alberto
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#Listas de espera
El servicio de salud balear derivó a la mujer, de 73 años, a la sanidad privada debido a una lista de espera que prácticamente alcanza el medio año de demora. En el centro donde la atendieron consideran 'resuelto el caso' después de dos visitas y una receta de medicación que no cubre la Seguridad Social
Un megaestudio muestra que los trastornos digestivos multiplican el riesgo de sufrir alzhéimer y párkinson
Los jóvenes tenían bastantes cosas en común. Aunque habían nacido en el mismo pueblo de Sevilla, se conocieron muy lejos de allí, en la alameda por la que paseaban los novios en la isla a la que ambos habían emigrado unos años antes, siendo apenas unos niños. Había represaliados por el franquismo en las dos familias y el turismo ibicenco les había dado el porvenir que les negaba el latifundio andaluz. Ella limpiaba habitaciones de hotel, él asfaltaba los caminos que llevaban hasta los hoteles. Para que se produjera el flechazo, ella tuvo que escucharle cantar una saeta porque, a primera vista, él le pareció demasiado moderno con sus patillas y sus pantalones de campana. Era una Semana Santa de principios de los setenta.
El 20 de noviembre de 1975, mientras el dictador agonizaba, la pareja salió de la iglesia convertida en matrimonio. Luego vinieron tres hijos –nacidos y criados en Eivissa– y varios nietos, décadas de trabajo, miles de camas hechas, la jubilación. Esta mujer –a la que llamaremos Lucía por deseo de su familia, que quiere preservar su identidad– celebrará mañana sus bodas de oro. No ha olvidado, aún, esa fecha tan importante en su vida, tampoco los cumpleaños de los seres queridos, un sistema de afectos donde esta mujer siempre había sido el eje sobre el que todo giraba. La familia teme que acabe ocurriendo. Lucía, setenta y tres años recién cumplidos, padece pérdidas de memoria desde el verano de 2023. Desde entonces, dicen sus hijos, “lleva esperando” a que la explore un neurólogo de la Sanidad pública:
–Lo que más impotencia nos da es que nuestra madre, que empezó a trabajar con nueve años –recogiendo aceitunas– y que a los doce, ya en Ibiza, entró en un hotel, que a los catorce ya cotizaba, que nunca ha aceptado ponerse enferma –pasó el COVID y ni nos dimos cuenta–, ahora, que realmente necesita una atención especializada, vea que el sistema de salud que su generación ha ayudado a construir con sus impuestos la abandone. A nosotros no nos pilla por sorpresa porque nuestra abuela, la madre de nuestra madre, justamente, ya tuvo alzhéimer, y sabíamos que es hereditario. Por eso, también sabemos que el proceso puede ser muy largo. Y doloroso.
Fuentes del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera explican, sin embargo, que Lucía es “una paciente atendida”. Así consta en las estadísticas oficiales. La paradoja no puede entenderse sin rebobinar hasta el 8 de marzo de 2022. Aquel día, la socialista Patricia Gómez Picard –de oficio, enfermera y, durante dos legislaturas, consellera de Salut de los gobiernos de centroizquierda que presidió Francina Armengol– firmó un convenio para que los ciudadanos que llevaran más de sesenta días esperando a que los atendiera un especialista del único hospital público de la isla pudieran ser atendidos por un especialista del único hospital privado de la isla. Lo llamaron “plan de choque” e iba a cargo de los presupuestos autonómicos.
El poder de la familia Vilás
El trasiego de pacientes y dinero público durará, como mínimo, hasta 2027. En febrero de 2024, la popular Manuela García Romero –de oficio, médico y, desde 2023, consellera de Salut con el gobierno en minoría que preside Marga Prohens– prorrogó el contrato con el Grupo Policlínica, que podrá embolsarse un máximo de 21 millones de euros. Esta gran empresa –que facturó 19,2 millones de euros en 2020– tiene su origen en la pequeña clínica que fundó el doctor Julián Vilás Ferrer en 1969, justo cuando Eivissa se estaba convirtiendo en un destino turístico conocido en todo el mundo y su población se multiplicaba a velocidad de vértigo por el desembarco de trabajadores como Lucía y su marido, y, pese a su crecimiento, sigue en manos de la misma familia. Los Vilás son una de las sagas más poderosas de la isla gracias al monopolio que representa su holding sanitario. No dudaron en querellarse contra los promotores del proyecto de un segundo hospital privado y los políticos que, en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu y el Consell Insular d’Eivissa, les otorgaron licencias.
Dicen los hijos que la propuesta de que a su madre la viera un neurólogo de la privada “fue por teléfono”: “Nos llamaron y nos comentaron que existía la posibilidad, si lo deseábamos, de que la derivaran a Vilás. Preferíamos que la atendieran en Can Misses, pero como nadie nos daba una fecha concreta, los olvidos que sufría empezaban a ser más frecuentes, llevábamos meses esperando, ya habíamos ido a una consulta privada y nos había confirmado lo que la médico de cabecera sospechaba, que tenía un deterioro cognitivo, dijimos que sí”.
