año tras año, evidenciado por una manifestación similar en 2021 que congregó unas 10.000 personas, el doble de asistentes a este último acto. La tensión radica en la percepción ciudadana de que la inversión pública prioriza la capacidad aeroportuaria sobre la sostenibilidad ecológica y la vivienda, creando un escenario donde la actividad agrícola local y el clima enfrentan una amenaza directa por parte de las infraestructuras planificadas.

Este movimiento social marca un punto de inflexión en la relación entre la ciudad y su principal hub aéreo, sugiriendo que cualquier avance futuro deberá superar no solo los obstáculos técnicos, sino una resistencia política y social consolidada. La lectura final indica que, aunque el gobierno central ha dado luz verde a una inversión total prevista de 3.200 millones para la próxima década, la ejecución real del proyecto dependerá de su capacidad para mitigar las preocupaciones climáticas y urbanas que han movilizado a miles de ciudadanos en las calles de Barcelona.