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El próximo Gobierno enfrentará el mayor ajuste fiscal en 15 años tras agotar el margen fiscal

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A pesar de carecer de Presupuestos y haberse comprometido con Bruselas en 2024 a un plan de ajuste fiscal a siete años, el Gobierno. ha seguido recurriendo sistemáticamente al gasto público para resolver problemas inmediatos. El caudal sin precedentes de ingresos fiscales que ingresó en la caja del Estado tras la pandemia condicionó las decisiones de gasto del Ejecutivo, creando una inercia expansiva que ahora se enfrenta a su fin.

Inés Olóndriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ha advertido este jueves que el margen fiscal está agotado y existe un riesgo inmediato de incumplir los compromisos adquiridos con Europa. La nueva autoridad recordó que el Gobierno. tiene un acuerdo con Bruselas para modular la evolución del gasto público nacional hasta 2031, el cual viene siendo incumplido de manera reiterada.

El límite fiscal incluido en dicho acuerdo para hacer frente a imprevistos ya se ha agotado y podría desbordarse si el Ejecutivo aprobara nuevas medidas contra la inflación. Olóndriz señaló que el margen es prácticamente nulo, incluso con la cláusula de salvaguarda para Defensa, advirtiendo del riesgo de incumplir los compromisos europeos en 2026 si no se disponen medidas compensatorias ante un eventual nuevo paquete de ayudas.

El incumplimiento de los parámetros del plan de ajuste fiscal estructural habilitaría a las autoridades europeas para abrir un procedimiento de déficit excesivo, lo que implicaría un control reforzado sobre las cuentas y la obligación de un ajuste fiscal anual del 0,5% del PIB. El 'timing' de este procedimiento eximiría al Gobierno. actual de las consecuencias inmediatas, ya que el castigo no se conocería hasta después de las elecciones generales.

España ha rebajado su déficit nominal varias veces en la historia reciente, pero los últimos años muestran un esfuerzo mayor para reducirlo en términos estructurales. Mientras el déficit público nominal bajó del 10,1% al 2,2% entre 2020 y 2025, el ajuste estructural requiere eliminar gastos definitivos y mantener ingresos nuevos en el tiempo, lo que obliga al próximo Gobierno. a implementar ajustes sin precedentes desde la Gran Recesión.

Imagen 1 de El próximo Gobierno enfrentará el mayor ajuste fiscal en 15 años tras agotar el margen fiscal
Imagen 1 de El próximo Gobierno enfrentará el mayor ajuste fiscal en 15 años tras agotar el margen fiscal

Análisis editorial

A pesar de no tener Presupuestos y haberse comprometido con Bruselas en 2024 a un plan de ajuste fiscal a siete años, el Gobierno ha agotado su margen fiscal permitido por la Unión Europea, situándose al límite de incumplir los compromisos europeos en 2026. La gestión expansiva del gasto público durante la era Sánchez, sin ajustes estructurales a largo plazo, ha dejado al país sin capacidad de maniobra ante nuevos imprevistos, forzando al próximo Ejecutivo a realizar el mayor recorte presupuestario desde la Gran Recesión para evitar sanciones y garantizar la viabilidad del Estado.

La nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha advertido que el margen fiscal incluido en el acuerdo con Bruselas para hacer frente a imprevistos ya se ha agotado, e incluso podría desbordarse si se aprueba un nuevo paquete de ayudas contra la inflación. El incumplimiento reiterado del plan de ajuste fiscal estructural habilita a las autoridades europeas para abrir un procedimiento de déficit excesivo, lo que implicaría establecer un control reforzado sobre las cuentas públicas y obligar a un ajuste fiscal estructural anual del 0,5% del PIB hasta que se vuelvan a poner las cuentas en orden.

El riesgo inminente de activación del procedimiento de déficit excesivo por parte de la UE en 2026 elimina cualquier margen de maniobra para futuras políticas públicas y responde a una dependencia del gasto generada por el exceso de ingresos fiscales post-pandemia. Aunque el 'timing' del procedimiento eximirá al Gobierno actual de las consecuencias inmediatas, ya que Eurostat no publica la información hasta principios de abril y Bruselas suele proponer la apertura de expedientes a finales de mayo o principios de junio, el castigo por este posible incumplimiento recaerá sobre el próximo Gobierno en vísperas de una eventual campaña electoral.

