Jueza investiga filtración de petición de prisión del Gobierno antes de notificarla al abogado

La magistrada de Jaca investiga cómo se filtró la petición de prisión provisional del Ejecutivo autonómico en el portal 'Aragón Hoy' antes de que fuera notificada formalmente al letrado del acusado
La jueza de Jaca da un revés al Gobierno de Azcón y mantiene en libertad al investigado por el incendio de Riglos
La jueza que investiga el incendio de Las Peñas de Riglos ha abierto una investigación específica para esclarecer si el Gobierno de Aragón vulneró la confidencialidad de las actuaciones judiciales al difundir públicamente el contenido de su petición de prisión contra el investigado antes de que su defensa tuviera acceso al escrito. La defensa pide que se determine quién autorizó la publicación, quién tuvo acceso al documento judicial y cómo llegó su contenido a los medios de comunicación.
La decisión del Tribunal de Instancia de Jaca pone bajo la lupa la actuación de la Administración autonómica en la causa por uno de los incendios más graves registrados este verano en Aragón. El 3 de septiembre, el Gobierno de Aragón anunció en su portal oficial que había solicitado prisión provisional para el investigado y difundió también los argumentos empleados por sus Servicios Jurídicos para justificarla, entre ellos el riesgo de fuga, la falta de arraigo en Aragón y el traslado del acusado a la Comunidad Valenciana.
El problema que ha llegado ahora al juzgado es que, según denuncia la defensa, cuando esos datos ya eran públicos su abogado todavía no había recibido el escrito judicial que contenía la petición de prisión, tal y como ha adelantado el Heraldo de Aragón. La opinión pública y los medios conocieron así el contenido esencial de una actuación procesal antes que la propia representación del investigado, que asegura que aún no había recibido ninguna notificación ni traslado del documento.
La magistrada Silvia Martín Jiménez acordó el 14 de septiembre abrir una pieza separada para esclarecer precisamente esas circunstancias. Su resolución trata de averiguar cómo se produjo “la divulgación pública del contenido del escrito” mediante el que el Gobierno de Aragón había solicitado la prisión provisional.
Según la defensa, cuando la información ya circulaba públicamente y había sido recogida por varios medios, su abogado todavía no había recibido el escrito ni había tenido acceso formal a sus argumentos. La representación del investigado insiste en que no cuestiona el derecho de los medios a informar sobre el caso. Lo que se plantea es el origen de esa información y, en particular, si una Administración personada en un procedimiento penal “puede divulgar públicamente el contenido concreto de sus actuaciones procesales incorporadas a la causa antes incluso de que la parte directamente afectada haya recibido traslado de las mismas”: “Se hizo público que se estaba solicitando el ingreso en prisión de mi mandante, se divulgaron los argumentos utilizados para fundamentarlo y se difundieron datos relativos a su situación personal y residencial antes de que su propia defensa hubiera podido conocer formalmente el escrito, examinar sus fundamentos y efectuar alegaciones en contradicción”, denuncia la defensa.
Quién tuvo acceso al escrito y quién ordenó difundirlo
La defensa pidió al juzgado que averigüe quién ordenó o autorizó la elaboración y publicación del comunicado, quién lo redactó, desde qué órgano se envió a los medios y cuándo se produjo ese envío. También quiere saber qué personas tuvieron acceso al escrito de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón antes de su publicación y si el documento fue remitido, entero o parcialmente, a algún medio de comunicación.
Entre las diligencias solicitadas figura además que el servicio responsable de Aragón Hoy conserve y aporte los registros de creación, edición, aprobación y publicación de la noticia, con las fechas y horas de cada actuación y la identificación profesional de quienes intervinieron. La defensa sustenta su petición en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el carácter reservado de las diligencias durante la instrucción. Cita también jurisprudencia del Constitucional y del Supremo sobre la revelación de información sometida a deber de reserva y reclama que se determine qué ocurrió.
La nota fue publicada por el Gobierno de Aragón el 3 de septiembre. En ella, el Ejecutivo anunciaba que sus Servicios Jurídicos habían pedido prisión provisional para el investigado y explicaba los argumentos de la solicitud. La información fue publicada posteriormente por distintos medios. La providencia de la magistrada es escueta, pero delimita con claridad el objeto de la nueva pieza: “Esclarecer las circunstancias en las que se produjo la divulgación pública del contenido del escrito” con el que el Gobierno de Aragón había solicitado la prisión provisional.
El PSOE pide explicaciones a Azcón
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes una solicitud de comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, para que explique en las Cortes cómo actuó su Gobierno y cómo se gestionó la difusión de esa información. El diputado socialista Darío Villagrasa quiere que el Ejecutivo aclare quién decidió hacer público el contenido, quién autorizó el comunicado, qué miembros del Gobierno conocían la información antes de su publicación y quién tuvo acceso al escrito judicial. También pregunta si el documento fue trasladado, total o parcialmente, a algún medio. Villagrasa ha insistido en la necesidad de actuar con máxima transparencia y rigor por la especial sensibilidad de un procedimiento judicial relacionado con uno de los incendios más graves vividos en Aragón y en el que falleció un militar de la Unidad Militar de Emergencias.
El diputado socialista ha subrayado asimismo que el PSOE respetará escrupulosamente la investigación judicial y que será la Justicia la que determine si existió o no alguna infracción penal. La responsabilidad política, ha añadido, pasa por que el Gobierno explique quién adoptó las decisiones, quién tuvo acceso a la información y qué mecanismos se siguieron para su posterior difusión. La investigación, por ahora, no establece que el Gobierno de Aragón haya cometido una irregularidad. Lo que hace la jueza es abrir una vía específica para averiguar quién tuvo acceso al documento, quién decidió difundir su contenido y cómo llegó esa información a los medios antes de que, según sostiene la defensa, llegara al propio investigado y a su abogado.