El PP solicita imputar al PSOE tras confirmar que su estructura financió la trama criminal

El Partido Popular (PP) ha solicitado este martes al juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas cloacas socialistas que impute al PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal al considerar que la trama liderada por Santos Cerdán «dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros» para sufragar la persecución a jueces y fiscales.En un escrito, recogido por ABC, el PP -que se encuentra al frente de las acusaciones populares- sostienen que la investigación del magistrado Santiago Pedraz ha «venido a confirmar» que el PSOE «sufragó» los «gastos de la organización criminal por indicación del entonces secretario de Organización», Santos Cerdán, el presunto líder de la trama junto con la exmilitante Leire Díez.Fuentes jurídicas consultadas por ABC han señalado que el instructor solicitará informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la pertinencia de acordar la imputación del PSOE antes de tomar la decisión final. Los de Alberto Núñez Feijóo son rotundos y aseguran que «la razón de ser de cada uno de los delitos indiciariamente cometidos era proteger y defender los intereses del PSOE, de sus miembros y familiares, a los que acechaban numerosos procedimientos judiciales en los que se les atribuían -y aún se les atribuyen graves delitos de corrupción». «Esa es la razón por la que desde el propio partido se promovieron diferentes líneas de actuación dirigidas, en palabras de Leire Díez, a 'limpiar, sin límite'», añaden. Los populares creen que es posible concluir que el secretario de Organización del PSOE, con la colaboración de su Gerente Federal, y actuando en su condición de tal, participó en los delitos de cohecho y tráfico de influencias investigados, poniendo a disposición de la organización criminal investigada los medios operativos, logísticos y financieros del partido; y todo ello con el ánimo de defender al Gobierno, a su presidente y al propio partido de los múltiples procedimientos penales seguidos contra sus miembros o familiares». Un partido sin «medidas de vigilancia»El PP, que ejerce la acusación popular en la causa, afirma que el partido liderado por Pedro Sánchez «no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir las comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios, toda vez que dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera». Para justificar la petición de imputación del PSOE, el PP apunta que los delitos investigados se habrían cometidos por personas que ostentaban nada menos que «la representación legal» y las «facultades de organización y control de la persona jurídica». En esta línea apunta no solo a Cerdán, sino también a Ana María Fuentes, la gerente del partido que ya ha declarado como investigada. «Los dirigentes del PSOE investigados en las presentes actuaciones cometieron los delitos que indiciariamente se les atribuyen en el ejercicio de sus funciones», incide el escrito, que considera «paradigmático» el caso de Cerdán, «ya que no solo asumió un papel central en la organización criminal investigada, sino que puso todos los medios operativos, logísticos y financieros del partido a su disposición». Se trata, aseveran los populares, de «una decisión que solo podía adoptar una persona con amplísimas prerrogativas dentro de la estructura orgánica del partido, como lo era su secretario de Organización». «Debe repararse en que todos los miembros de la organización criminal -no solo quienes mantenían una vinculación directa con el partido- conocían por cuenta de quién actuaban en última instancia y el propósito de todas y cada de sus actuaciones delictivas. La organización criminal trabajaba por y para el PSOE, y sus miembros no dudaban en publicitarlo en sus reuniones con terceros», apostillan. La representación del PP incluye en su escrito, de 31 páginas, un prolijo resumen de las declaraciones practicadas hasta la fecha y de algunos de los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los que se apunta a la presunta implicación de dirigentes socialistas en el pago a Leire Díez y a algunos de los investigados. Cerdán, un «poder casi absoluto»En este contexto, ponen el foco, entre otras cuestiones, en el pago de 20.000 euros por parte del PSOE al medio Crónica Libre, en cuya constitución participó Leire Díez, «para que difundiera las informaciones que convinieran a la organización criminal investigada, camuflando el pago a través de una campaña publicitaria». El PP considera que «existen indicios sólidos de que la aparente campaña publicitaria constituyó un negocio jurídico simulado cuya verdadera causa fue financiar a un medio afín integrado en la órbita de la organización criminal investigada, asegurando su línea editorial y dotando de recursos la adquisición de material reservado -grabaciones procedentes del entorno del excomisario José Manuel Villarejo- destinado a instrumentalizarse en los procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno». Los populares también centran el tiro en las declaraciones de dos trabajadoras del PSOE como testigos, en las que relataron que «todo cuanto acontecía respondía a la libre voluntad de Cerdán, que actuaba sin que existiera ningún tipo de órgano o mecanismo de control que lo fiscalizara o que restringiera su capacidad de actuación». Cerdán tenía, según el PP, «un poder cuasi absoluto, sin contrapesos, que también se ha visto confirmado por medio de otros elementos obrantes en las actuaciones»: «Una vez dada la orden por Cerdán, el personal administrativo del PSOE ya no tenía ningún problema para reservar los billetes y que el pago fuera a cargo del partido, incluso aunque el beneficiario de los billetes fuera ajeno a la organización y se desconociera el objeto y la finalidad del viaje». «En el hipotético caso de que sí existieran esos controles», continúa el letrado de los populares, «eran del todo desconocidos y, por ello, irrelevantes para quienes se encargaban de aplicar dichos protocolos en el seno del partido». «Nada parece haber cambiado desde entonces en materia de cumplimiento normativo en el seno del PSOE», advierte.