WWF denuncia impunidad en robo de agua para regadío intensivo
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WWF analiza cómo la sobreexplotación para alimentar el regadío intensivo esquilma las masas subterráneas: "Es un problema generalizado y un delito impune", denuncia la organización
Robar el agua de todos, un delito 'barato' en la España de la sequía: “Hay una sensación de impunidad brutal”
Uno de los principales problemas en la gestión de los escasos recursos hídricos en España es la sobreexplotación de los acuíferos. Resumidamente: extraer de estos almacenes subterráneos más líquido del que reponen. Hay una parte de ese uso intensivo que se hace legalmente, pero otra porción se realiza a base de bombear agua sin permiso. Un robo del agua.
La organización WWF ha estudiado seis puntos agudos donde se extrae agua “con indicios de ilegalidad” para regar parcelas “potencialmente” irregulares. Se trata de los acuíferos de Almonte-Marismas —los que alimentan Doñana—, el Alto Guadiana que surte a Daimiel, Los Arenales en Castilla y León, Campo de Cartagena al lado del Mar Menor, Baza en Granada y el eje sureste del Segura.
Todos tienen en común que, en los últimos años, “han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío superintensivo”, dice WWF. “No son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado”, explica la responsable del programa de aguas de WWF, Teresa Gil
Un posible delito ambiental “extendido e impune” añade Gil. Sirve de ilustración sobre lo complicado de la situación, el reciente sobreseimiento del caso de la extracción ilegal de agua mediante pozos en fincas de la Casa de Alba. El juez argumentó que no se ha acreditado que ese bombeo sin permiso haya perjudicado al acuífero o el medio ambiente.
La presión del regadío sobre los acuíferos españoles (datos 2024)
Cultivos en parcelas
con indicios de
ilegalidad (ha)
Extracciones
de agua en posible
ilegalidad (hm3)
ACUÍFERO
Alto Guadiana (Daimiel)
Los Arenales
Sureste (Segura)
Baza
Almonte-Marismas (Doñana)
Campo de Cartagena (Mar Menor)
39.244
16.481
15.229
4.100
3.379
3.271
69,71
67,42
48,85
8,34
13,34
14,63
1
2
3
4
5
6
Bilbao
A Coruña
El Acuífero de
los Arenales
(Castilla y León)
Barcelona
2
Madrid
El Alto
Guadiana
Valencia
El Sureste
(Albacete,
Almería y
Alicante)
3
1
Campo de
Cartagena
(Mar Menor)
Baza
(Granada)
6
4
Málaga
Almonte-Marismas
(Huelva)
5
GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF.
La presión del regadío sobre los acuíferos
españoles (datos 2024)
Cultivos en parcelas
con indicios de
ilegalidad (ha)
Extracciones de
agua en posible
ilegalidad (hm3)
ACUÍFERO
1
2
3
4
5
6
Alto Guadiana (Daimiel)
Los Arenales
Sureste (Segura)
Baza
Almonte-Marismas (Doñana)
Campo de Cartagena (Mar Menor)
39.244
16.481
15.229
4.100
3.379
3.271
69,71
67,42
48,85
8,34
13,34
14,63
2
El Alto
Guadiana
1
3
6
4
5
GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF.
Aun así, los datos de este análisis demuestran que, cuando hay voluntad y se hace algo, la situación se modifica (para mejor). En Doñana y el Mar Menor, sus planes de acción (que suman 1.300 millones de euros de presupuesto) han derivado en una disminución del problema. En el Alto Guadiana, del que viven Las Tablas de Daimiel, el plan de actuaciones anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica continúa estancado. “Es el epicentro”, avanzan los de WWF.
Almonte-Marismas
La situación: el trabajo admite que ha habido un “descenso significativo de la superficie de cultivos de frutos rojos en posible situación de ilegalidad”. A su juicio esto demuestra un “esfuerzo” de las Administraciones y las fuerzas de seguridad para rebajar los cultivos ilegales. Al mismo tiempo alertan de que lo que ha crecido son los cultivos leñosos, muchos de ellos olivos en régimen intensivo (que necesitan riego continuado).
“En Doñana se han producido progresos en el control” sin embargo, apuntan, el “problema del uso ilegal del agua persiste en la zona de estudio”, ya que en torno al 20 % de la superficie regada con recursos de las masas de agua subterráneas del acuífero de Almonte-Marismas presenta indicios de estar en situación de ilegalidad.
