Ecologistas pide reconstruir daño por 1,1 millones en pozos ilegales de la Casa de Alba
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La organización ecologista Ecologistas en Acción, que actúa como acusación particular, ha interpuesto un recurso para solicitar la revocación del archivo judicial decretado por el juez instructor en el caso de los pozos ilegales de la Casa de Alba. El magistrado archivó la causa al descartar la existencia de delito contra el medio ambiente, basándose en que no se pudo demostrar con certeza el volumen exacto de agua extraído debido a la ausencia de contadores obligatorios.
Ecologistas en Acción considera inadmisible que la falta de estos dispositivos de control sea utilizada como argumento para beneficiar probatoriamente a los propietarios. La organización argumenta que la ausencia de contadores es una circunstancia de la explotación y no una razón jurídica válida para impedir la reconstrucción hidrogeológica del daño causado, ya que con ella se podría determinar el volumen extraído y su impacto en el entorno.
El recurso judicial critica al juez por haber priorizado la versión técnica presentada por la Casa de Alba sobre los informes firmados por expertos de la Guardia Civil. La acusación particular sostiene que el instructor optó por una lectura exculpatoria de los documentos administrativos, ignorando las conclusiones incriminatorias y descartando la hipótesis delictiva fundada en la investigación policial.
La Guardia Civil estima que el daño ambiental derivado de estas captaciones ilegales asciende a hasta 1,1 millones de euros. Además, se calcula que la empresa Eurotécnica Agraria, integrada por los hermanos del duque de Alba y encargada de gestionar las fincas familiares, obtuvo un beneficio económico de 5,1 millones de euros gracias al uso ilícito del agua.
En la finca Aljóbar, ubicada en el término municipal de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia que operaron durante casi tres años. La organización ecologista insiste en que permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada y considera necesario realizar una reconstrucción técnica para determinar si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia.
Análisis editorial
La decisión de archivar la causa contra los pozos ilegales de la Casa de Alba establece un precedente peligroso donde la ausencia de contadores obligatorios se erige en escudo para una captación prolongada e incontrolada, permitiendo que una propiedad se beneficie de una ilegalidad documentada. Ecologistas en Acción denuncia que el juez ha antepuesto la versión técnica de los propietarios a las evidencias incriminatorias de la Guardia Civil, descartando el delito contra el medio ambiente al considerar insuficiente la prueba del daño ambiental debido a la falta de datos cuantitativos precisos sobre el volumen extraído.
A pesar de que el instituto armado cifró el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros y detectó nueve pozos sin licencia junto con pérdidas visibles definidas como "despilfarro", el instructor eligió informes favorables a la finca y desestimó los firmados por expertos del cuerpo nacional. La acusación particular sostiene que es inadmisible que quien estaba obligado a instalar la instrumentación de control pueda alegar su ausencia para evitar responsabilidades, ignorando así un descenso constatado en el nivel del acuífero del Aljarafe Sur y una hipótesis de riesgo relevante que permanece objetivamente fundada.
Las consecuencias de este fallo son graves, ya que se permite operar con impunidad ante una explotación abusiva que habría generado un beneficio económico de 5,1 millones de euros para la empresa Eurotécnica Agraria, integrada por los hermanos del duque de Alba. Al considerar que no puede confirmarse el daño sin contadores, la justicia valida técnicamente lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Fiscalía califican como un uso ilícito del agua, dejando abierta la puerta a que la Casa de Alba continúe extrayendo recursos sin licencia bajo una protección legal cuestionable.
El cierre de este expediente judicial no resuelve el conflicto ambiental, sino que institucionaliza una grieta en la normativa donde la falta de instrumentación anula la evidencia de daño real. Mientras la organización ecologista solicita una reconstr
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El juez archivó la causa por pozos ilegales de la Casa de Alba al considerar insuficiente la prueba del delito ambiental debido a la falta de contadores obligatorios.
- Ecologistas en Acción denuncia que esta decisión permite beneficiarse de una ilegalidad y prioriza la versión de los propietarios sobre las evidencias técnicas de la Guardia Civil.
Evidencias
- El juez descartó el delito contra el medio ambiente argumentando que sin contadores no se puede cuantificar el volumen extraído ni confirmar daños al acuífero.
- La organización ecologista señala que el instructor eligió los informes de la propiedad sobre los firmados por expertos de la Guardia Civil, ignorando evidencias de captación prolongada e incontrolada.
- Se considera que la ausencia de instrumentación técnica no debe tener un alcance exculpatorio para quien estaba obligado a instalarla según la normativa.
Acciones
- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquiviq una reconstrucción hidrogeológica independiente para determinar el volumen extraído y el impacto real en el acuífero.
Conclusión final
El archivo del caso establece un precedente donde la falta de datos cuantitativos precisos anula la evidencia de daño ambiental, permitiendo operar con impunidad ante una captación ilegal documentada.
Riesgos
Riesgos/alertas
Acciones recomendadas
Señales/evidencias
- La organización, que ejerce la acusación particular, lamenta que la falta de los contadores de agua obligatorios se esgrima como argumento para archivar la causa, apunta que hay evidencias de "daño sustancial" y considera que el juez ha antepuesto la versión de los propietarios a la de la Guardia Civil El juez archiva el caso de los pozos ilegales de la Casa
- El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1, 1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5, 1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”.
- Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ileg
Conclusión
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