El Constitucional amnistía la malversación y el Supremo levanta la orden de detención

El magistrado instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, ha tomado la decisión unos minutos después de que el otro tribunal haya anunciado que la amnistía también debe aplicarse al delito de malversación
El Constitucional aplica la amnistía a la malversación del procés y abre la puerta al regreso de Puigdemont
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha levantado la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional haya decidido amnistiar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés. El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia sobre Dolors Bassa y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes, con los siete votos favorables del sector progresista, que la amnistía también debe abarcar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés condenados en 2019. Los magistrados han resuelto el caso de Dolors Bassa pero los razonamientos se aplican también el de Carles Puigdemont, imputado por ese delito de 2017 que también acarreaba una orden de detención nacional.
Llarena explica en su auto que esta decisión no implica una “ejecución anticipada” de la sentencia del Constitucional ni una “extensión automática” de su fallo al caso del expresident, sino su capacidad para revisar “de oficio” las medidas cautelares que pesan sobre él. No hacerlo, explica el juez que instruyó la causa del procés, podría llevar a la detención de Puigdemont si volviera a España, una medida que después podría ser “improcedente”. El juez explica, en cualquier caso, que cuando pueda examinar la sentencia completa del Constitucional revisará esta decisión.
La decisión de Llarena no resuelve todavía el fondo del asunto pero sí pone fin a casi una década de medidas cautelares de búsqueda y captura impuestas contra el expresident desde la primera apertura de diligencias en la Audiencia Nacional por una querella de la Fiscalía. Unas medidas cautelares por las que Puigdemont ha sido arrestado en Alemania y en Italia a lo largo de los últimos años, procesos en los que el Tribunal Supremo no consiguió la extradición del político independentista catalán.
La aplicación de la amnistía arrancó en el Tribunal Supremo con la decisión tanto del juez Llarena como de la Sala de lo Penal de no aplicar la ley de perdón al delito de malversación. También optaron por considerar que la ley no cumplía con la Carta Magna y plantearon una cuestión de inconstitucionalidad que se sumó a las presentadas por el Partido Popular, las comunidades autónomas donde gobierna y Castilla-La Mancha. Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entienden que la norma es legal y que puede ser aplicada.
“No declara aplicable la amnistía”
La segunda fase de recursos abarca el delito de malversación, que según el Tribunal Supremo no podía ser amnistiado y cuya pervivencia tenía varias consecuencias incluso después de los indultos: mantenía activas las condenas de inhabilitación de los políticos, lo que impide que se presenten a unas elecciones, y también la orden de detención de Puigdemont ahora levantada. La sentencia anunciada este martes por el Tribunal Constitucional, explica Llarena, “justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias”.
El magistrado especifica en este auto que el levantamiento de las medidas cautelares no es una decisión sobre si la malversación atribuida a Puigdemont queda definitivamente eliminada del expediente. “Este alzamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes”. Cuando conozca el “texto íntegro” de la sentencia del Constitucional “se decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles”.