Fiscalía investiga si peajes íntegros en AP-66 durante obras son legales tras denuncias
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La AP-66 se encuentra entre las autopistas de peaje más caras de España y esto ha generado quejas de miles de conductores debido a la obligación de abonar el importe completo mientras la vía sufre importantes restricciones por obras.
La Fiscalía de Asturias ha abierto una investigación preliminar para determinar si es legal que la concesionaria Aucalsa siga cobrando el peaje íntegro durante casi dos años de trabajos. La ruta, conocida como autopista del Huerna, une Asturias con León y actualmente cobra hasta 16,20 euros por trayecto completo.
La denuncia fue presentada el 3 de noviembre de 2025 por Daniel Ripa, exdiputado regional de Podemos que lidera la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna. La investigación se basa en un precedente establecido por el Tribunal Supremo el 17 de octubre de 2025 sobre la AP-9.
El caso de Audasa determinó que las concesionarias deben reducir los peajes cuando la congestión alcance niveles graves, a menos que se haya advertido claramente a los conductores con antelación. Ripa sostiene que este mismo criterio debe aplicarse a la AP-66 dado que tanto Audasa como Aucalsa pertenecen al grupo Itínere.
Los fiscales han solicitado dos veces documentos adicionales a Aucalsa tras recibir pruebas sobre retenciones de tráfico reconocidas por la DGT en enero. El caso pasó por varias oficinas antes de recaer en Asturias, donde se determinó que era la autoridad competente para investigar las prácticas de cobro.
La investigación podría habilitar una vía legal para que los usuarios reclamen el dinero abonado indebidamente durante el periodo de restricciones. La situación refleja un conflicto entre el cobro completo y las condiciones reales de uso por obras prolongadas.
Análisis editorial
La AP-66 se encuentra entre las autopistas de peaje más caras de España, cobrando hasta 16,20 euros por trayecto completo a pesar de que durante casi dos años la vía ha sufrido cierres parciales y desprendimientos severos. Esta situación ha desencadenado una investigación penal abierta por la Fiscalía de Asturias tras una denuncia presentada el 3 de noviembre de 2025, que cuestiona directamente la legalidad del cobro íntegro bajo condiciones de servicio degradado.
El caso se sustenta en un precedente judicial clave: el Tribunal Supremo dictaminó previamente que Audasa cobró ilegalmente peajes completos durante obras en Galicia, ordenando reembolsos a los usuarios afectados. Los fiscales han solicitado documentación adicional a la concesionaria Aucalsa tras recibir pruebas de retenciones reconocidas por la DGT, incluyendo incidentes críticos como un desprendimiento que cerró la carretera casi 12 horas y obras continuas desde el verano del año pasado.
La investigación amenaza con invalidar los cobros actuales y exponer a la empresa a reclamaciones masivas, mientras se debate si las condiciones operativas justifican descuentos automáticos o multas por falta de información adecuada. Paralelamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina la legalidad de la prórroga de la concesión hasta 2050, y colectivos como FADE han emprendido acciones legales propias ante la incertidumbre sobre la viabilidad financiera del modelo tarifario vigente.
Si se confirma que no existía una advertencia clara a los conductores o que las congestiones alcanzaron niveles críticos sin rebajas correspondientes, el fallo podría obligar a Aucalsa a reembolsar tarifas íntegras y forzar una revisión urgente de su contrato. La batalla legal entre el Gobierno regional y el Ministerio de Transportes se intensifica, dejando a miles de usuarios en la espera de un veredicto que podría redefinir las reglas del juego para todas las concesionarias de autopistas en España.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- La Fiscalía de Asturias investiga si es legal cobrar el peaje completo en la AP-66 durante dos años de obras y restricciones severas.
- Esta acción podría derivar en reclamaciones masivas por parte de los conductores afectados, generando un precedente legal similar al caso Audasa.
Evidencias
- La Fiscalía ha abierto diligencias penales tras una denuncia presentada el 3 de noviembre de 2025 por Daniel Ripa.
- Durante casi dos años, la autopista ha cobrado hasta 16, 20 euros por trayecto completo a pesar de cierres parciales y desprendimientos.
- Los fiscales han solicitado documentos adicionales a la concesionaria Aucalsa en dos ocasiones distintas durante el proceso.
Acciones
- Aucalsa debe preparar documentación detallada sobre las restricciones de tráfico para defenderse ante la solicitud de documentos adicionales.
- La plataforma ciudadana debe consolidar pruebas de retenciones reconocidas por la DGT para fortalecer la denuncia en curso.
Conclusión final
La investigación fiscal amenaza con invalidar los cobros actuales y forzar una revisión tarifaria inmediata si se confirma la ilegalidad del importe íntegro.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Posible ilegalidad en el cobro íntegro del peaje durante un periodo de dos años afectado por obras y restricciones severas.
- Riesgo de que la investigación fiscal habilite reclamaciones masivas para conductores que pagaron tarifas completas sin servicio garantizado.
- Incertidumbre sobre la viabilidad financiera del modelo tarifario actual ante la prórroga de la concesión hasta 2050 y condiciones operativas degradadas.
Acciones recomendadas
- Cooperar con la Fiscalía de Asturias proporcionando documentación detallada sobre las retenciones de tráfico reconocidas por la DGT.
- Revisar los contratos de concesión para evaluar si las condiciones actuales (obras y desprendimientos) justifican descuentos automáticos en la tarifa.
- Preparar un mecanismo de respuesta ante posibles reclamaciones masivas derivadas del resultado de la investigación preliminar.
Señales/evidencias
- La Fiscalía de Asturias ha abierto una investigación penal tras denuncia presentada el 3 de noviembre de 2025.
- Se registraron incidentes críticos como desprendimientos que cerraron carriles o la vía casi 12 horas, contradiciendo el servicio completo.
- La tarifa actual es de hasta 16, 20 euros por trayecto, la más alta de su historia, cobrándose íntegramente a pesar de las obras.
- El Tribunal Supremo dictaminó previamente que Audasa cobró ilegalmente peajes íntegros durante sus propias obras en Galicia.
Conclusión
La investigación fiscal sobre la AP-66 establece un precedente legal crítico que cuestiona la legalidad del cobro completo bajo condiciones de servicio degradado, exponiendo a la concesionaria a reclamaciones masivas y obligando a una revisión urgente del modelo tarifario vigente.
Autor · clanes
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