–¿Alguien os avisó, explícitamente, de que si aceptabais ir a la privada, el nombre de nuestra madre iba a desaparecer de la lista de espera de la Sanidad pública?
Un megaestudio muestra que los trastornos digestivos multiplican el riesgo de sufrir alzhéimer y párkinson
Los jóvenes tenían bastantes cosas en común. Aunque habían nacido en el mismo pueblo de Sevilla, se conocieron muy lejos de allí, en la alameda por la que paseaban los novios en la isla a la que ambos habían emigrado unos años antes, siendo apenas unos niños. Había represaliados por el franquismo en las dos familias y el turismo ibicenco les había dado el porvenir que les negaba el latifundio andaluz. Ella limpiaba habitaciones de hotel, él asfaltaba los caminos que llevaban hasta los hoteles. Para que se produjera el flechazo, ella tuvo que escucharle cantar una saeta porque, a primera vista, él le pareció demasiado moderno con sus patillas y sus pantalones de campana. Era una Semana Santa de principios de los setenta.
El 20 de noviembre de 1975, mientras el dictador agonizaba, la pareja salió de la iglesia convertida en matrimonio. Luego vinieron tres hijos –nacidos y criados en Eivissa– y varios nietos, décadas de trabajo, miles de camas hechas, la jubilación. Esta mujer –a la que llamaremos Lucía por deseo de su familia, que quiere preservar su identidad– celebrará mañana sus bodas de oro. No ha olvidado, aún, esa fecha tan importante en su vida, tampoco los cumpleaños de los seres queridos, un sistema de afectos donde esta mujer siempre había sido el eje sobre el que todo giraba. La familia teme que acabe ocurriendo. Lucía, setenta y tres años recién cumplidos, padece pérdidas de memoria desde el verano de 2023. Desde entonces, dicen sus hijos, “lleva esperando” a que la explore un neurólogo de la Sanidad pública:
–Lo que más impotencia nos da es que nuestra madre, que empezó a trabajar con nueve años –recogiendo aceitunas– y que a los doce, ya en Ibiza, entró en un hotel, que a los catorce ya cotizaba, que nunca ha aceptado ponerse enferma –pasó el COVID y ni nos dimos cuenta–, ahora, que realmente necesita una atención especializada, vea que el sistema de salud que su generación ha ayudado a construir con sus impuestos la abandone. A nosotros no nos pilla por sorpresa porque nuestra abuela, la madre de nuestra madre, justamente, ya tuvo alzhéimer, y sabíamos que es hereditario. Por eso, también sabemos que el proceso puede ser muy largo. Y doloroso.
Fuentes del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera explican, sin embargo, que Lucía es “una paciente atendida”. Así consta en las estadísticas oficiales. La paradoja no puede entenderse sin rebobinar hasta el 8 de marzo de 2022. Aquel día, la socialista Patricia Gómez Picard –de oficio, enfermera y, durante dos legislaturas, consellera de Salut de los gobiernos de centroizquierda que presidió Francina Armengol– firmó un convenio para que los ciudadanos que llevaran más de sesenta días esperando a que los atendiera un especialista del único hospital público de la isla pudieran ser atendidos por un especialista del único hospital privado de la isla. Lo llamaron “plan de choque” e iba a cargo de los presupuestos autonómicos.
El poder de la familia Vilás
El trasiego de pacientes y dinero público durará, como mínimo, hasta 2027. En febrero de 2024, la popular Manuela García Romero –de oficio, médico y, desde 2023, consellera de Salut con el gobierno en minoría que preside Marga Prohens– prorrogó el contrato con el Grupo Policlínica, que podrá embolsarse un máximo de 21 millones de euros. Esta gran empresa –que facturó 19,2 millones de euros en 2020– tiene su origen en la pequeña clínica que fundó el doctor Julián Vilás Ferrer en 1969, justo cuando Eivissa se estaba convirtiendo en un destino turístico conocido en todo el mundo y su población se multiplicaba a velocidad de vértigo por el desembarco de trabajadores como Lucía y su marido, y, pese a su crecimiento, sigue en manos de la misma familia. Los Vilás son una de las sagas más poderosas de la isla gracias al monopolio que representa su holding sanitario. No dudaron en querellarse contra los promotores del proyecto de un segundo hospital privado y los políticos que, en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu y el Consell Insular d’Eivissa, les otorgaron licencias.
Dicen los hijos que la propuesta de que a su madre la viera un neurólogo de la privada “fue por teléfono”: “Nos llamaron y nos comentaron que existía la posibilidad, si lo deseábamos, de que la derivaran a Vilás. Preferíamos que la atendieran en Can Misses, pero como nadie nos daba una fecha concreta, los olvidos que sufría empezaban a ser más frecuentes, llevábamos meses esperando, ya habíamos ido a una consulta privada y nos había confirmado lo que la médico de cabecera sospechaba, que tenía un deterioro cognitivo, dijimos que sí”.
–¿Alguien os avisó, explícitamente, de que si aceptabais ir a la privada, el nombre de nuestra madre iba a desaparecer de la lista de espera de la Sanidad pública?
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