Supremo desestima recurso de Abogacía y Gobierno vasco sobre traspaso de Seguridad Social

Análisis editorial

El Tribunal Supremo ha desestimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y el Gobierno vasco para frenar un juicio que cuestiona el traspaso de tres materias de la Seguridad Social al País Vasco, validando así la legitimidad de la asociación Impulso Ciudadano. Esta decisión judicial confirma que la plataforma ciudadana tiene derecho a impugnar la transferencia de prestaciones familiares no contributivas, subsidios por nacimiento y seguro escolar, desmontando el argumento oficial sobre su falta de interés legítimo derivado de cambios estatutarios recientes.

El conflicto se enmarca en una hoja de ruta política que ha entrado en vía muerta ante las próximas elecciones generales, a pesar de contar con veintidós traspasos acordados entre junio de 2024 y abril de 2026 bajo el pacto de Pedro Sánchez y el PNV. Mientras la Comisión Mixta de Transferencias operó tras telón para cumplir compromisos electorales, el Alto Tribunal ha abierto la puerta a juzgar la legalidad de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de marzo, que incluían el traspaso de ocho inmuebles y 462 plazas de funcionarios vinculados al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La tensión jurídica se agudiza porque la asociación, fundada en 2009, denuncia desigualdades territoriales y el quebranto de la caja única del sistema, planteando incluso la suspensión cautelar de transferencias que debían entrar en vigor a primeros de enero de 2027. Aunque los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco intentaron bloquear el proceso acusando a la entidad de carecer de trayectoria continuada tras modificar sus estatutos en noviembre de 2025, el tribunal ha estimado que su actividad previa es suficiente para mantener vivo el procedimiento y obligar al Gobierno a dar contestación a la demanda.

Con este fallo, la capacidad del PNV para hacer cumplir al presidente del Gobierno lo pactado queda sometida a una prueba definitiva contra reloj en el otoño, poniendo en riesgo la estrategia de completar el Estatuto de Autonomía de 1981 que faltaba por ocho materias. La desestimación de las alegaciones anticipadas marca un precedente donde la justicia prioriza la revisión de la legalidad sobre los intentos políticos de bloqueo, dejando en el aire la efectividad final de una cesión que podría alterar la estructura financiera y territorial del sistema de protección social español.