El robo: los cálculos de WWF dicen que en el entorno de Doñana —plantados sobre las masas de agua subterránea de las que depende el parque nacional— hay unas 3.330 hectáreas de cultivos con visos de irregularidad. Para alimentar esas explotaciones, analizan, se sacan sin permiso de los acuíferos más de 13 hectómetros cúbicos.
El impacto ambiental: la organización advierte de que, según su análisis, hay un grado de incertidumbre sobre la situación real de Doñana que provoca que cualquier previsión sea de “baja aplicabilidad en el terreno práctico”. Con todo recuerda que la Estación Biológica de Doñana ha certificado la desecación de las lagunas temporales que se han visto ocupadas por vegetación “típicas de suelos alejados del nivel freático”, es decir del nivel del acuífero y que la laguna de Santa Olalla se ha secado completamente tres años seguidos por la sequía.
Cultivos en el entorno de Doñana.
Campo de Cartagena
La situación: tras el shock de la sopa verde que alertaba del colapso ecológico el Mar Menor, el diagnóstico estaba claro: había una explotación insostenible del territorio por el uso intensivo del agua para el regadío. En los últimos cuatro años, pues, “ha habido una mejora significativa” gracias al un “control más estricto de las administraciones” y “una mejor gestión de los usuarios”, dice este informe. Con todo, todavía hace falta “mantener y consolidar las medidas de control”, concluyen, porque sigue sacándose agua irregularmente allí.
El robo: la teledetección de parcelas fuera de los mapas con derechos de uso del agua muestra una superficie de cultivos con indicios de estar al margen de la norma de 3.271 hectáreas. La cantidad de agua bombeada desde el subsuelo sin permiso llega a los 14,63 hm³, según el trabajo de WWF. La identificación de parcelas corresponde a explotaciones de cultivos hortícolas de temporada, cítricos, cultivos leñosos tipo almendro u olivos e invernaderos.
El impacto ambiental: es uno de los más célebres. El uso intensivo de agua sobre cultivos cargada de fertilizantes termina por desaguarse en la laguna costera del Mar Menor. Esa entrada masiva de nutrientes —los restos del fertilizante— provoca un estallido de microalgas Esa es la sopa verde. La proliferación de fitoplancton bloquea la entrada de la luz del sol al fondo de la laguna y causa muertes masivas de las praderas marinas. Esa biomasa muerta en descomposición consume el oxígeno disuelto en el agua (anoxia). Sin ese oxígeno ocurren grandes mortandades de peces y otra fauna acuática.
Alto Guadiana
La situación: WWF lo llama el “epicentro” del robo del agua y califica la situación de “al borde del suicidio hídrico”. Sobre esas masas de agua subterránea se ha creado una estructura ambientalmente insostenible: de entrada, la Confederación Hidrográfica del Guadiana calcula que la extracción legal de agua para permitir que los acuíferos se recuperen debería toparse en 199 hm³ al año. Las extracciones para el regadío suman 370 hm³. Un déficit estructural de más de 170 hm³.
El robo: las parcelas presuntamente ilegales llegan a las 39.000 ha. “Es un 22% de la superficie total regada”, pondera el estudio. El riego asociado a esas explotaciones llega a los 69 hm³ en 2024. “La existencia de riegos con indicios de ilegalidad es uno de los factores principales que explican el déficit”, argumenta WWF.
Cultivos en el entorno de las Tablas de Daimiel.
Una gran parte de los que se explota son cultivos leñosos que, para que sobrevivan en Castilla-La Mancha necesitan riegos. “Especialmente las vides en espaldera y los almendros en régimen intensivo”, aclara el análisis. La gran superficie dedicada a estos cultivos conlleva la sobreexplotación del acuífero.
El impacto ambiental: los humedales de La Mancha necesitan el agua subterránea. Las fuertes precipitaciones han cubierto una buena parte de las Tablas de Daimiel en 2025 y 2026 después de que, sin lluvia, el parque estuviera al borde de secarse por completo —tanto que necesitó trasvases de urgencia desde el Tajo y bombeo extra desde pozos en 2023 y 2024—.
La cuestión es que las aguas superficiales de las Tablas y las subterráneas de los acuíferos están desconectadas debido a la bajada del nivel bajo tierra. Sin esa conexión, el líquido no brota, es decir, no alimenta al humedal.
