Gobierno ignora mandato constitucional y erosiona control fiscal tras una legislatura
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido sistemáticamente el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado, una práctica que se repite anualmente y que ya no es un hecho aislado. La Constitución Española establece en su artículo 134.3 que los Presupuestos deben presentarse al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores, lo cual no ha ocurrido bajo el mandato actual.
Este incumplimiento se considera una costumbre política que implica violar tanto la normativa vigente como un mandato constitucional explícito. Desde que gobierna Pedro Sánchez este plazo no se ha respetado ni una sola vez, a diferencia de periodos anteriores donde los retrasos coincidían con citas electorales o interinidad política.
La estrategia del Gobierno ha despertado dudas de legalidad y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha terminado elevando la cuestión al Tribunal Constitucional en forma de conflicto de atribuciones. A la espera de conocer si el Tribunal Constitucional considera ajustada a los principios de la Carta Magna la forma de manejarse del Gobierno, lo que es constatable es que el Ejecutivo ha desarrollado una estrategia de demolición de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2012.
El proceso de flexibilización arrancó casi desde el primer momento. Con unos presupuestos heredados del PP y sin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unos nuevos en 2019, el Gobierno se dedicó a desmontar los cortafuegos levantados por Montoro y Salgado para impedir los traspasos de créditos entre partidas diferentes.
El gran terremoto llegó con la pandemia en 2020. Tras episodios críticos iniciales, se optó por arramblar con las cortapisas y permitir las transferencias de recursos desde unas partidas a otras para atender las necesidades que se pusieron de manifiesto en aquellos meses.
El resultado permitió ampliar en 76.000 millones las disponibilidades presupuestarias de ese ejercicio y abrió una serie de compuertas que el Gobierno ha aprovechado posteriormente para mover sin problema alguno partidas de un lugar a otro de los presupuestos.
Desde 2018 el Gobierno se ha dedicado a derogar las cautelas y cortafuegos instaurados durante los años de los ajustes. Por el camino ha retocado la normativa presupuestaria para flexibilizar los casos previstos en la ley no solo para traspasar créditos presupuestarios, sino también para ampliar y modificar créditos con más libertad.
Análisis editorial
Un año más ha pasado el 30 de septiembre sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llevado a las Cortes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, consolidando una costumbre que implica el incumplimiento sistemático de la normativa y un mandato constitucional. La Constitución Española (artículo 134.3) exige presentar los presupuestos al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, es decir, antes del 1 de octubre, plazo que nunca se ha respetado desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.
Esta práctica deliberada erosiona la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2012 y debilita las cuentas públicas. Desde 2018, el Ejecutivo ha desmontado sistemáticamente los cortafuegos presupuestarios para permitir transferencias de partidas sin restricciones, una estrategia que se intensificó tras la pandemia de 2020 al ampliar en 76.000 millones las disponibilidades y abrir compuertas para mover recursos libremente.
El Grupo Parlamentario Popular ha elevado el caso al Tribunal Constitucional mediante un conflicto de atribuciones para revisar la legalidad de esta estrategia, que ha derivado en una erosión institucional tal que los Presupuestos ya no funcionan como clave de bóveda de la política económica. La omisión reiterada genera incertidumbre legal y debilita los objetivos de estabilidad fiscal.
La resolución del Tribunal Constitucional determinará si la estrategia actual viola principios de la Carta Magna, pero lo cierto es que el Gobierno ha operado toda una legislatura imputando gastos sin aprobar un solo Presupuesto. Esta situación no solo socava las normas vigentes, sino que abre la puerta a un futuro donde la gestión fiscal carece de rigor y control.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El Gobierno de Pedro Sánchez incumple sistemáticamente el mandato constitucional al no presentar los Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre.
- Esta práctica, consolidada como una costumbre durante toda la legislatura actual, erosiona la Ley de Estabilidad Presupuestaria y debilita las cuentas públicas.
Evidencias
- El proyecto de Presupuestos Generales del Estado no se ha presentado en el Congreso antes del 30 de septiembre ni el 1 de octubre durante todo el mandato actual.
- La Constitución Española (artículo 134.3) exige la presentación al menos tres meses antes de que expiren los presupuestos del año anterior, plazo que nunca se ha respetado desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.
- El Grupo Parlamentario Popular ha elevado el caso al Tribunal Constitucional mediante un conflicto de atribuciones para revisar la legalidad de esta estrategia.
- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió que la institución presupuestaria se ha erosionado tanto que ya no funciona como clave de bóveda de la política económica.
Acciones
- El Tribunal Constitucional debe resolver pronto el conflicto de atribuciones para determinar si la estrategia presupuestaria actual viola principios de la Carta Magna.
- Las instituciones de control fiscal deben evaluar el impacto real de operar sin un presupuesto aprobado en la gestión del gasto público.
- Los grupos parlamentarios deben mantener la presión legal y política ante la falta de rigor presupuestario que afecta a los objetivos de estabilidad.
Conclusión final
El artículo confirma un patrón de incumplimiento constitucional y legal por parte del Ejecutivo, caracterizado por el retraso deliberado en la presentación de los presupuestos y la consecuente erosión de las normas de estabilidad fiscal.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Violación sistemática del mandato constitucional (artículo 134.3) por retraso en la presentación de Presupuestos Generales del Estado.
- Erosión institucional de los Presupuestos Generales del Estado, perdiendo su función como clave de bóveda de la política económica.
- Riesgo legal derivado de una estrategia gubernamental que debilita la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente.
Acciones recomendadas
- Escalar el conflicto a la vía judicial mediante un recurso al Tribunal Constitucional para determinar la constitucionalidad del retraso.
- Solicitar informe urgente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el estado de la normativa presupuestaria.
- Iniciar procedimiento parlamentario para exigir la presentación inmediata de los Presupuestos o declarar la situación de ilegalidad.
Señales/evidencias
- El Gobierno no ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes del 30 de septiembre durante toda su legislatura.
- La Constitución Española exige presentar los Presupuestos al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior (plazo límite: 1 de octubre).
- Se ha elevado un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
- El Ejecutivo ha imputado gastos a políticas públicas sin aprobar ningún Presupuesto del Estado durante la legislatura completa.
Conclusión
La omisión reiterada y sistemática de presentar los Presupuestos Generales del Estado en plazo constituye una violación directa de la Constitución que erosiona el marco fiscal, genera incertidumbre legal y ha derivado en un conflicto judicial pendiente ante el Tribunal Constitucional.
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