Propietarios en Madrid sufren pérdidas con alquileres antiguos de 30 euros mensuales

Con delicadeza para no dañar el papel amarillento y quebradizo que desliza de una carpeta, Raquel (nombre bajo el que preserva su identidad) muestra a ABC unos documentos casi centenarios. Se trata de tres contratos de alquiler de renta antigua firmados en 1936 y 1942, dos de ellos aún vigentes, y que avalan que las ocupantes nonagenarias paguen en torno a 30 euros al mes en una ciudad en la que el metro cuadrado está a precio de oro. Las cuentas para la familia propietaria del edificio, en el que también residen, tan solo dan resultados negativos.Fue a mediados de los años setenta, durante la última etapa del franquismo, cuando el padre de esta mujer adquirió el complejo ubicado en el distrito de Tetuán; una propiedad de la que no pudo ver en vida un gran fruto. Y tampoco lo están consiguiendo sus nietos. Por unos tres millones de pesetas –en torno a 18.000 euros– compró este inmueble sin división horizontal con un local comercial, de tres plantas de altura divididas en dos pisos cada una, y con contratos firmados durante la Guerra Civil y la posguerra. «En los documentos se indica que si no hay dinero en movimiento en el país, los arrendatarios podían pagar la mensualidad en oro y plata», remarca, aún incrédula ante «la pieza de museo» que tiene en sus manos.Esta adquisición se hizo con alquileres en vigor y amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , aprobada por Franco y sus ministros en un contexto de déficit habitacional crítico y una alta demanda urbana durante una etapa de gran éxodo rural. Se impulsó entonces por el gobierno franquista una medida que suspendió la posibilidad a los propietarios de rescindir unilateralmente los contratos al vencimiento, introduciendo la prórroga obligatoria, y reguló el derecho de subrogación a familiares. Esta última cuestión, más adelante en 1994, se modificó manteniendo esa prórroga forzosa vitalicia para el inquilino actual, pero limitando el número de subrogaciones futuras. El ejemplo más sonado recientemente es el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada del piso de Retiro en el que residía desde hace siete décadas y que ha conseguido llegar a un acuerdo para volver. Este lanzamiento fue el último paso de largo recorrido judicial iniciado por la propiedad para recuperar el inmueble por la expiración del plazo del contrato de arrendamiento, suscrito en 1956, que pasó por dos subrogaciones tras el fallecimiento de los dos sucesivos titulares, los progenitores de esta octogenaria. El fallo ha resultado favorable a la empresa dueña de este inmueble y la ejecución de este lanzamiento ha revuelto la actualidad política y social, desatando por todo el país protestas por la crisis de la vivienda.Aunque se trate de una norma de otro siglo, la renta antigua está aún a la orden del día. Al igual que el contrato de Maricarmen, a falta de datos oficiales sobre esta cuestión, aún existen miles de casos más que continúan vigentes en todo el país, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. «Las cifras son ridículas», incide Raquel. Por cada uno de estos 'cuartos', señala el contrato original, dos de los inquilinos debían abonar 1.080 pesetas anuales –es decir, 6,49 euros–, mientras que un tercero aportaba 1.200 –7,21 euros–. Tras algunas actualizaciones realizadas en los últimos años por obras en estos pisos alquilados, que permitían llevar a cabo subidas, las residentes actuales –de 92 y 94 años– abonan en torno a 30 euros al mes en una zona en la que los precios por metro cuadrado están en 22,9 euros. Contrato de alquiler de renta antigua. Cedida  «Podemos hacer subidas con el IPC, pero la suma sigue siendo completamente simbólica», incide Raquel, que considera que no merece la pena un pleito con sus vecinas «por 60 céntimos». La revisión de esta norma realizada a finales del pasado siglo por el gobierno de Felipe González supuso un pequeño alivio para los arrendadores, ya que les permitió repercutir al inquilino el importe proporcional de la cuota anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el coste de los servicios y suministros comunes y el importe de las obras de reparación o conservación necesarias realizadas en el edificio. Sin embargo, los números siguen sin salir. «Nada. Para nosotros sigue siendo un gasto», responde la propietaria sobre posibles deducciones fiscales. «De hecho, salimos perdiendo por este patrimonio de cara a la declaración de la renta», insiste. Más allá de lo económico, en la historia de esta escalera, que no deja de ser humana, hay años de convivencia y cuidado vecinal, pero también roces que derivaban en «injusticias». «Mi padre siempre ha cuidado a los inquilinos», asegura Raquel, que tiene buenos recuerdos de anteriores residentes. Sin embargo, la subrogaciones han supuesto la llegada de nueva gente con la que lidiar, e incluso hubo una ocasión en la que el Sindicato de Inquilinas entró en escena. Evitar estos pleitos es el motivo por el que la familia que ha cedido su testimonio a este periódico ha preferido mantener oculta su identidad. El último contrato de renta antigua rescindido hace tan solo unos meses se realizó con la inquilina en vida. Su desaparición durante semanas y la llegada de desconocidos al portal hizo sospechar a esta familia. «Nos enteramos de que se encontraba en una residencia de mayores fuera de Madrid y que habían intentado meter a dos chicas en el piso», señala a este periódico Raquel. Ante la intención de desahuciar a la anciana, intervino el mencionado sindicato, que dio un paso atrás en su lucha al confirmar que esta mujer ya no residía de forma habitual en el inmueble, además de haber intentado meter a terceros en el mismo.Además de este caso, en el que la inquilina aceptó dejar la casa, por la que pagaba 6 euros mensuales, sin rechistar, también critica problemas de convivencia con sus vecinas. «Han vivido muy por encima de mi padre, que fue el que compró el edificio», critica Raquel, que además asegura que pagar esta renta irrisoria les ha permitido tener otras viviendas fuera de la capital. Locales comercialesAunque existe la posibilidad de llegar a un acuerdo privado e indemnizar a estas nonagenarias para que abandonen la propiedad, la familia prefiere esperar a que se extinga el contrato. Actualmente, estas rentas antiguas suponen un porcentaje residual del parque total de viviendas alquiladas en España, además de estar en una fase de desaparición natural, a diferencia de los locales comerciales de renta antigua que también estaban regulados por esta ley franquista.Los propietarios consiguieron recuperar estos últimos activos en 2014, año de caducidad de todos estos contratos fijado en 1994. Al igual que el local comercial de la familia de Raquel, más de 35.000 establecimientos en la Comunidad de Madrid, entre los que se encontraban comercios minoristas, talleres y locales de hostelería.