Policiales defienden orden tras perder ojo Roger Español en 1-O

Análisis editorial

El juicio sobre las lesiones de Roger Español el 1-O se ha convertido en un espejo de la tensión entre una narrativa oficial de control operativo y acusaciones graves de tortura, donde cuatro agentes y tres mandos defienden que su actuación fue proporcional y siguió protocolos estándar. La tesis central del proceso revela cómo se juzgan consecuencias individuales devastadoras bajo el paraguas de una justificación institucional que equipara el despliegue antidisturbios con eventos masivos de alto perfil, como finales de Champions o visitas papales, evitando así extender el debate a la legalidad completa del sistema desplegado ese día.

Esta contradicción se agudiza en la sala de audiencias, donde los acusados sostienen que no había nada distinto a lo que se les encomienda en cualquier servicio, mientras Roger Español perdió un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma durante los hechos del 1 de octubre de 2017. El tribunal ha limitado estrictamente el proceso al caso específico del activista, impidiendo revisar la legalidad global del dispositivo y generando vulnerabilidades comunicativas por dos intérpretes fallidas que obligaron a traducir al castellano por economía procesal. Además, el lenguaje utilizado oscila entre «balas de goma» para las acusaciones y «pelotas» para la defensa, mientras se cita una circular de 3 de septiembre de 2013 que regula dicho material, creando una brecha semántica sobre la naturaleza del proyectil y su percepción por parte de los manifestantes.

El riesgo principal reside en la normalización operativa del uso de fuerza letal o semi-letal, exacerbada por un proceso judicial que evalúa la responsabilidad individual sin abordar fallos estructurales en el protocolo antidisturbios. Las señales evidencian que las UIP recurrieron a este material únicamente en los alrededores de uno de los centros de votación, pero la equiparación con otros eventos masivos sugiere una falta de distinción crítica entre contextos de riesgo diferente. Si bien las acusaciones piden hasta 13 años de prisión por «mutilación», el enfoque limitado impide evaluar la responsabilidad colectiva del despliegue completo y deja sin revisión los criterios que permiten lanzar proyectiles en situaciones declaradas ilegales.

En conclusión, este caso judicial no solo juzga a unos pocos funcionarios, sino que expone una grieta profunda en la rendición de cuentas policial cuando las consecuencias son graves pero el marco legal se cierra herméticamente alrededor del acto individual. La prohibición de las balas de goma en Cataluña desde 2014 contrasta con su uso continuado por otras fuerzas y la defensa de que eran «pelotas» inocuas, dejando una herida abierta sobre qué constituye un uso legítimo de la fuerza. El remate es claro: sin ampliar el alcance del juicio para incluir la revisión de los protocolos generales, se corre el peligro de consolidar una práctica operativa que prioriza la congruencia institucional por encima de la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.