Promotora exige 44,5 millones y rechaza los 16.500 euros

Los dueños del Algarrobico rechazan la indemnización del Gobierno y dilatan la expropiación otros seis meses Ataza del Sol, la promotora del hotel ilegal de la costa almeriense, se niega a aceptar los 16.500 euros del Ministerio de Transición Ecológica por el solar, y exige 44,5 millones de compensación. Un Jurado de Expropiación ofrecerá una última cifra de consenso, que las partes pueden recurrir en los tribunales
El Gobierno se niega a indemnizar con 44,5 millones a la promotora del Algarrobico por expropiar su suelo y ofrece 16.500 euros
El futuro del macrohotel ilegal construido hace 20 años en primera línea de la costa almeriense -popularmente conocido como hotel Algarrobico- ha pasado a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, haya rechazado el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.
El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ofreció 16.496,67 euros por la expropiación parcial del terreno donde se erige el Algarrobico (16.432 metros cuadrados de superficie) en una zona de dominio público marítimo terrestre, declarada de “utilidad pública” en el Consejo de Ministrios del 11 de febrero de 2025. La promotora había exigido una indemnización muy superior, de 44,5 millones de euros, y hace unos días se ratificó en esa cifra, en un escrito dirigido al Miteco que pone fin a la negociación entre ambas partes.
El Algarrobico es un símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística del primer cuarto de siglo, una mole de ladrillo construida a pie de playa con el consentimiento de todas las administraciones, de todo signo político.
Seis meses se ha prolongado el proceso de expropiación desde que la promotora interpuso un recurso de alzada para frenar los planes del Gobierno, que pasaban por derribar el 50% del macrohotel a finales del año pasado, según anunció a pie de playa del Algarrobico la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.
Seis meses con interrupciones judiciales, porque la firma Azata del Sol acudió a los tribunales para exigir la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación, a lo que los jueces se negaron. La falta de entendimiento y la enorme distancia que hay entre la indemnización que ofrece el Miteco y el dinero que exige la empresa ha agotado todos los plazos posibles, y ahora tendrá que constituirse un Jurado Provincial de Expropiación para exponer la última palabra del proceso gubernativo.
Este órgano de arbitraje tiene ahora seis meses de plazo para analizar el caso y dar una resolución, que las partes podrán recurrir por la vía de lo Contencioso Administrativa, devolviendo el embrollo del Algarrobico a los tribunales.
El Jurado Provincial de Expropiacíon, compuesto por seis personas, podrá establecer una nueva cifra de indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”.
Este órgano de arbitraje lo preside un juez desigando por la Audiencia Provincial de Almería, y contará con cuatro vocales: un abogado del Estado, dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de esta provincia, un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana; un notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente y el Interventor territorial de Almería.
Mitad Gobierno, mitad Junta de Andalucía
El Miteco, que coordina la ministra Sara Aagasen, sólo tiene competencias para expropiar la mitad del solar donde se levanta el Algarrobico, por estar ubicado en el dominio público marítimo terrestre. El edificio, de 20 plantas y 411 habitaciones, empezó a construirse en 2003, pero la Justicia paralizó las obras en 2006, cuando estaban al 94% de ejecución, y finalmente lo declaró ilegal.
La otra mitad del solar está dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que se descolgó desde el principio de la propuesta de expropiación del Gobierno, augurando que acabaría en los tribunales. En efecto, la empresa Azata del Sol S.L ha litigado desde hace 20 años para preservar su inversión.
En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.