Fiscalía pide cinco años de cárcel a activistas climáticos por bloquear buque gasero en Sagunto

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Fecha original: 19 sep. 2026, 22:09
Fecha en Limonatic: 20 sep. 2026, 06:45

Once activistas climáticos de Greenpeace, procedentes de ocho países distintos, se enfrentan este 23 de septiembre a un juicio histórico tras bloquear durante doce horas la entrada de un buque gasero al puerto de Sagunto en 2021. La Fiscalía les solicita una pena máxima de cinco años de cárcel por desórdenes públicos agravados, petición que la organización interpreta como una clara criminalización de la protesta social.

Ernesto Baeza, uno de los procesados y consultor informático, asegura no arrepentirse de su acción, calificándola de poner 'nuestro granito de arena'. Sin embargo, reconoce que el caso se ha ido complicando con el paso del tiempo, pasando de una sensación de pertenencia a un movimiento global a la tensión de enfrentar acusaciones penales infladas por los agentes de policía en sus atestados.

La Fiscalía acusa a los activistas de desórdenes públicos agravados y solicita que sean encerrados cinco años. Baeza explica que, aunque colaboraron con las autoridades para evitar daños durante el bloqueo del buque Esperanza, la severidad de las penas les ha extrañado, especialmente considerando que sus compañeros internacionales no han entendido la gravedad de los hechos.

Este proceso judicial se enmarca en una tendencia global de represión contra el movimiento ambiental. Oscar Berglund, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Bristol y experto del think tank Carnegie Endowment for International Peace, señala que las fórmulas incluyen nuevas leyes antiprotesta, el uso torticero de legislación preexistente y la denigración del activismo.

Berglund advierte que en España y Alemania se aplican leyes originalmente pensadas para combatir el crimen organizado contra los grupos ambientalistas. Los activistas de Greenpeace denuncian que la Guardia Civil infla los hechos en sus atestados, lo que endurece los procesos penales y convierte a estos ciudadanos en víctimas de una estrategia combinada de actores estatales y corporativos.

La organización recuenta que solo desde 2020 hasta ahora, treinta activistas en España han sido envueltos en distintos procedimientos judiciales. Francisco del Pozo, veterano del activismo verde con doce años de experiencia, ha tenido que afrontar tres procesos este año por acciones de protesta.

Del Pozo recuerda que la acción de 2021 fue un 'bloqueo old school' donde colaboraron con las autoridades para detener el buque sin causar daños. A pesar de ello, la Guardia Civil abordó y detuvo al capitán del buque Esperanza, quien se jubilaba tras esa última acción.

El veterano activista confiesa que su familia y él estuvieron atemorizados a principios de año, pero intenta explicar que todo está 'muy hinchado'. Sin embargo, reconoce que vivir con la amenaza de una sentencia es como tener una espada de Damocles sobre sus cabezas.

Del Pozo expresa el deseo de que una sentencia favorable ayude a los activistas del futuro. Es fundamental para él que un juez deje clara la exageración policial en este caso, ya que esto servirá para evitar que el futuro activismo sufra este calvario y permita que las protestas no sean criminalizadas.

El contexto incluye también acusaciones contra otros grupos como Futuro Vegetal por organización criminal debido a tácticas simbólicas extremas. Esta situación sugiere una coordinación internacional significativa en la estrategia de desobediencia civil climática, pero también un endurecimiento de las medidas legales contra quienes buscan visibilizar la crisis ambiental.

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Análisis editorial

Once activistas de Greenpeace de ocho países distintos se enfrentan este 23 de septiembre a una petición fiscal de cinco años de prisión tras bloquear durante 12 horas la entrada de un buque gasero al puerto de Sagunto en 2021. Lo que comenzó como una acción de protesta pacífica ha derivado en lo que la organización y sus participantes califican como una criminalización sistemática, donde el delito imputado es de desórdenes públicos agravados con penas desproporcionadas para un bloqueo no violento.

La tensión del caso se agrava por la percepción de que los hechos han sido "engordados" con el paso del tiempo, transformando una intervención colaborativa sin daños en un proceso penal severo. Ernesto Baeza, uno de los procesados, declaró que no hizo nada malo y afirmó que probablemente volvería a realizar la acción si fuera necesario, mientras que Francisco del Pozo, veterano del movimiento, confesó que después de 12 años de protesta esto asusta y genera un clima de nerviosismo. Greenpeace reporta que desde 2020 hasta el momento del artículo, treinta activistas en España han sido involucrados en procedimientos legales similares, evidenciando una tendencia creciente a escalar penalmente la disidencia ambiental.

