Juez anula 200 inmuebles del ayuntamiento y ordena pagar costas al consistorio
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Tres sentencias judiciales no definitivas han reconocido la propiedad de nueve vecinos sobre fincas y casas en el municipio de Monterde (Zaragoza), anulando las inscripciones registrales practicadas por el Ayuntamiento a su propio nombre. El Tribunal de Instancia de Calatayud, presidido por el juez Álvaro Sáez Sanz, ha desestimado los argumentos del Consistorio y confirmado la titularidad privada de los inmuebles.
El conflicto se originó hace tres años cuando la familia de Marcelina Ramón descubrió que su vivienda figuraba inscrita a nombre del Ayuntamiento al tramitar una herencia. La investigación posterior reveló que el Consistorio había inmatriculado más de 200 fincas, incluyendo viviendas y campos, sin que los propietarios reales fueran notificados adecuadamente.
El alcalde José Gracia (PP) justificaba las inscripciones sosteniendo que las tierras formaban parte de los Montes de Utilidad Pública. Sin embargo, el tribunal desmontó esta tesis al confirmar que un catálogo de 1928 incluía inicialmente estas fincas en dicha categoría, pero una rectificación de 1968 las excluyó expresamente de sus límites.
Como consecuencia de estos fallos, el Ayuntamiento deberá asumir todas las costas procesales, incluidas las generadas por la comparecencia forzosa del Gobierno de Aragón. Además, un juez ha ordenado la apertura de un juicio oral contra el alcalde por presunta prevaricación administrativa relacionada con el registro masivo de tierras.
Los vecinos afectados se han organizado en una asociación y han realizado concentraciones en Monterde, Calatayud y Zaragoza para reclamar la intervención del Gobierno de Aragón. Hasta ahora, sus peticiones no han obtenido respuesta oficial ante la Dirección General de Administración Local.
Análisis editorial
Tres sentencias del Tribunal de Instancia de Calatayud han desmantelado la estrategia legal del alcalde José Gracia (PP) al reconocer a nueve vecinos como propietarios legítimos y anular las inscripciones registrales que el Ayuntamiento había practicado en su propio nombre. El fallo judicial, que no es definitivo pero marca un precedente claro, establece que las fincas litigiosas se encuentran fuera de los Montes de Utilidad Pública, ordenando al Consistorio asumir todas las costas del proceso, incluidas las generadas por la comparecencia forzosa del Gobierno de Aragón.
El conflicto estalló en 2023 cuando una familia descubrió que su vivienda figuraba inscrita a nombre del municipio tras tramitar una herencia, revelando un patrón de inmatriculación masiva de más de 200 inmuebles sin notificar a los dueños reales. La defensa municipal se basó en un catálogo de 1928, pero el juez desmontó esta tesis citando una rectificación administrativa de 1968 que excluyó expresamente las “propiedades particulares en la vega del río Piedra”, demostrando que la administración forestal había fijado los límites hace cinco décadas.
La sentencia subraya que desde esa fecha, todos y cada uno de los informes oficiales han mantenido que dichas fincas están fuera del MUP, haciendo improbable cualquier inclusión futura mediante deslinde. El tribunal concluye que la posesión ha sido pública e ininterrumpida desde principios del siglo XX, permitiendo declarar el dominio por prescripción adquisitiva conforme al artículo 1959 del Código Civil, lo que invalida cualquier pretensión de dominio público sobre estos bienes particulares.
Este triunfo judicial expone una maniobra procesal donde el Ayuntamiento forzó la intervención de la administración autonómica a sabiendas de que las fincas no pertenecían al monte público
Contexto y análisis adicional
Riesgos
Riesgos/alertas
Acciones recomendadas
Señales/evidencias
- Tres sentencias, que no son definitivas, reconocen a nueve vecinos como propietarios de las fincas y casas y consideran que las fincas están fuera de los Montes de Utilidad Pública.
- El Ayuntamiento deberá asumir las costas, incluidas las del Gobierno de Aragón El juez dicta la apertura de un juicio oral contra el alcalde de Monterde por presunta prevaricación administrativa El Tribunal de Instancia de Calatayud ha tumbado tres inscripciones que el Ayuntamiento había practicado a su propio nombre, condena al Consistorio a pagar todas las
- En tres sentencias con idéntica fundamentación, el togado anula las inscripciones registrales practicadas por el Consistorio en el Registro de la Propiedad de Ateca, reconoce a los demandantes como propietarios legítimos de sus casas y tierras y condena al Ayuntamiento a abonar todas las costas del proceso, incluidas las generadas por la comparecencia forzos
Conclusión
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