Los Arenales
La situación: aunque ha disminuido un poco respecto a 2019 (un 5% menos de superficie), el regadío “en posible situación de ilegalidad” todavía es “relevante” y supone un “impacto directo sobre el balance hídrico y el estado de las masas de agua subterráneas”, diagnostica el informe de WWF.
En esta zona de Castilla y León puede observarse, por un lado, cómo se concentra el problema en la masa de agua Tierras de Medina y La Moraña mientras allí donde se han creado comunidades de usuarios de aguas subterráneas se ha constatado “una disminución significativa del uso ilegal”.
Cultivos en Los Arenales
El robo: las cifras muestran 16.400 hectáreas (un 21% del total) de cultivos con sospecha de ser irregulares y un volumen de extracciones igualmente fuera de norma de 67 hm³. Como el índice de explotación de este sistema de acuíferos compuesto por tres masas diferenciadas está en 1,24, si se le resta el volumen sacado sin permiso ese índice se quedaría en 1,0, es decir, se extraería lo que reciben los acuíferos al año. “La posible ilegalidad es un factor material que contribuye a la situación de desequilibrio del sistema”.
El impacto ambiental: actualmente, en Tierras de Medina y La Moraña, “se identifican más de 30 zonas húmedas en estado de desconexión”, recuentan los ecologistas. Y en la zona de Tierra de Pinares más de 20 zonas podrían beneficiarse de una recuperación de niveles “si disminuyeran las extracciones”.
Sureste
La situación: el objetivo era estudiar áreas de la Cuenca del Segura que habían quedado fuera del radar ante la urgencia de la situación en Campo de Cartagena y el Mar Menor. Se han delimitado tres zonas: Albacete, Alicante y Almería. El estudio subraya que hay un “crecimiento insostenible” del regadío presumiblemente ilegal en la provincia de Albacete.
El robo: se considera que hay unas 15.200 hectáreas con indicios de ilegalidad. La mayoría, como se decía, en Albacete donde suman 11.000 ha fuera de la cartografía regulada. Después está Almería con 3.700 hectáreas. En Alicante aparecen 226 ha. En total son un 20% del total regado en esas tres provincias. El principal cultivo es el viñedo.
Respecto al agua que se extrae para esas parcelas, la estimación es que se beben unos 48,8 hm³, supuestamente, sin permiso.
El impacto ambiental: WWF informa de que se han detectado parcelas con indicios de ilegalidad dentro de zonas de especial protección. Y señalan explotaciones al norte de la Laguna de Petrola que es un de importancia para las aves.
Baza
La situación: “desconocido y preocupante” robo del agua, lo califica este trabajo. El estudio se fija en siete masas de agua subterránea en la comarca de Baza (Granada). De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desplegado un plan específico de inspección para esta comarca.
Con todo, WWF señala que sus análisis difieren mucho de algunos de los presentados por Confederación para ciertos acuíferos: en el de Sierra de las Estancias, la Confederación considera que hay un índice de explotación de 0,6 y la organización estima que llega al 2.0, es decir, un 200%. “Es un indicio de una altísima sobreexplotación”.
El robo: casi el 62% de la superficie regada presenta indicios de estar en situación irregular, en tolal 4.100 ha de las 6.600 irrigadas en la comarca. Los cultivos afectados van desde los olivares a los frutos secos pasando por los invernaderos y los hortícolas. El agua captada para estas explotaciones llega a los 8,3 hm³.
El impacto ambiental: una sobreexplotación como la que apunta el trabajo de WWF “podría llevar al agotamiento de los recursos en un plazo de tiempo relativamente corto”.
Análisis editorial
La sobreexplotación de acuíferos para alimentar un regadío intensivo se ha consolidado en España como un delito ambiental extendido y sistémico que vacía reservas hídricas críticas sin consecuencias legales efectivas. La organización WWF identifica seis puntos críticos donde la transformación de cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada superintensiva es evidente: Almonte-Marismas (Doñana), Alto Guadiana (Daimiel), Los Arenales, Campo de Cartagena, Baza y el eje sureste del Segura. Este fenómeno no es aislado; constituye un problema generalizado caracterizado por la extracción ilegal de agua sin permisos que agota las masas subterráneas más rápido de lo que se reponen.
