Jueza exige alternativas reales a EMVS tras desahucio de anciana en Madrid

Resumen ejecutivo

• Un juzgado de Madrid ha ordenado paralizar hasta ocho desalojos de familias vulnerables en viviendas del EMVS, citando como precedente la rapidez administrativa mostrada por el Ayuntamiento en el caso de Maricarmen.
• La magistrada exige garantizar alternativas habitacionales reales y medidas precautorias suficientes antes de proceder, rechazando soluciones limitadas a asistencia ambulatoria.

Evidencias

• Un juzgado ha paralizado hasta ocho desalojos tras considerar un hecho notorio la agilidad del Ayuntamiento en el caso de Maricarmen.
• La magistrada exige que se informen las medidas precautorias adecuadas y suficientes para los ocupantes antes de autorizar cualquier desalojo.
• El Ayuntamiento ofrece pisos de particulares con condiciones de pago hasta el 40% de los ingresos netos, lo cual la jueza considera insuficiente frente a la situación de especial vulnerabilidad.
• La magistrada rechaza explícitamente que las soluciones se limiten a la asistencia ambulatoria en la calle a través del Samur Social.

Acciones

• El Ayuntamiento debe elaborar e informar sobre un plan concreto de alternativas habitacionales reales antes de solicitar la autorización judicial para nuevos desalojos.
• La administración municipal debe diseñar medidas precautorias específicas que superen la mera asistencia ambulatoria para mitigar el impacto en familias vulnerables.
• Se requiere una evaluación interna urgente de la capacidad del EMVS para ofrecer soluciones viables, dado que la escasez actual (diez viviendas) y los altos costes privados impiden alternativas inmediatas.

Conclusión final

La intervención judicial obliga al Ayuntamiento a demostrar que ha adoptado medidas proporcionadas y suficientes para proteger el derecho al hábitat, forzando una revisión de su estrategia actual basada en soluciones precarias.