Policía ejecuta desahucio de Maricarmen tras siete horas de resistencia
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El número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en el barrio del Retiro presenta las marcas físicas de un desahucio ejecutado: el portal ha sido reventado por un ariete. En la madrugada del miércoles, Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en el inmueble desde hace casi toda su vida, fue expulsada sin poder llevarse sus pertenencias.
La intervención del Sindicato de Inquilinas de Madrid buscó retrasar el lanzamiento mediante resistencia pasiva y acampadas. Cerca de doscientas personas permanecieron bajo la vivienda durante once horas, simulando ser arrestados para ganar tiempo ante una negociación que no llegó a ningún sitio con la propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.
La defensa de Maricarmen solicitó un margen de quince días para recoger sus bienes y encontrar alojamiento alternativo, petición rechazada por la empresa. La abogada Beatriz Duro denunció que se ejecutaba un desahucio violento sin alternativa habitacional de una inquilina que nunca dejó de pagar la renta.
El conflicto legal se remonta a 2005 tras la muerte de su madre, cuando Maricarmen asumió el contrato como subrogada. Aunque un juzgado de primera instancia falló a favor de ella, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo confirmaron en marzo la extinción del contrato por caducidad.
Durante las siete horas que duró el operativo policial, agentes antidisturbios separaron a los manifestantes atados entre sí. Políticos como Gabriel Rufián e Irene Montero acudieron al lugar, pero ninguno ofreció ayuda económica más allá de su presencia mientras la inquilina llevaba dos décadas pagando una renta inferior al mercado.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El Sindicato de Inquilinas de Madrid ejecutó un plan de resistencia pasiva para retrasar el desahucio de Maricarmen Abascal, una octogenaria que vivía en la vivienda desde hace décadas.
- A pesar de las negociaciones y la presencia de servicios sociales durante la operación, la mujer fue expulsada sin sus pertenencias tras siete horas de tensión.
Evidencias
- Las marcas del ariete en el portal indican que las medidas legales previas no detuvieron la ejecución física del desalojo.
- Maricarmen Abascal, de 87 años, fue trasladada en camilla por SAMUR Social al Hospital Gregorio Marañón tras ser expulsada.
- La empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. , rechazó la solicitud de un margen de quince días para recoger sus bienes.
- Cerca de doscientas personas del sindicato realizaron una resistencia pasiva en el asfalto durante la madrugada para ganar tiempo.
Acciones
- Solicitar inmediatamente al juzgado una orden de suspensión del lanzamiento por vulneración de derechos fundamentales debido a la edad y estado de salud de la inquilina.
- Iniciar un procedimiento urgente para el depósito judicial o en entidad bancaria de los bienes muebles incautados durante la operación.
- Activar protocolos de asistencia social inmediata para asegurar alojamiento temporal mientras se resuelve la situación legal.
Conclusión final
La intervención sindical logró movilizar a la comunidad y generar presión, pero no pudo evitar el desalojo forzado ni garantizar que la residente pudiera recuperar sus pertenencias.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Desalojo forzoso inmediato de una persona mayor (87 años) sin capacidad para recoger sus pertenencias.
- Exposición a condiciones sanitarias precarias durante la noche en espacios públicos con plagas de insectos.
- Fallo en la negociación entre el sindicato y la propietaria, negando un margen razonable para la evacuación.
- Riesgo de enfrentamiento físico o resistencia pasiva por parte de manifestantes ante la ejecución del desahucio.
Acciones recomendadas
- Intervención urgente de servicios sociales y sanitarios para garantizar alojamiento inmediato y digno a Maricarmen Abascal.
- Inspección sanitaria inmediata en los espacios públicos donde se alojan las personas desplazadas temporalmente.
- Mediación judicial o administrativa para revisar la negativa de la propietaria a conceder tiempo para el desalojo ordenado.
- Coordinación policial y sindical para gestionar la resistencia pasiva sin escalar a violencia física.
Señales/evidencias
- Maricarmen Abascal, de 87 años, fue expulsada de su vivienda sin poder llevarse sus pertenencias.
- La propietaria Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. rechazó una solicitud de quince días para la recogida de bienes.
- Cerca de doscientas personas durmieron en la calle sobre sacos junto a alcantarillas con cucarachas.
- El Sindicato de Inquilinas organizó un plan de resistencia pasiva con sesenta manifestantes sentados en el asfalto.
- La ejecución del desahucio se realizó tras siete horas de tensión y sin lograr ningún acuerdo.
Conclusión
La situación evidencia un riesgo crítico de vulneración de derechos humanos debido al desalojo forzado de una persona mayor sin alternativas habitacionales inmediatas, exacerbado por la falta de cooperación de la propietaria y las condiciones insalubres en los espacios públicos utilizados como refugio temporal.
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