Juez ordena bloquear fondos en Portugal e Irlanda por fraude de hidrocarburos
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El juez Santiago Pedraz ha activado órdenes europeas de investigación hacia Portugal e Irlanda para rastrear cuentas y operaciones vinculadas a Víctor de Aldama en el caso de fraude hidrocarburos que investiga la UCO. Esta medida busca ampliar la búsqueda internacional sobre una trama que involucra un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros.
La fiscalía solicita bloquear cuentas de empresas portuguesas como E.F. Iber Combustiveis, fundada por Claudio Rivas y administrada por Pedro Antonio Marín Alba, para esclarecer flujos financieros opacos. El oficio cifra en más de 78 millones los movimientos detectados hacia el país vecino y alerta sobre operaciones con criptomonedas y transferencias a China.
La investigación se centra en la supuesta operativa internacional de lavado de ganancias donde también están implicados Claudio Rivas y la empresa Villafuel. Según fuentes de la defensa, esta mercantil aportará toda la contabilidad de su filial portuguesa para aclarar el destino de 14 millones de euros que están bajo sospecha en la causa.
El juez ya solicitó en 2024 el bloqueo de fondos depositados en Portugal sin respuesta oficial de las autoridades lusas. La UCO reclama nuevamente que se bloqueen los fondos de cuentas de 14 empresas, tres administradas por Aldama y otras dos por su socio, mientras se rastrean salidas hacia Dublín y Hong Kong para deslocalizar ingresos.
Análisis editorial
El juez Santiago Pedraz ha activado órdenes europeas de investigación hacia Portugal e Irlanda para rastrear cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama en la causa por un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos. Esta expansión judicial marca el inicio de una fase crítica donde las autoridades buscan desvelar estructuras societarias opacas y bloquear recursos antes de que se disipen.
La investigación se centra en obtener información sobre nuevas cuentas, flujos financieros opacos y la totalidad de los extractos de la mercantil E. F. Iber Combustiveis, fundada por Claudio Rivas y administrada por Pedro Antonio Marín Alba. Se han detectado flujos superiores a 78 millones hacia Portugal y operaciones con criptomonedas que apuntan a una maraña de movimientos bancarios para lavar ganancias.
El riesgo principal radica en la falta de confirmación del bloqueo previo de fondos solicitados en 2024, dejando expuestos más de 14 millones de euros bajo sospecha. Las autoridades portuguesas no han informado si bloquearon los fondos, y se detectan salidas de 56.525.664,74 euros a Portugal y transferencias a China que complican el seguimiento.
Es imperativo ejecutar las órdenes europeas para obtener extractos completos y localizar nuevas cuentas, así como solicitar nuevamente el bloqueo inmediato de fondos en al menos 14 empresas vinculadas. La investigación debe profundizar en la operativa internacional de lavado que involucra transferencias a China y movimientos con criptomonedas para evitar la pérdida de activos.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El juez Santiago Pedraz ha activado órdenes europeas de investigación hacia Portugal e Irlanda para rastrear cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama.
- La investigación judicial se centra en obtener información sobre nuevas cuentas, flujos financieros opacos y la totalidad de los extractos de la empresa E. F. Iber Combustiveis.
Evidencias
- Se ha identificado a Claudio Rivas como fundador y a Pedro Antonio Marín Alba como administrador de la mercantil portuguesa objeto de investigación.
- El caso judicial investiga un presunto fraude en el sector hidrocarburos con una cuantía mínima de 182, 5 millones de euros.
- La UCO solicita al juez medidas para bloquear cuentas de empresas portuguesas relacionadas con Aldama y su socio en el caso.
Acciones
- Solicitar formalmente a las autoridades portuguesas la confirmación del bloqueo de fondos depositados en cuentas de las 14 empresas investigadas.
- Requerir la declaración del equipo legal y de cumplimiento de Villafuel SL para verificar el funcionamiento de sus protocolos anticorrupción.
- Analizar los movimientos bancarios detectados hacia China y las operaciones con criptomonedas como parte prioritaria de la investigación.
Conclusión final
La expansión de la investigación a Portugal e Irlanda mediante órdenes europeas indica que las autoridades judiciales están profundizando en el rastreo de activos y estructuras societarias opacas vinculadas al fraude hidrocarburos, buscando bloquear recursos y desvelar flujos financieros críticos.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Desplazamiento de activos financieros hacia jurisdicciones extranjeras (Portugal e Irlanda) para evadir el control judicial.
- Utilización de flujos opacos y criptomonedas para lavar ganancias derivadas del presunto fraude en hidrocarburos.
- Riesgo de disipación de recursos por falta de bloqueo efectivo de cuentas bancarias en el extranjero.
Acciones recomendadas
- Ejecutar órdenes europeas de investigación hacia Portugal e Irlanda para obtener extractos completos y localizar nuevas cuentas.
- Solicitar nuevamente a las autoridades portuguesas el bloqueo inmediato de fondos en al menos 14 empresas vinculadas, incluyendo tres administradas por Aldama.
- Investigar la operativa internacional de lavado que involucra transferencias a China y movimientos con criptomonedas.
Señales/evidencias
- El juez Santiago Pedraz ha expedido órdenes europeas para rastrear cuentas vinculadas a Víctor de Aldama en Portugal e Irlanda.
- Se detectaron flujos financieros superiores a los 78 millones de euros hacia Portugal y operaciones con criptomonedas.
- La empresa E. F. Iber Combustiveis, fundada por Claudio Rivas y administrada por Pedro Antonio Marín Alba, presenta movimientos opacos que requieren auditoría completa.
- Las autoridades portuguesas no han confirmado el bloqueo previo de fondos solicitados en 2024, dejando expuestos más de 14 millones de euros bajo sospecha.
Conclusión
La expansión de la investigación a Portugal e Irlanda confirma que los activos del caso fraude de hidrocarburos se están gestionando internacionalmente; es imperativo ejecutar las órdenes europeas y reactivar el bloqueo de cuentas para evitar la disipación de más de 78 millones de euros detectados.
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