Red Eléctrica asume 783 millones por gestión post-apagón

Análisis editorial

La directora de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez, ha establecido en el Congreso que la operación reforzada tras el apagón del 28 de abril de 2025 costó 783 millones de euros, un gasto que la compañía considera transitorio y vinculado a una necesidad urgente de cambio regulatorio. Aunque este importe representa menos del 10% del coste total de los servicios de ajuste, su magnitud refleja la tensión extrema en el sistema eléctrico español tras el colapso histórico, donde se activaron medidas excepcionales con un uso intensivo de gas natural para garantizar la estabilidad de la red.

La evidencia numérica muestra una tendencia clara hacia la reducción de estas operaciones costosas: si hasta marzo el coste había ascendido a 666 millones, este año se ha limitado a 267 millones, pasando del 15% que representaba en 2025 al 8,6% del total de restricciones técnicas. Este descenso contrasta con la evolución exponencial de los costes de las restricciones técnicas en años anteriores, que crecieron desde 724 millones en 2021 hasta alcanzar 3.347 millones en 2025, mientras que los servicios de ajuste totales han llegado a 3.375 millones con un incremento del 34,5% respecto al año pasado.

Sin embargo, la viabilidad de mantener esta reducción depende críticamente de que el criterio de variabilidad de tensión sea trasladado a la normativa nacional, una medida pendiente que actualmente impide finalizar el sobrecoste. Sánchez ha subrayado que no existe relación entre las políticas energéticas y la prestación del servicio, aclarando que el cumplimiento de las obligaciones es muy bueno y que 275 plantas adicionales ya prestan control de tensión con un total de 13.380 MW, lo que sugiere que la infraestructura está mejor preparada para evitar futuros incidentes sin recurrir a operaciones tan onerosas.

El cierre de esta fase de crisis no será automático ni técnico, sino político y legislativo; hasta que el marco regulatorio se actualice, Red Eléctrica deberá asumir estos costes operativos extraordinarios como un precio necesario por la seguridad del suministro. La declaración de Sánchez sobre que el importe "se está reduciendo de forma muy significativa" es una promesa condicionada a la acción gubernamental y a la CNMC, advirtiendo implícitamente que sin esa intervención normativa, el sistema podría verse obligado a repetir operaciones de este calibre en el futuro inmediato.