Gobierno de Ayuso firmó pacto secreto de diez años antes de comprar el ático por 6,3 millones
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El expediente de la operación de Planifica Madrid ha desvelado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso exigió un acuerdo de confidencialidad con una vigencia de diez años hasta febrero de 2036, dos meses antes de la publicación oficial del documento y antes incluso de la visita al inmueble. Este cláusula se firmó el pasado 3 de febrero de 2026, lo que contradice las afirmaciones previas del Gobierno sobre transparencia en la gestión pública.
El acuerdo establece condiciones para revelar información propietaria entre las partes, con el propósito de garantizar niveles rigurosos de confianza y permitir al comprador analizar el inmueble antes de realizar una oferta económica. El texto especifica que Planifica Madrid se compromete a utilizar exclusivamente dicha información para formular su propuesta de adquisición del piso noveno o segundo ático derecha ubicado en Paseo del General Martínez Campos número 35.
La transacción finalizó dos meses después, en abril, cuando la empresa pública adquirió el inmueble por un valor de 6,3 millones de euros. El documento deja claro que las partes se encuentran en un proceso de negociación para la venta del inmueble y que el procedimiento regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distribuida entre ambas entidades.
El acuerdo incluye un carácter recíproco que obliga a ambos a mantener la más estricta confidencialidad respecto a los datos suministrados, prohibiendo su reproducción o divulgación sin autorización escrita expresa. En caso de fracaso o cancelación de la negociación, se mantienen las obligaciones de confidencialidad y la prohibición de uso de la información por parte de la inmobiliaria Promotora, lo que podría limitar una auditoría pública completa de los términos financieros y técnicos de la operación.
Análisis editorial
El expediente de Planifica Madrid desvela que el Gobierno regional firmó un acuerdo de confidencialidad con vigencia hasta 2036 antes de visitar el inmueble, priorizando la protección de datos sobre la verificación física. Esta documentación contradice dos meses de declaraciones oficiales del Ejecutivo, revelando una narrativa pública desfasada respecto a la realidad contractual y exponiendo una estrategia de blindaje informativo que precedió a la inspección del bien.
El acuerdo se firmó el 3 de febrero de 2026 con una vigencia de diez años hasta el 3 de febrero de 2036, exigiéndose al vendedor con carácter previo a la visita del piso, incluso antes de que finalizara la negociación. El proceso de compra se concretó dos meses después, en abril, por un valor de 6,3 millones de euros, mientras que el texto del contrato aclara que las partes aún se encontraban en un proceso de negociación para la venta del inmueble ubicado en el Paseo del General Martínez Campos número 35.
La cláusula establece indemnizaciones económicas iguales al valor de la información y de la ejecución de las compraventas en caso de incumplimiento, incluyendo daños directos o indirectos y lucro cesante. Aunque el documento niega que constituya un compromiso de realizar la transacción, obliga a ambas partes a mantener la más estricta confidencialidad respecto a los datos suministrados por la agencia inmobiliaria Promotora, prohibiendo su divulgación sin autorización escrita expresa.
La evidencia documental expone una estrategia de blindaje informativo por parte del Gobierno regional que contradice la cronología oficial y genera dudas sobre la transparencia del proceso de adquisición. La publicación de estos papeles desmonta dos meses de mentiras del Gobierno de Ayuso, demostrando que las condiciones bajo las cuales se reveló cierta información confidencial fueron establecidas antes de cualquier verificación física o negociación formal.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El expediente de Planifica Madrid confirma que el Gobierno regional firmó un acuerdo de confidencialidad con vigencia hasta 2036 antes de visitar el inmueble, priorizando la protección de datos sobre la verificación física.
- La publicación de estos documentos contradice dos meses de declaraciones oficiales del Ejecutivo, revelando una narrativa pública desfasada respecto a la realidad contractual.
Evidencias
- El acuerdo se firmó el 3 de febrero de 2026 con una vigencia de diez años hasta el 3 de febrero de 2036.
- La cláusula se exigió al vendedor con carácter previo a la visita del piso, incluso antes de que finalizara la negociación.
- El proceso de compra se concretó dos meses después, en abril, por un valor de 6, 3 millones de euros.
Acciones
- Solicitar al Gobierno regional un desglose cronológico detallado que justifique la necesidad de firmar el NDA antes de cualquier visita física o negociación formal.
Conclusión final
La evidencia documental expone una estrategia de blindaje informativo por parte del Gobierno regional que precedió a la inspección del bien, contradiciendo la cronología oficial y generando dudas sobre la transparencia del proceso de adquisición.
Riesgos
Riesgos/alertas
Acciones recomendadas
Señales/evidencias
- “Las partes convienen que, en caso de que cualquiera de ellas incumpla, total o parcialmente, las obligaciones derivadas del presente acuerdo, será responsable de los daños y perjuicio, directos o indirectos, que dicho incumplimiento ocasionase a la otra parte, incluido el lucro cesante”, expone.
- La compra tuvo lugar dos meses después, en abril, por 6, 3 millones de euros.
Conclusión
No se identifican alertas deducibles con suficiente soporte en el texto disponible.
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