Sumar exige decreto de alquileres antes de septiembre para frenar la inflación

Para Sumar, el decreto de vivienda que contempla la prórroga de los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027 no puede demorarse ni un mes más. El espacio considera que la deriva inflacionaria está agravando todavía más el que para la mayoría de los españoles es el principal problema que afronta en la actualidad, y, por tanto, la norma debe aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice septiembre, es decir, en la reunión de la semana que viene. Para su posterior convalidación en el Congreso, al Gobierno le hacen falta unos apoyos con los que todavía no cuenta, y es el PSOE el que se niega a sufrir una nueva derrota parlamentaria en este asunto a pocos meses de las elecciones y en medio de las negociaciones —escasamente optimistas— de los Presupuestos.

Cuando en julio los dos partidos que conforman el Ejecutivo anunciaron un acuerdo para llevar el decreto al Congreso, la idea era hacerlo con las garantías de que saldría adelante, al contrario de lo que ocurrió en abril, tras unas negociaciones en las que no se involucró el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la presión pública que está demostrando Sumar en los últimos días deja entrever que su intención es adentrarse en el escenario de hace seis meses: que el Consejo de Ministros lo apruebe y que de alguna manera esto sirva de presión a los grupos, especialmente a Podemos y Junts, para que lo suscriban en la Cámara Baja.

"El decreto tiene que ir ya al Congreso, y si la derecha quiere volver a tumbarlo, que lo tengan que asumir, que lo tengan que justificar, y mientras tanto que podamos proteger a la gente más vulnerable. Que cada cual se retrate, que asuma la responsabilidad de las posiciones que adopte", defendió este lunes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Para el PSOE, en cambio, no tendría "ningún sentido" volver a llevar al Congreso sin apoyos un decreto que una vez aprobado en el Consejo de Ministros es inmodificable, por mucho que pueda contener guiños que en esta ocasión sí pueda atraer el voto de Junts, que continúa siendo el principal escollo en las negociaciones, pero también el de Podemos, que ya avisó en julio de que no daría luz verde a un paquete normativo que tocase una coma de la ley del suelo, como pretenden hacer los socialistas.

En privado, aunque no niegan el riesgo, fuentes de Sumar son partidarias de que el Gobierno apruebe ya el decreto y, mientras sus efectos están vigentes y los inquilinos pueden solicitar sus correspondientes prórrogas, terminar de conseguir los avales en los 30 días hábiles que tendría para llevarlo al pleno.

La última vez que Sumar presionó para que esto sucediera provocó una fractura inédita en el seno del Gobierno. Fue durante el Consejo de Ministros extraordinario que tenía que aprobar el escudo social por la guerra de Irán (paradójicamente, la semana que viene el Ejecutivo también tiene previsto dar luz verde a nuevas medidas por el aumento de la inflación a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo), cuando los ministros de Sumar se negaron a entrar en la reunión hasta que el PSOE aceptase sacar adelante la prórroga de los alquileres y los márgenes empresariales.

A los socialistas no les gustó este órdago de su compañero de coalición y cedió en él todas las negociaciones del decreto. Es más, incluso la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, alimentó durante el mes que duraron las conversaciones la idea de que un decaimiento de la norma podía abrir un escenario de inseguridad jurídica para los inquilinos que hubiesen solicitado la prórroga.

Aplazamientos desde julio

Fue a principios de julio cuando el Gobierno prometió aprobar el nuevo decreto en Consejo de Ministros ese mismo mes para convalidarlo en el Congreso a la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, el rechazo de Podemos y de Junts, este último por considerar que no se habían incluido algunas de sus reivindicaciones, obligaron a Moncloa a retrasar sus planes. Entonces, el Ejecutivo aseguró que se daba de margen el verano para seguir negociando y aprobar la norma en septiembre.

Sin embargo, la realidad hace pensar que, una vez más y a no ser que Sumar protagonice un nuevo desplante como el de marzo, el Gobierno incumplirá con los plazos. Hace unos días, desde Vivienda aseguraban que el objetivo es que el decreto se convalide en el Congreso "antes de diciembre" y admitían, como también confirma Sumar, que el principal escollo en estos momentos es Junts, que antes del parón estival había reclamado públicamente que la norma incluyese medidas orientadas a aumentar la oferta de vivienda y desgravaciones fiscales para pequeños propietarios o para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros.

Ello, además de una iniciativa que nada tiene que ver con vivienda pero que antes de las vacaciones continuaba siendo una condición indispensable: la transposición y posterior aplicación de la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

La ley establece que esa debe ser la cantidad máxima que han de cobrar los profesionales para que puedan, si así lo desean, acogerse a dicha medida, pero no cierra la puerta a establecer un límite menor si así lo acuerdan los gobiernos nacionales. Junts quiere que en España el límite figure en los 85.000 euros, pero Hacienda rechaza de plano llegar a esa cantidad por las pérdidas económicas que afrontaría el Estado.