Francia confirma uso de balizas ilegales en caso 8M por agentes del Grupo Económico
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Los datos remitidos por las autoridades francesas al juzgado de Madrid confirman que una baliza fabricada en ese país fue utilizada por seis guardias civiles investigados en un caso de presunto narcotráfico. La información facilitada por la Policía Judicial francesa a través de la Orden Europea de Investigación (OEI) incluye datos recabados de la compañía Invoxia, fabricante del dispositivo ilegal.
La evidencia forense internacional sitúa el uso de la baliza en una motocicleta y en un domicilio particular, con actualizaciones de ubicación cada cinco minutos.
Posteriormente, el dispositivo se geolocalizó en la Comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid), sede del Grupo de Delitos Económicos al que pertenecen los imputados. En 14 fechas comprendidas entre el 6 de febrero y el 28 de marzo de 2023, la baliza registró 54 posicionamientos, 43 de ellos dentro de las parcelas de dicha Comandancia.
Estos hechos se suman a una serie de irregularidades previas. En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados firmaron atestados en la Operación Sanitario, un caso que intentó atribuir falsamente al Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón la expansión del Covid-19.
La investigación sobre el uso de balizas ilegales se denominó Operación Bali 23. Los policías nacionales identificaron tarjetas telefónicas compradas con un DNI perdido y localizaron dispositivos en una Audi A3 y una moto Kawasaki Ninja, vinculando a los guardias civiles con métodos de seguimiento sin autorización judicial.
Análisis editorial
La justicia española ha recibido la confirmación internacional de que seis guardias civiles del Grupo 8M utilizaron métodos ilegales en una investigación sobre narcotráfico. Las autoridades francesas remitieron al juzgado de Madrid los datos obtenidos de la empresa Invoxia, demostrando que un dispositivo de seguimiento fabricado en ese país fue empleado sin autorización judicial por agentes vinculados a la causa Operación Bali 23.
La evidencia geolocalizada revela una redacción irregular y sistemática. Un cliente apodado 'Paulaner' activó el dispositivo el 4 de febrero de 2023 a las 21.21.56, con actualizaciones cada 5 minutos que coincidieron con el domicilio de uno de los imputados. Posteriormente, la baliza registró 54 posicionamientos en total, siendo 43 dentro de las parcelas de la Comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid) entre el 6 de febrero y el 28 de marzo de 2023.
Este patrón de conducta irregular se suma a un historial de falsificación de informes oficiales. En 2020, cuatro de los seis agentes firmaron atestados que imputaron falsamente al Gobierno y a Fernando Simón sobre la expansión del COVID-19 durante la Operación Sanitario. La jueza Carmen Rodríguez-Medel admitió a trámite una querella contra ellos por atribuir responsabilidades infundadas en informes policiales, lo que provocó un terremoto político sin que los responsables asumieran sanciones administrativas.
La convergencia de espionaje privado y falsificación institucional consolida la posición de estos agentes como imputados ante múltiples cargos. La justicia debe integrar inmediatamente los datos geolocalizados remitidos por Francia para corroborar las fechas y ubicaciones del uso indebido, mientras se inicia una investigación interna sobre el procedimiento que permitió a los agentes redactar informes falsos durante la pandemia.
Contexto y análisis adicional
Riesgos
Riesgos/alertas
- Uso no autorizado de dispositivos de seguimiento (balizas) fabricados en Francia para monitorear una motocicleta sin orden judicial.
- Colaboración internacional con narcotráfico mediante la instalación ilegal de equipos de geolocalización en el caso Operación Bali 23.
- Falsificación de informes oficiales que culparon al Gobierno y a funcionarios sanitarios por la propagación del COVID-19.
- Posicionamiento de evidencia ilegal dentro de instalaciones oficiales (Comandancia de Tres Cantos) vinculada a los imputados.
Acciones recomendadas
- Solicitar al juzgado de Madrid la integración inmediata de los datos geolocalizados remitidos por Francia para corroborar las fechas y ubicaciones del uso indebido.
- Iniciar una investigación interna sobre el procedimiento que permitió a los agentes redactar informes falsos durante la pandemia, buscando responsables administrativos.
- Revisar el historial de acceso y uso de dispositivos similares en la Comandancia de Tres Cantos para determinar si hubo más violaciones no detectadas.
Señales/evidencias
- Las autoridades francesas remitieron datos a la empresa Invoxia confirmando que un cliente llamado 'Paulaner' activó una baliza el 4 de febrero de 2023.
- La señal del dispositivo se actualizaba cada 5 minutos y coincidió con el domicilio de uno de los guardias civiles secretario en el caso de narcotráfico.
- El dispositivo registró 54 posicionamientos, siendo 43 dentro de las parcelas de la Comandancia de Tres Cantos entre el 6 de febrero y el 28 de marzo de 2023.
- En 2020, cuatro de los seis agentes firmaron atestados que imputaron falsamente al Gobierno y a Fernando Simón sobre la expansión del COVID-19.
Conclusión
La evidencia internacional confirma un patrón de conducta irregular en seis guardias civiles del Grupo 8M, quienes combinan el uso ilegal de espionaje privado con narcotráfico y falsificación de informes institucionales, consolidando su posición como imputados ante múltiples cargos.
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