Fiscalía investiga agresiones y castigos en centro de menores migrantes de Ceuta

Un informe puso este jueves en conocimiento de la Fiscalía de Menores posibles episodios reiterados de violencia física y psicológica, castigos, amenazas, insultos y problemas de acceso a atención sanitaria en un centro de menores tuteladas de la ciudad autónoma: "A muchas las pegan muchísimo, muchísimo"
Cientos de menores migrantes siguen por las calles del Príncipe sin acogida: “Están durmiendo a la intemperie”
En las naves del Tarajal, que alojan a decenas de niñas y adolescentes que entraron en Ceuta a finales de julio, Hasna (nombre ficticio) cuenta que se estaba preparando para dormir cuando se dio cuenta de que le faltaba su almohada. Preguntó por ella. La respuesta, según detalla la joven a este medio y ha plasmado en una denuncia, fue que la menor estaba castigada. “¿Por qué?”, preguntó. Nadie se lo explicó y solamente permaneció de pie mientras una trabajadora se dirigía hacia ella de forma agresiva. Después, asegura, comenzó la violencia: “Me empezó a golpear en el pecho, una y otra vez”, recoge un informe que ha sido presentado a la Fiscalía, tras lo que el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación, según han confirmado elDiario.es fuentes próximas al departamento de menores de la ciudad autónoma.
Este jueves, 17 de septiembre, un informe puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores posibles episodios reiterados de violencia física y psicológica, castigos, amenazas, insultos y problemas de acceso a atención sanitaria. Entre las palabras que se repiten en los testimonios hay una especialmente recurrente: “puta”. Una de las jóvenes cuenta que las despertaban entre gritos de “putas” o “todas las putas de la calle nos las han juntado aquí”. Otra asegura que los insultos se repetían incluso a la hora de dormir. La denuncia no convierte esos relatos en hechos probados y será la investigación la que tenga que determinar qué ocurrió dentro de los centros y las posibles responsabilidades. 
Hasna relata que terminó en el suelo, dolorida, mientras las demás chicas, sus compañeras de la nave, trataban de acercarse para socorrerla. No pudieron hacerlo. “La persona que me estaba agrediendo les decía: ‘No os acerquéis a ella’”, explica. Permaneció en el suelo, rodeada de sus compañeras, pero sin que ninguna pudiera ayudarla. Después, según su testimonio, hubo nuevos golpes. “Ya no era consciente de mí misma. Perdí la noción de lo que estaba pasando”. Hasna todavía sigue dentro de ese centro y, pese a asegurar haber sufrido esta agresión, no ha presentado denuncia.
El recurso en el que permanece Hasna es una de las dos instalaciones contiguas habilitadas en el Polígono de las Naves del Tarajal para alojar a las menores extranjeras no acompañadas que llegaron a Ceuta a finales de julio. Una de ellas está gestionada por SAMU y la otra por Engloba, mientras que la tutela de las adolescentes corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchas habían pasado previamente más de un mes en asentamientos informales, entre ellos los de El Príncipe y Sidi Embarek, antes de ser trasladadas a estos recursos a principios de septiembre. 
Su relato coincide con los testimonios recopilados en torno a la situación de las niñas y adolescentes marroquíes no acompañadas alojadas en las naves del Tarajal en Ceuta.
En el caso de Hasna, la supuesta agresión no es el único episodio que relata desde dentro. La joven asegura que después de lo ocurrido, intentó pedir auxilio a los responsables del centro. “Les dije que me habían pegado, pero no quisieron escucharme”, explica. Según Hasna, una responsable le respondió: “¿Estás loca? Esto es Europa, no puedes venir aquí a montar problemas”. 
La dificultad para contar lo que ocurre dentro de los centros aparece una y otra vez en los relatos de las jóvenes, tanto de las denunciantes como de las que continúan dentro del recinto tutelado. Los teléfonos, especialmente, ocupan un lugar central. Para muchas de ellas son la única vía inmediata para hablar con sus familias, explicar dónde están o pedir ayuda fuera del centro. Una de las denunciantes, Firdaus (nombre ficticio) asegura que tenían acceso a ellos durante periodos muy reducidos. “No nos dejan los teléfonos para no grabar la humillación, la injusticia y la violencia que sufrimos”, afirma. Según su testimonio, en ocasiones disponían del móvil apenas media hora cada varios días. Cuenta también que vio cómo un miembro del personal empujaba a otra joven al suelo después de que esta reclamara que le devolvieran el suyo. 
