Isabel Perelló advierte que las acusaciones políticas contra jueces debilitan la confianza ciudadana

La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, no ha ignorado durante su discurso ante el rey en la apertura del año judicial, al elefante en la habitación. En presencia del ministro Félix Bolaños, se ha mostrado muy dura respecto a las acusaciones de lawfare permanente y crecientes lanzadas desde el Gobierno y ha destacado su extraordinaria "gravedad".

Gravedad por el contenido y también por quienes las pronuncian. Perelló ha recordado que "las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no jurídicas "es una imputación de extraordinaria gravedad, ya que incluso puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.

También ha señalado que cuando la crítica se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez, sino a toda la función jurisdiccional. Debilita, con ello, la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Si las críticas proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, "la gravedad es mayor", ha lanzado. "No es admisible", ha agregado, añadiendo que puede convertirse en un elemento de "presión".

La presidenta del Poder Judicial ha señalado que las resoluciones judiciales pueden ser criticadas y que el debate público es un síntoma de una buena salud democrática; no obstante, ha destacado que estas críticas "no pueden convertirse en la atribución a los jueces y juezas de un propósito político". En consecuencia, ha defendido que "la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías".

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La apertura se ha producido en uno de los momentos más delicados de una relación entre el poder ejecutivo y judicial que lleva siendo tortuosa desde el inicio de la legislatura. Cada nueva causa o decisión de los tribunales se interpreta desde el Gobierno como un ataque personal, una estrategia para desgastar a Pedro Sánchez y echarle de Moncloa.

Esa lectura no es nueva pero sí es cada vez más transversal. Ya no solo se trata de criticar las causas que afectan de forma directa al PSOE o al presidente del Gobierno. También cualquier otra que ponga en duda su relato. Ha sucedido, por ejemplo, con el caso centrado en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio en la que la Policía y la magistrada María Tardón no comparten la versión oficial de Moncloa que, desde un inicio, ha desligado a Marruecos de la avalancha.

También con el reciente fallo de la Sala Tercera del Supremo respecto a la ley denominada de nietos. La medida cautelar que deja fuera del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los descendientes de españoles en el extranjero que no demuestren que son hijos, nietos o bisnietos de exiliados represaliados. Todo el Ejecutivo ha salido en tromba contra los magistrados y criticado que se impida votar a personas que ya han obtenido la nacionalidad.

Perelló ha recordado la importancia de la independencia judicial en varios puntos de su discurso. "Nuestra independencia, la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo".

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Una independencia que también se ha comprometido a preservar a la hora de dirigir los nombramientos de jueces y magistrados que deben ser cubiertos por el Consejo General del Poder Judicial. La presidenta del órgano de gobierno de los jueces ha prometido "trabajar por alcanzar los más amplios consensos", una ardua tarea ante las inminentes negociaciones para el nombramiento de varias plazas en las salas clave del Tribunal Supremo.

La presidenta del alto tribunal también ha hecho alusión a los retos a los que se han enfrentado los juzgados ante la aplicación de la ley de eficiencia impulsada por Félix Bolaños. Perelló ha aprovechado su discurso para pedir más medios personales y materiales suficientes, "para que jueces y magistrados puedan desarrollar su trabajo sin sobrecargas y en condiciones dignas y de salud, porque solo así conseguiremos ofrecer una respuesta en tiempo a los millones de ciudadanos que cada año acuden a los tribunales".

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Ha manifestado que desde la puesta en marcha de los tribunales de instancia "está generando algunas dificultades que es necesario atajar". Destaca los avisos del CGPJ por la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; a la reducción generalizada de personal que esta transformación ha conllevado; y a la pérdida de contacto del juez con la oficina judicial".

Por último, la presidenta ha hecho alusión a la crisis de Ceuta, destacando la labor de los jueces y magistrados de la ciudad autónoma. "La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento", ha destacado.
Peramato, perfil bajo
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por su parte optó por un perfil técnico y bajo en su estreno en este acto, al que acude por primera vez desde que asumió el cargo. Su postura crítica con la sentencia del Supremo contra su antecesor Álvaro García Ortiz, había provocado malestar en el mismo Supremo donde se celebra la apertura. La fiscal no fue al choque, aunque no pudo resistir la tentación de defender la decisión de su equipo de permitir que su antecesor permanezca en la carrera en la Memoria de la Fiscalía 2025.

Hizo, además, alusión a una de las peticiones históricas del Ministerio Público y una de las apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez: la posibilidad de que los fiscales instruyan las causas penales. Eso sí, recordó la necesidad de tener una mayor autonomía y de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Peramato defendió que la reforma del Estatuto "constituye un importante paso adelante y una apuesta valiente", en concreto, ante la propuesta de desvincular el mandato del máximo representante del Ministerio Público de la duración del Gobierno que la nombró y porque atribuye a la Junta de Fiscales de Sala la "capacidad de veto respecto de determinadas decisiones del Fiscal o la Fiscal General".

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La fiscal general valora en positivo esta iniciativa pero considera preciso dotar al Ministerio Público de más autonomía, con la que " incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia". Un punto importante para el equipo de Peramato tras llegar al cargo después de la condena a su antecesor. Mencionó, además, la lucha contra la corrupción, una prioridad -dijo- estratégica.

Peramato no quiso olvidar la situación en Ceuta. Destacó la labor de los y las fiscales de la ciudad autónoma, "cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas". En concreto, la Peramato ha hecho una especial mención a los niños, niñas y adolescentes, "especialmente vulnerables en contextos como el actual".