Maricarmen Abascal de 87 años desalojada tras siete horas de tensión policial
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Mari Carmen Abascal, de 87 años, abandonó este miércoles su hogar tras tres intentos previos de desahucio y 76 años viviendo en la misma vivienda. Fue trasladada en camilla a través de una ambulancia hasta el Hospital Gregorio Marañón, donde permanece a la espera de pruebas médicas sin conocer cuándo recibirá el alta.
La abogada Beatriz Duro denuncia que la jueza ha violado tratados internacionales al proceder con el desalojo, ignorando una resolución de la ONU que solicitaba su suspensión hasta contar con alternativas habitacionales o información oficial de las administraciones públicas sobre medidas para evitar un desahucio sin solución.
A pesar de que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid ofrecieron una plaza en una residencia en la zona de Pacífico, Mari Carmen rechazó la propuesta para mantener su autonomía y seguir viviendo sola. La resolución judicial se basa en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 aplicada a un contrato de arrendamiento que data desde 1956.
La ejecución del desahucio fue llevada a cabo por la Policía tras siete horas de negociación fallida, sin conceder el margen solicitado de quince días para recoger pertenencias. La propiedad, identificada como Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., un fondo buitre, rechazó cualquier propuesta de pago anónimo y descartó alternativas que pudieran haber permitido una salida digna a la mujer.
Análisis editorial
Tras tres intentos previos de desahucio y 76 de sus 87 años viviendo en la misma casa, Maricarmen Abascal ha sido desalojada este miércoles en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón sin una fecha definida para su alta. Su abogada, Beatriz Duro, denuncia que la jueza ejecutó el procedimiento ignorando una resolución de la ONU que solicitaba suspenderlo hasta garantizar alternativas habitacionales viables.
La ejecución judicial se basa en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para un contrato de 1956, pero Duro sostiene que se desoyeron informes que avalaban negociaciones con el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid. Aunque las administraciones ofrecieron una plaza en una residencia, Maricarmen la rechazó para mantener su autonomía, mientras que la propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., se negó a conceder los 15 días solicitados para recoger sus pertenencias.
Este caso expone un riesgo sistémico donde la rigidez judicial colisiona con la viabilidad física de una persona mayor, generando una emergencia sanitaria inmediata y un conflicto jurídico activo. La abogada advierte sobre la vulneración del derecho a la vivienda frente al interés especulativo de un fondo buitre, describiendo la escena como un nivel de deshumanización increíble tras siete horas de tensión policial.
A pesar de que el procedimiento continuará ante instancias internacionales con la esperanza de una condena por vulneración de derechos y una indemnización, Duro reconoce que no resarcirá lo vivido. Su deseo final es que este caso impulse cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda por encima del derecho de los especuladores.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada en camilla tras tres intentos previos y trasladada al Hospital Gregorio Marañón sin fecha de alta definida.
- Su abogada denuncia que la jueza ignoró una resolución de la ONU pidiendo suspensión del desahucio hasta garantizar alternativas habitacionales.
Evidencias
- Maricarmen Abascal ha vivido en su vivienda durante 76 años y ya había sufrido tres intentos de desahucio anteriores.
- El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ofrecieron una plaza en una residencia, pero fue rechazada por la demandante para mantener su autonomía.
- La abogada Beatriz Duro afirma que la jueza ejecutó el desalojo a pesar de tener informes que avalaban negociaciones con administraciones públicas.
- El propietario, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. , rechazó una solicitud de 15 días para recoger pertenencias y buscar alojamiento.
Acciones
- Solicitar inmediatamente al tribunal la revisión del caso basándose en la violación alegada de tratados internacionales y la resolución previa de la ONU.
- Iniciar un procedimiento urgente para determinar el estado clínico de Maricarmen Abascal y definir una fecha realista de alta hospitalaria.
- Reevaluar las opciones de alojamiento temporal con entidades que permitan mantener la autonomía de la residente, dado el rechazo a la plaza ofrecida.
Conclusión final
La ejecución del desahucio expone un conflicto directo entre la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el cumplimiento de directrices internacionales sobre derechos humanos, dejando a la persona mayor en situación de vulnerabilidad médica y habitacional.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Riesgo de vulneración de derechos fundamentales por la ejecución forzosa de un desahucio en una persona mayor (87 años) sin garantizar alternativas habitacionales viables.
- Riesgo de emergencia sanitaria derivada del traslado forzado y hospitalización indefinida de la afectada tras abandonar su domicilio.
- Riesgo jurídico internacional por el incumplimiento alegado de resoluciones de la ONU y tratados internacionales al ignorar solicitudes de suspensión del procedimiento.
Acciones recomendadas
- Solicitar inmediatamente la revisión judicial del procedimiento basándose en la falta de alternativas habitacionales y las instrucciones previas de la ONU.
- Activar protocolos de atención sanitaria urgente para determinar el estado clínico de la afectada y definir una fecha de alta hospitalaria.
- Iniciar un recurso legal ante instancias internacionales por presunta violación de tratados debido a la ejecución del desahucio sin solución habitacional.
Señales/evidencias
- La afectada, de 87 años, ha sido trasladada en camilla y ambulancia al Hospital Gregorio Marañón tras tres intentos previos de desahucio.
- Las administraciones (Ayuntamiento y Comunidad) ofrecieron una plaza en residencia que fue rechazada por la afectada para mantener su autonomía.
- La ONU había solicitado suspender el desahucio hasta contar con alternativa habitacional, petición ignorada por la jueza según la abogada.
- La afectada permanece ingresada sin fecha de alta definida tras abandonar su hogar en medio de una negociación fallida con la propietaria.
Conclusión
El caso presenta un riesgo sistémico donde la rigidez en la ejecución judicial colisiona con la viabilidad física y derechos fundamentales de una persona mayor, generando una emergencia sanitaria inmediata y un conflicto jurídico activo ante instancias internacionales por el incumplimiento de resoluciones previas.
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