Expediente Ático expone contradicciones y duplicidad en la compra de vivienda institucional

A las dudas sobre quién, cómo y por qué se eligió comprar ese inmueble se le suman otras incógnitas sobre el proceso ahora que ya está claro que se buscaba una propiedad "de carácter residencial"
Los papeles del ático desmontan dos meses de mentiras del Gobierno de Ayuso
El jueves estaba marcado en rojo en el calendario por dos citas: era el día que se iban a conocer las explicaciones del elegido por Ayuso para dar la cara por la compra del ático, el consejero Miguel Ángel García Martín, y estaba previsto el acto de apertura de los sobres con las ofertas por el inmueble. No salió bien ni una cosa ni la otra: nadie quiso comprar un ático conocido en toda España por esta polémica y el portavoz del gobierno regional no solo no despejó las dudas sobre la operación, sino que reconoció por primera vez que iba a ser un “alojamiento”.
El ejercicio de supuesta de transparencia del Gobierno de Ayuso dejó sin responder las mismas preguntas que rodean la operación desde hace casi dos meses: quién, cómo y por qué escogió comprar un ático situado en el barrio donde creció la baronesa del PP. Lo que está claro es que no fue para un traslado provisional por las obras de la Puerta del Sol, como dijo en un primer momento la baronesa del PP. Pero, en su intento de zanjar la crisis, el gabinete madrileño ha aumentado la lista de incógnitas.
¿Quién ordenó comprar el ático y por qué?
El expediente publicado por el Gobierno de Ayuso empieza directamente por el contrato de confidencialidad que fue exigido a la propietaria del ático por parte de la Comunidad de Madrid antes incluso de su visita, tal y como reveló elDiario.es. No incluye nada de lo que pasó antes y motivó la elección de ese inmueble en concreto y no otro. El primer documento aportado en el expediente es del 3 de febrero y el último, del 15 de septiembre. La tasación se hizo el 13 de febrero, las arras se firmaron el 27 de ese mes y el 14 de abril se formalizó la compraventa para pasar a formar parte de la cartera de inmuebles de Planifica Madrid.
La dirigente madrileña insistió este viernes en la misma defensa que ha ejercido hasta ahora: que ella no era conocedora del detalle de la operación —se sabe que lo visitó— y que no dio la orden de buscar un ático. “No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas (...) No es dinero perdido, es dinero en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo”, respondió en una intervención trufada de críticas a Pedro Sánchez.
¿Por qué un alquiler de 3.000 euros?
La pretensión de la Comunidad de Madrid era, una vez adquirido por esta empresa pública, alquilárselo. Para ello iban a pagar 3.000 euros al mes durante diez años, pero con un periodo de carencia de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene. Ese contrato llegó a rubricarse, pero se extinguió antes de entrar en vigor.
El gasto total presupuestado y aprobado ascendía a 315.000 euros por un inmueble que costó más de seis millones. La Consejería decidió alquilarlo a 10,47 euros por metro cuadrado, una cifra que dista mucho de los precios de la zona, que oscilaban entre los 23,71 y 55,73 euros por metro cuadrado. No se explica por qué se optó por esa cifra ni por qué se decidió una exención de quince meses.
¿Por qué dieron otra versión sobre su uso?
La documentación deja claro que para el Gobierno de Ayuso era clave que el inmueble fuese residencial. La Comunidad de Madrid alegó la necesidad de “disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades”, algo que es “habitual” en otras comunidades, decía en su memoria.
Lo que quería el gabinete de Ayuso era tener un piso con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remataba el documento para justificar el arrendamiento de la propiedad que acababan de comprar a través de la empresa pública.
Un breve informe del 7 de julio justificó que la finalidad prevista era compatible con la normativa urbanística y los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dieron su visto bueno el 15 de julio al contrato de alquiler. También concluyeron que ese destino institucional debía calificarse legalmente como un arrendamiento “para uso distinto del de vivienda”, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La argumentación de su uso como “alojamiento” es la misma que dijo el jueves el consejero de Presidencia y responsable de la empresa pública a través de la cual se adquirió el ático, pero es la primera vez que se da públicamente esta explicación. La hemeroteca es clara: la líder popular dijo que sería destinado a “reuniones institucionales” de forma provisional y se justificó por las obras de gran calado que iban a hacerse en la sede de la Puerta del Sol. ¿Por qué mencionaron las obras en la Puerta del Sol como motivo principal para la mudanza, si su uso iba a ser otro?
Cuando Ayuso pronunció esas palabras, el 29 de julio, la Comunidad de Madrid ya había firmado el contrato de alquiler por diez años. ¿Por qué habló de una oficina “provisional” si se había alquilado por una década?
Las preguntas de la Intervención: ¿idóneo y necesario?
La Comunidad de Madrid quería empezar a alquilar el ático a partir del 1 de agosto. En las fechas anteriores se emitió un informe clave: el de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda. La Interventora aprobó el 27 de julio la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. Pero hizo unas observaciones sobre algunas deficiencias apreciadas en el proceso.
Entre ellas, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación citaba un informe que a ella no le habían aportado y lamentaba que no se profundizase en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”, decía.
¿Por qué pasó en 48 horas de firmar el alquiler a decir que ya no le hacía falta?
La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid emitió la orden para autorizar el alquiler el 27 de julio. La firma formal del contrato de arrendamiento entre Planifica Madrid y la Comunidad tuvo lugar al día siguiente, el 28. Y de forma repentina, el 30 de julio ya no hacía falta ese inmueble que tanto necesitaba la Comunidad de Madrid.
¿Qué pasó en esas 48 horas? Que El País publicó la adquisición del ático. El 29 de julio el Gobierno de Madrid amaneció con esa noticia en portada y defendió la pertinencia de la compra. Pero no tardó en rectificar: la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud” del alquiler. En ese documento se transmite que, dos días después de firmar el contrato, ya no hacía falta un ático “institucional” con carácter “residencial”, pero no se dice por qué.
¿Y el dinero para la reconstrucción?
La salida del ejecutivo regional a la crisis pasó por prometer el dinero de la venta de este inmueble y otro en Gran vía para la “reconstrucción” después de los incendios de verano. La operación planteaba sus dudas porque el dinero —en caso de haberse vendido, que no ha sido así— no se puede destinar directamente, ya que hay una empresa entre medias, Planifica Madrid. Solo puede hacerse mediante el reparto de dividendos.
El presidente de la empresa pública y también portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, aseguró el jueves que en octubre se reunirá el consejo de administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid para dar los 20 millones que habían anunciado a la reconstrucción. No ha explicado cómo lo van a hacer si contaba para esos cálculos con haber vendido el inmueble de Chamberí.
Ayuso dijo que dimitiría en caso de haber mentido
“Si yo he mentido, dimito”. Fueron las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región hace una semana para reivindicar todas las respuestas dadas por su equipo y por ella sobre el ático. El expediente de la compra contradice las explicaciones dadas y no menciona las reformas de la Puerta del Sol ni se alude a una estancia provisional. Es un contrato para un uso distinto, que incluye el alojamiento de las autoridades de la Comunidad de Madrid y que fue adquirido por Planifica Madrid sin que conste la justificación del porqué.
Nada en las declaraciones de la baronesa del PP de este viernes hace pensar que valore una dimisión ante las contradicciones que plantean los papeles que ellos mismos han presentado. Ayuso insistió en que la propiedad no era para ella y, entre otros comentarios ajenos a la polémica, zanjó: “A mí qué me importa”.