Expertos como Oscar Berglund identifican fórmulas de criminalización que incluyen nuevas leyes antiprotesta y el uso torticero de legislación preexistente para combatir grupos ambientalistas, un fenómeno que preocupa incluso al relator de la ONU para los Derechos Humanos. Los activistas denuncian que los agentes de policía inflan los hechos en sus atestados, lo que endurece los procesos penales y convierte a figuras como el Partido Popular en actores que recuperan estrategias de burla hacia las olas de calor de este 2026. Esta combinación de presión policial, denigración del movimiento y aplicación hostil de la ley genera un precedente que podría disuadir futuras acciones colectivas por el clima en España.

El cierre de este juicio histórico no debe ser solo una sentencia para los once presentes, sino una oportunidad para establecer jurisprudencia que proteja al futuro activismo. Francisco del Pozo ha expresado su deseo de que una sentencia favorable deje clara la exageración policial y sirva para que en el futuro no sufran este calvario. La comunidad internacional observa con preocupación cómo las acciones necesarias para poner nuestro granito de arena se convierten en un mecanismo de represión extendido, donde la defensa del planeta choca frontalmente con una maquinaria judicial diseñada para silenciar la protesta social.

Contexto y análisis adicional

Digest

Resumen ejecutivo

Once activistas de Greenpeace enfrentan una petición fiscal de cinco años de prisión por bloquear un buque gasero durante 12 horas en Sagunto.
La Fiscalía acusa a los manifestantes de desórdenes públicos agravados, lo que la organización interpreta como una estrategia para criminalizar la protesta ambiental.

Evidencias

Los procesados son ciudadanos de ocho países distintos que negaron arrepentimiento y sostienen que su acción fue necesaria.
El consultor informático Ernesto Baeza, uno de los acusados, declaró que no hizo nada malo y probablemente volvería a realizar la acción si fuera necesario.
Greenpeace reporta que desde 2020 hasta el momento del artículo, treinta activistas en España han sido involucrados en procedimientos legales similares.

Acciones

Monitorear si esta petición de cinco años se convierte en una sentencia firme para evaluar su impacto como precedente legal.

Conclusión final

La severidad de las penas solicitadas contrasta con la naturaleza no violenta de la protesta, generando un precedente que podría disuadir futuras acciones colectivas por el clima en España.

Riesgos

Riesgos/alertas

Solicitud fiscal de penas privativas de libertad de cinco años por desórdenes públicos agravados tras un bloqueo pacífico de 12 horas.
Criminalización de la protesta social mediante acusaciones penales desproporcionadas y el engrosamiento del caso con el paso del tiempo.

Acciones recomendadas

Documentar las acusaciones penales contra activistas climáticos para identificar patrones de criminalización sistemática.
Evaluar la proporcionalidad entre la acción de protesta y la pena solicitada en el marco legal vigente.
Analizar si se está aplicando legislación preexistente de manera torticera o creando jurisprudencia hostil a la disidencia ambiental.

Señales/evidencias

Once activistas de Greenpeace enfrentan una petición de cinco años de cárcel tras bloquear un buque gasero en Sagunto durante 12 horas.
La Fiscalía acusa a los procesados de desórdenes públicos agravados y solicita penas que la organización considera una criminalización.
Uno de los activistas, Ernesto Baeza, afirma no arrepentirse y considera que el caso se ha 'engordado' con el tiempo.
Greenpeace reporta que desde 2020 hasta 30 activistas en España han sido involucrados en procedimientos penales relacionados con la protesta climática.
Expertos como Oscar Berglund identifican fórmulas de criminalización que incluyen nuevas leyes antiprotesta, uso torticero de legislación y denigración del movimiento.

Conclusión

El caso de los activistas de Greenpeace en Sagunto ejemplifica una tendencia creciente a la criminalización de la protesta climática, donde acciones de bloqueo pacífico son escaladas penalmente hasta solicitar penas severas desproporcionadas, lo que genera un clima de represión y nerviosismo entre los participantes.

Autor · clanes

alberto Clanes (2)

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