CNMC aprueba circular que fija tasa del 6,46% para gasistas hasta 2032

Análisis editorial

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sellado el destino financiero del sector gasista hasta 2032 al fijar una retribución regulada en el 6,46%, una cifra que mantiene la propuesta inicial y se sitúa por debajo de la asignada al sector eléctrico. Esta decisión, aunque formalmente aprobada tras un procedimiento garantista, encierra una tensión estructural: mientras el organismo defiende la competitividad de los peajes y la descarbonización, las empresas del sector advierten que este marco retributivo generará una caída acumulada de ingresos estimada en 2.405 millones hasta 2032, poniendo en riesgo su sostenibilidad económica frente a una inflación superior a la prevista.

El desarrollo de estas tres circulares revela un organismo dividido; las medidas para transporte, regasificación y distribución han sido aprobadas con múltiples votos particulares que evidencian disensiones internas sobre los valores unitarios de inversión y operación y mantenimiento (O&M). A pesar de que el regulador actualiza los incentivos para la extensión de la vida útil de las infraestructuras y fomenta la inyección de gases renovables, la divergencia entre la inflación asumida por la CNMC y los datos reales reportados por Sedigas en mayo ha forzado a la patronal a solicitar ajustes urgentes. La tasa resultante es 12 puntos básicos inferior al 6,58% fijado recientemente para el transporte y distribución de electricidad, una diferencia que el propio organismo atribuye a un decalaje temporal y coeficientes distintos, pero que las gasistas interpretan como insuficiente ante la coyuntura actual.

La implementación de este nuevo régimen, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, conlleva riesgos operativos significativos si no se corrigen las discrepancias metodológicas detectadas. La eliminación de incentivos a la gasificación y la retención de una retribución basada puramente en la actividad podrían acelerar la decadencia de redes ante una demanda decreciente, mientras que los votos particulares sugieren que la confianza institucional está erosionada. Sin una revisión inmediata de la metodología de cálculo para alinearla con la realidad económica reportada por Sedigas y sin una solicitud formal de cambio en la retribución por parte de las empresas, el déficit proyectado podría comprometer la capacidad de inversión necesaria para garantizar la seguridad del suministro y cumplir los objetivos de descarbonización.

En última instancia, la aprobación del 6,46% cierra un periodo regulatorio marcado por la incertidumbre y deja al sector gasista en una posición vulnerable frente a las presiones inflacionarias y la caída de demanda. Aunque el marco normativo incorpora herramientas para fomentar la digitalización y la eficiencia energética, la brecha entre los objetivos políticos del Gobierno y la realidad financiera de las empresas reguladas exige una intervención rápida. La falta de consenso interno en la CNMC y la negativa implícita del sector a aceptar un escenario que reduce sus ingresos en miles de millones sugieren que este no será el final de la controversia, sino el inicio de una fase crítica donde la viabilidad económica del gas natural dependerá de ajustes futuros que hoy parecen inalcanzables bajo las actuales circulares.