Pero el temor que describen las menores no se limita a quedarse sin teléfono. Otra de las denunciantes asegura que se utilizaba su situación administrativa como instrumento de presión y coerción. La joven relata que, cuando intentaban protestar, recibían una advertencia: “Si habláis os vamos a llevar a Marruecos”. Otra sostiene que las amenazaban con no cumplimentar correctamente su documentación si no obedecían. Precisamente, el escrito presentado ante Fiscalía recoge que algunas menores no habrían denunciado antes por amenazas relacionadas con sus solicitudes de residencia y con la posibilidad de ser devueltas a Marruecos. 
“A muchas las pegan muchísimo”
La situación coloca a las adolescentes en una posición especialmente frágil. No tienen familiares responsables de ellas en España y dependen de los centros para dormir, comer, recibir atención médica, acceder a información o comunicarse con el exterior. Algunas desconocen el idioma y el funcionamiento de las instituciones españoles y son precisamente las personas encargadas de su cuidado aquellas a las que algunos testimonios atribuyen los malos tratos. 
Fátima (nombre ficticio) sigue dentro de uno de los centros situados en las naves del Tarajal. Su relato no parte de una agresión concreta sufrida en su piel, sino de lo que asegura ver y escuchar a su alrededor. “A muchas las pegan muchísimo, muchísimo”, cuenta en una conversación con elDiario.es. 
Habla de gritos, de compañeras que regresan heridas y de agresiones que describe como especialmente violentas. “Un día nos dejaron salir y me encontré con una amiga alojada en el otro centro. Tenía golpes por todo el cuerpo”, explica. 
Otros testimonios describen castigos que se prolongaban durante horas. Una de las menores denunciantes asegura que algunas chicas eran obligadas a pasar la noche de pie y habla de esposas metálicas colocadas en manos y pies. Según su versión, determinadas educadoras imponían los castigos mientras que el personal de seguridad ejecutaba las inmovilizaciones. El informe remitido a Fiscalía pide comprobar precisamente si existieron inmovilizaciones, aislamientos o castigos prolongados y, en su caso, en qué circunstancias se produjeron. 
Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres que se instaló en agosto en el colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta.
Uno de los relatos llegó el mismo 17 de septiembre, horas después de la entrega de la denuncia a la Fiscalía. Una menor acababa de escapar del centro cuando contó que las chicas recibían instrucciones para permanecer en silencio cuando la Policía aparecía cerca de las naves. “Cuando venía la Policía cerraban las puertas y nos decían: ‘Callaos’”, explica nerviosa en conversación telefónica con elDiario.es. “Nos decían que, si venía la policía, no habláramos con ellos”, añade. La misma joven asegura también haber sido golpeada una noche delante de otras compañeras. Después, cuenta, tuvo que permanecer de pie hasta las cinco de la mañana. “Les dije que en los campamentos informales (en El Príncipe y Sidi Embarek) nos trataban mejor aquí (en referencia a las naves del Tarajal)”, relata. La respuesta, según su testimonio, fue recordarles cuál debía ser su posición dentro del centro: “Tenéis que dar gracias a Dios por estar aquí. Os estamos haciendo un favor. Callaros, no queremos oíros”.
Los testimonios que llegan desde dentro de los centros contrastan con las expectativas con las que algunas jóvenes dicen haber entrado en los centros. Tras semanas de incertidumbre, esperaban comenzar a estudiar, regularizar su situación y dejar atrás la precariedad de los asentamientos informales. “Pensábamos que íbamos a estudiar”, cuenta una de las denunciantes. “No podemos aguantar porque esto va a más”, añade. 
También hay denuncias relacionadas con la atención médica. Una menor habla de compañeras enfermas que, según sostiene, no eran trasladadas al hospital y cita casos de jóvenes con problemas de salud que reclamaban asistencia sin obtenerla. 
La denuncia solicita ahora que las menores puedan declarar por separado y sin personal de los centros delante, que se protejan las imágenes de videovigilancia y las pruebas de posibles lesiones. Además, reclama que aquellas jóvenes que puedan encontrarse en riesgo sean protegidas y que se investigue a las personas concretamente señaladas en los testimonios. 
Mientras tanto, los testimonios dibujan una paradoja difícil de ignorar: las jóvenes llegaron a esos recursos porque, como menores sin familiares que pudieran hacerse cargo de ellas, necesitaban protección. Algunas cuentas ahora que fue precisamente allí donde comenzaron a tener miedo. Una de las denunciantes lo explica de otra forma. Cuando consiguió salir del centro, recordó que dentro quedaban muchas más. “Nos hemos fugado en nombre de todas ellas”, dijo. “No queremos salvarnos solas”.