Urbagestión desaloja a anciana tras cinco años de negocio inmobiliario
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Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha forzado el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en silla de ruedas que vivía desde 1956 en su vivienda de toda la vida en Madrid. La empresa compró el inmueble a Renta Corporación tras la incapacidad económica de Maricarmen para hacer frente al pago con su pensión de 1.450 euros, momento en el cual el valor del piso se había multiplicado por cuatro.
La sociedad define sus actividades como una plataforma de inversiones especializada en promoción y gestión de productos inmobiliarios y farmacias, aunque niega ser un fondo buitre. Sus administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, vinculados a negocios variados desde el alimentario hasta el financiero. La empresa opera con menos de siete empleados en 2025.
En los últimos cinco años Urbagestión ha facturado unos 3,1 millones de euros, aunque su beneficio declarado fue inferior a los 3.000 euros y sus activos superaron los 600.000 euros. Tras la compra del piso, ofreció un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que implicaba pagar 1.650 euros mensuales.
En mayo de 2024, Maricarmen recibió carta para abandonar la casa y el caso llegó a los medios tras una sentencia del Supremo que no resolvió el conflicto. El Gobierno contactó con la empresa para vender la vivienda mediante oferta pública de Casa 47, pero la respuesta fue negativa. Los administradores se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y han advertido a los medios sobre el uso de la expresión fondo buitre.
Análisis editorial
Urbagestión, una entidad que se define como plataforma de inversión diversificada, ha ejecutado el cuarto intento de desahucio forzado contra Maricarmen, una anciana de 87 años que vivía en su vivienda desde 1956. A pesar de contar con activos superiores a los 600.000 euros y haber multiplicado por cuatro el valor del inmueble tras su adquisición, la empresa ha insistido en el desalojo ignorando una sentencia favorable dictada por la jueza Elena Cortina.
La contradicción entre su perfil corporativo y sus acciones se evidencia en sus cuentas: una plantilla menor a siete empleados en 2025, un beneficio neto inferior a los 3.000 euros y una facturación de 586.450 euros el pasado ejercicio. La entidad compró la vivienda a Renta Corporación tras la incapacidad de Maricarmen para pagar su hipoteca con una pensión de 1.450 euros, ofreciendo posteriormente un alquiler que supondría un aumento del 300%, lo que implicaba pagar 1.650 euros, más de lo que cobraba de pensión.
Urbagestión niega explícitamente ser un 'buitre' y se ha querellado contra el Sindicato de Inquilinas para evitar esa calificación, a pesar de sus prácticas operativas intransigentes. Los administradores, vinculados a negocios variopintos, han forzado el desalojo mediante la intransigencia legal tras agotar vías ordinarias, incluyendo fallos del Supremo, mientras mantienen una postura que contradice su definición como simple pyme.
La estructura económica mínima de Urbagestión frente a sus activos y poder coercitivo genera un conflicto legal de alto nivel. La empresa ha vendido propiedades en los últimos años y ha recibido ofertas públicas de compra para la vivienda, pero ha rechazado venderla. Su comportamiento sugiere una gestión que prioriza el desalojo sobre la viabilidad económica real, lo que plantea dudas sobre su perfil declarado como plataforma de inversión.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- Urbagestión, un fondo de inversión con activos superiores a 600.000 euros y beneficios inferiores a 3.000 euros, ejecutó el cuarto intento de desahucio forzado contra Maricarmen, una anciana de 87 años.
- La empresa mantiene una postura intransigente ante sentencias judiciales favorables, incluyendo fallos del Supremo, mientras niega explícitamente ser un 'buitre' a pesar de sus prácticas operativas.
Evidencias
- Urbagestión (Urbagesa Desarrollo e Inversión SL) tiene una plantilla menor a siete empleados y declaró un beneficio neto inferior a los 3.000 euros en el último ejercicio.
- La entidad compró la vivienda de Maricarmen a Renta Corporación tras la incapacidad de la anciana para pagar su hipoteca con una pensión de 1.450 euros, ofreciendo posteriormente un alquiler que supondría un aumento del 300%.
- A pesar de contar con activos por más de 600.000 euros y haber multiplicado el valor del inmueble por cuatro desde su adquisición, la empresa ha insistido en el desalojo tras recibir una sentencia favorable de la jueza Elena Cortina.
Acciones
- Solicitar a las autoridades judiciales el cumplimiento inmediato de la sentencia dictada por la jueza Elena Cortina para detener el cuarto intento de desalojo.
- Investigar la vinculación entre los administradores de Urbagestión y otros negocios variopintos para evaluar posibles conflictos de interés en la gestión del inmueble.
Conclusión final
Existe una contradicción marcada entre la autodefinición corporativa de Urbagestión como plataforma de inversión diversificada y su comportamiento intransigente al ejecutar desahucios contra personas vulnerables ignorando precedentes judiciales.
Riesgos
Riesgos/alertas
- La entidad Urbagestión presenta una estructura financiera de baja densidad operativa (menos de siete empleados y beneficio neto inferior a 3.000 euros) frente a activos superiores a 600.000 euros.
- Existe una contradicción entre la definición corporativa de Urbagestión como plataforma de inversión diversificada y su conducta coercitiva al forzar el desahucio mediante intransigencia legal tras agotar vías ordinarias.
Acciones recomendadas
- Solicitar a la entidad documentación detallada que justifique la relación entre sus activos declarados, su plantilla reducida y su capacidad operativa real.
- Revisar los procedimientos de adquisición y venta del inmueble para verificar la coherencia con el perfil declarado de 'plataforma de inversión' y detectar posibles irregularidades en la transferencia de propiedad.
Señales/evidencias
- Plantilla inferior a siete empleados en 2025.
- Beneficio neto declarado por debajo de los 3.000 euros.
- Activos que superan los 600.000 euros.
- Definición corporativa como plataforma de inversiones en inmobiliario y farmacias.
- Forzamiento del desahucio tras cuatro intentos y fallo judicial del Supremo.
- Facturación acumulada de 3, 1 millones en los últimos cinco años.
- Adquisición del inmueble a Renta Corporación tras la incapacidad económica de la ocupante.
Conclusión
Urbagestión presenta una estructura económica mínima pero ejerce un poder coercitivo significativo en procesos de desahucio, generando conflictos legales de alto nivel que contradicen su perfil declarado como simple plataforma de inversión.
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