La magnitud de esta crisis hídrica se hace patente en los datos de 2024, que revelan una presión inmensa sobre el subsuelo español. En el acuífero del Alto Guadiana, por ejemplo, se registraron 39.244 hectáreas con cultivos irregulares y 69,71 hm³ de extracciones ilegales en un solo año. La situación es alarmante en otras zonas clave como Los Arenales, con 15.229 hectáreas afectadas y 67,42 hm³ extraídos ilegalmente, mientras que el Sureste del Segura presenta 15.229 hectáreas de cultivo irregular y 48,85 hm³ de agua robada. Estos números ilustran cómo la voluntad política y fiscal se desvanece frente a un modelo económico que prioriza la producción intensiva sobre la sostenibilidad ecológica.
A pesar de la gravedad de los hechos, el marco legal actual permite que estos delitos queden impunes mediante mecanismos como el sobreseimiento judicial por falta de prueba del daño ambiental inmediato, tal como ocurrió en el caso de la Casa de Alba. Esta impunidad fomenta una sensación social de que robar agua es un delito barato y de bajo coste, facilitando la expansión de cultivos leñosos intensivos incluso en zonas vulnerables como Doñana, donde persiste un 20 % de superficie regada con indicios de ilegalidad. Aunque existen planes de acción con presupuestos de hasta 1.300 millones de euros que han logrado descensos significativos en algunas áreas, el estancamiento en otros epicentros demuestra la fragilidad de las estrategias actuales frente a una sobreexplotación generalizada.
La continuidad de esta práctica sin una fiscalización judicial robusta y sin sancionar las extracciones realizadas sin autorización condenará definitivamente los ecosistemas que dependen de estos acuíferos, como el Mar Menor y Daimiel. Para detener la transformación irreversible del secano a un regadío insostenible, es imperativo priorizar la fiscalización en los seis puntos críticos identificados y revisar la legalidad de todos los cultivos en parcelas con indicios de irregularidad. Solo fortaleciendo las pruebas para evitar sobreseimientos injustificados y aplicando sanciones reales se podrá revertir el vaciado de nuestras reservas subterráneas y proteger el agua como un bien común frente a la especulación agrícola.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- La sobreexplotación de acuíferos por regadío intensivo constituye un problema generalizado en España que agota las reservas subterráneas.
- Existe una percepción social de impunidad respecto a la extracción ilegal de agua, tratada como un delito económico de bajo coste.
Evidencias
- La organización WWF identifica seis puntos críticos con indicios de extracción ilegal: Almonte-Marismas (Doñana), Alto Guadiana (Daimiel), Los Arenales (Castilla y León), Campo de Cartagena, Baza (Granada) y el eje sureste del Segura.
- En el acuífero de Alto Guadiana se registraron 39.244 hectáreas con cultivos irregulares y 69, 71 hm³ de extracciones ilegales en 2024.
- El caso judicial de la Casa de Alba fue sobreseído por falta de prueba del daño ambiental, ilustrando las dificultades legales para sancionar estos delitos.
Acciones
- Priorizar la fiscalización en los seis acuíferos identificados como puntos críticos para detener la transformación de secano a regadío ilegal.
Conclusión final
La combinación de una agricultura industrializada superintensiva y un marco legal que permite el sobreseimiento de casos debilita la gestión hídrica nacional.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Sobreexplotación generalizada de acuíferos por regadío intensivo que agota reservas subterráneas.
- Comisión de delitos ambientales impunes mediante extracción ilegal de agua sin permisos.
- Transformación de cultivos tradicionales en agricultura industrializada superintensiva en zonas vulnerables.
Acciones recomendadas
- Auditar y sancionar las extracciones de agua realizadas sin autorización en los seis acuíferos identificados.
- Revisar la legalidad de los cultivos en parcelas con indicios de irregularidad para detener usos ilegales.
- Fortalecer la fiscalización judicial para evitar sobreseimientos basados en falta de prueba de daño ambiental inmediato.
Señales/evidencias
- Extracción de más líquido del que reponen los acuíferos, incluyendo bombeo sin permiso.
- Datos de 2024 muestran miles de hectáreas con cultivos ilegales y millones de metros cúbicos extraídos ilegalmente en acuíferos como Alto Guadiana, Los Arenales y Almonte-Marismas.
- Caso reciente de sobreseimiento judicial donde no se acreditó el perjuicio ambiental a pesar del bombeo sin permiso.
Conclusión
La sobreexplotación de acuíferos para regadío intensivo constituye un delito ambiental extendido e impune en España, caracterizado por la extracción ilegal de agua y la transformación de cultivos tradicionales en agricultura industrializada, lo que agota reservas hídricas críticas sin consecuencias legales efectivas.
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