TSXG ordena a Sergas evaluar riesgos psicosociales tras condenar por inacción preventiva
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la administración pública gallega a indemnizar con casi 38.500 euros por vulnerar el derecho fundamental a la integridad física y moral de un trabajador del Servicio Galego de Saúde (Sergas). La sentencia, que estima parcialmente el recurso interpuesto por el empleado, establece que la Xunta incumplió sus obligaciones al no actuar con eficacia para proteger su salud tras denuncias de acoso laboral.
El caso involucra a un administrativo en Vigo que trabajaba en áreas de Recursos Humanos y Dirección de Atención Primaria. Desde enero de 2021, tras discrepancias e incidencias, se modificaron sus funciones para reducir la relación con Recursos Humanos y adaptar tareas, lo que le impidió acceder a ciertas aplicaciones necesarias. El trabajador solicitó activar el procedimiento por acoso en julio de 2023, pero este concluyó con un archivo en enero de 2024 al no considerarse probado ni el acoso laboral ni ningún trato discriminatorio.
El empleado estuvo varias veces de baja por ansiedad y denunció ser objeto de acoso por algunas personas, llegando a celebrar una reunión con el gerente del área sanitaria. Aunque posteriormente presentó demanda en un juzgado de lo social que desestimó su caso, el TSXG ha considerado que las medidas adoptadas por el Sergas fueron tardías e ineficaces. El tribunal señala que la administración conocía los problemas desde 2021 pero no activó inmediatamente mecanismos de protección.
El alto tribunal gallego determinó que las adaptaciones sucesivas del puesto de trabajo, bienintencionadas pero carentes de rigor técnico, generaron más problemas a la salud psíquica del trabajador en lugar de resolverlos. Además, los estudios de evaluación de riesgos laborales realizados en 2019 y verificados en 2024 no identificaron ningún riesgo psicosocial, ni se llevó a cabo un estudio específico cuando el empleado comunicó sus problemas. El TSXG concluye que la protección proporcionada fue ineficaz y desprotegió su salud, vulnerando así sus derechos fundamentales.
Análisis editorial
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la Xunta a indemnizar con casi 38.500 euros por vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador del Sergas tras una gestión tardía e insuficiente ante una denuncia de acoso laboral. La sentencia establece que, aunque la administración activó medidas preventivas, estas fueron reactivas y carentes de rigor técnico, lo que derivó en daños a la salud mental del empleado y constituyó una falta grave en la protección de su integridad física y moral.
El conflicto se originó desde enero de 2021, cuando surgieron discrepancias e incidencias laborales que motivaron cambios en las funciones del trabajador, pero el Sergas no activó inmediatamente los mecanismos de protección hasta julio de 2023. A pesar de que evaluaciones de riesgos realizadas en 2019 y verificadas en 2024 no identificaron ningún riesgo psicosocial, el tribunal calificó las adaptaciones de puesto como correctivas y tardías, argumentando que fallaron al no prevenir el deterioro del empleado a pesar de conocerse los problemas desde hacía años.
Esta inacción preventiva sistemática genera un riesgo legal y reputacional crítico para las administraciones sanitarias, demostrando que la falta de protocolos rigurosos puede derivar en obligaciones económicas significativas cuando se vulneran derechos fundamentales. La sentencia alerta sobre el fallo sistémico en la evaluación inicial de riesgos debido a la ausencia de identificación temprana de problemas psicosociales y el deterioro de la salud del trabajador derivado de medidas que, bienintencionadas, resultaron ineficaces para resolver la problemática.
La decisión del TSXG subraya que la protección laboral exige una detección proactiva antes de que surjan conflictos graves, no solo respuestas correctivas tras el daño ya causado. Con esta condena, se refuerza la obligación legal de las entidades públicas de realizar evaluaciones explícitas de factores psicosociales y establecer mecanismos de activación inmediata ante situaciones conocidas, evitando así desproteger la salud de sus trabajadores bajo la excusa de seguir procedimientos formales sin sustancia técnica.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- El TSXG condenó a la Xunta a indemnizar con casi 38.500 euros por una gestión tardía e insuficiente ante una denuncia de acoso laboral en el Sergas.
- La sentencia establece que las medidas preventivas activadas tras la denuncia en enero de 2021 fueron reactivas y carentes de rigor técnico, lo que derivó en daños a la salud mental del empleado.
Evidencias
- El trabajador solicitó formalmente la activación del protocolo por acoso en julio de 2023, tras haber denunciado el problema desde enero de 2021.
- Las evaluaciones de riesgos laborales realizadas en 2019 y verificadas en 2024 no identificaron ningún riesgo psicosocial a pesar de la existencia del conflicto.
- El tribunal calificó las adaptaciones de puesto como correctivas y tardías, argumentando que fallaron al no prevenir el deterioro de la integridad física y moral.
Acciones
- Revisar inmediatamente los protocolos internos para asegurar que las evaluaciones de riesgo psicosocial se realicen con periodicidad y rigor técnico, independientemente de la ausencia de denuncias previas.
- Establecer mecanismos de alerta temprana obligatorios ante discrepancias o incidencias laborales recurrentes entre empleados y departamentos clave como Recursos Humanos.
Conclusión final
La administración pública asumió responsabilidad por vulnerar derechos fundamentales debido a una inacción preventiva sistemática en la gestión de riesgos psicosociales.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Responsabilidad administrativa por gestión preventiva ineficaz ante la vulneración de derechos fundamentales.
- Fallo sistémico en la evaluación inicial de riesgos debido a la ausencia de identificación temprana de problemas psicosociales.
- Deterioro de la salud psíquica del empleado derivado de medidas correctivas tardías y carentes de rigor técnico.
Acciones recomendadas
- Implementar protocolos preventivos rigurosos que incluyan la detección proactiva de riesgos psicosociales antes de que surjan conflictos.
- Establecer mecanismos de activación inmediata para situaciones de acoso laboral conocidas desde hace tiempo, evitando respuestas reactivas.
- Revisar y actualizar los procedimientos de evaluación de riesgos laborales para asegurar la identificación explícita de factores psicosociales.
Señales/evidencias
- El TSXG condenó a la administración a indemnizar con casi 38.500 euros por vulnerar el derecho a la integridad física y moral.
- La evaluación de riesgos laborales realizada en 2019 y verificada en 2024 no identificó ningún riesgo psicosocial.
- Las medidas adoptadas para abordar el acoso fueron calificadas como tardías, correctivas y no preventivas.
- El Sergas era conocedor de los problemas desde 2021 pero no activó inmediatamente los mecanismos de protección.
Conclusión
La sentencia establece que la falta de protocolos preventivos rigurosos y la detección tardía del acoso laboral constituyen un riesgo legal y reputacional crítico para las administraciones sanitarias, generando obligaciones económicas significativas cuando se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores.
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