La situación fiscal actual implica un riesgo crítico que obliga a priorizar inmediatamente medidas de compensación fiscal antes de aprobar cualquier paquete de ayudas contra la inflación en el último trimestre de este año. Si no se diseñan e implementan estas medidas para evitar el desbordamiento presupuestario, España enfrentará un escenario de ajuste estructural forzoso impuesto por las autoridades europeas, cerrando una etapa donde el caudal sin precedentes de ingresos fiscales le acostumbró a no reparar en gastos y abriendo una nueva era de contención fiscal sin precedentes.

Contexto y análisis adicional

Digest

Resumen ejecutivo
  • El Gobierno español ha agotado su margen fiscal permitido por la Unión Europea, situándose al límite de incumplir los compromisos europeos en 2026.
  • La gestión expansiva del gasto público durante la era Sánchez, sin ajustes estructurales a largo plazo, ha dejado al país sin capacidad de maniobra ante nuevos imprevistos.
Evidencias
  • Inés Olóndriz, presidenta de la AIRF, advierte que el margen fiscal incluido en el acuerdo con Bruselas para hacer frente a imprevistos ya se ha agotado.
  • El incumplimiento reiterado del plan de ajuste fiscal estructural habilita a las autoridades europeas para abrir un procedimiento de déficit excesivo.
  • Si se aprueba un nuevo paquete de ayudas contra la inflación, el riesgo de desbordar los compromisos con Europa podría materializarse ya en 2026.
Acciones
  • El nuevo Ejecutivo debe priorizar inmediatamente medidas de compensación fiscal antes de aprobar cualquier paquete de ayudas contra la inflación en el último trimestre de este año.
  • Es necesario ejecutar con urgencia los recortes presupuestarios estructurales acordados para evitar que las autoridades europeas activen un procedimiento de déficit excesivo.
Conclusión final

La falta de ajustes estructurales ha forzado al próximo Gobierno a realizar el mayor recorte presupuestario desde la Gran Recesión para evitar sanciones y garantizar la viabilidad del Estado.

Riesgos

Riesgos/alertas
  • Riesgo inminente de activación del procedimiento de déficit excesivo por parte de la UE en 2026 debido al agotamiento total del margen fiscal.
  • Pérdida de capacidad presupuestaria para responder a imprevistos o nuevas medidas contra la inflación sin desbordar los compromisos europeos.
  • Aplicación forzosa de un ajuste fiscal estructural anual del 0, 5% del PIB impuesto por las autoridades europeas si se incumplen los parámetros actuales.
Acciones recomendadas
  • Diseñar e implementar medidas compensatorias de gasto inmediato para evitar el desbordamiento presupuestario antes de 2026.
  • Revisar y priorizar iniciativas políticas que generen gastos adicionales, alineándolas estrictamente con el plan de ajuste fiscal pactado en 2024.
  • Establecer un mecanismo de control reforzado sobre las cuentas públicas para garantizar el cumplimiento del marco fiscal comunitario.
Señales/evidencias
  • La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte que el margen fiscal es prácticamente nulo y podría desbordarse con nuevas medidas contra la inflación.
  • El Gobierno ha incumplido reiteradamente el acuerdo con Bruselas para modular el gasto público hasta 2031.
  • Se ha agotado el margen fiscal incluido en el acuerdo europeo para hacer frente a imprevistos, situando al país al límite de incumplir compromisos en 2026.
  • El exceso de ingresos fiscales post-pandemia generó una dependencia del gasto que ha llevado al Estado a un escenario de riesgo financiero cercano a la quiebra.
Conclusión

La situación fiscal actual implica un riesgo crítico de incumplimiento de los compromisos europeos en 2026, lo que activaría automáticamente un procedimiento de déficit excesivo y obligaría a un ajuste estructural forzoso del 0, 5% del PIB, eliminando cualquier margen de maniobra para futuras políticas públicas.

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