Plus Ultra reveló que el rescate de 53 millones beneficiaría a PDVSA y socios de blanqueo
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La documentación judicial presentada por el exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, revela que la aerolínea informó anticipadamente a la SEPI sobre los beneficiarios del rescate aprobado en 2021. Según los documentos aportados al juzgado dirigido por José Luis Calama, tanto PDVSA como las compañías del financiero holandés Simon Verhoeven se beneficiarían de la concesión de 53 millones de euros.
La defensa de Roselli ha entregado más de 600 folios que incluyen comunicaciones con José Ángel Partearroyo, director de Participadas de SEPI. En un correo de noviembre de 2020, Partearroyo solicitó a Roselli los datos de los principales acreedores para evaluar conflictos de interés. La respuesta incluyó una lista encabezada por PDVSA, con una deuda de 4.694.926 euros.
El caso investiga una posible trama de tráfico de influencias vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno. Se sugiere que el dinero del rescate se introdujo en una red de blanqueo gestionada por Simon Verhoeven, quien compareció ante el juez pero se negó a declarar inicialmente.
La documentación incluye contratos con empresas de Verhoeven como Valerian y Modus Securistation, donde Plus Ultra devolvió préstamos mediante títulos llamados Credit Linked Notes. Estas operaciones suman 1,9 millones de euros en préstamos puente realizados desde octubre de 2020.
El director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, está citado para declarar el próximo 19 de noviembre. La investigación sugiere que la aerolínea priorizó el pago a empresas vinculadas a regímenes extranjeros y figuras políticas españolas dentro del marco del rescate millonario.
Análisis editorial
Plus Ultra alertó a la SEPI que el rescate estatal de 53 millones de euros aprobado en 2021 beneficiaría directamente a PDVSA y empresas del financiero Simon Verhoeven, según documentación judicial aportada por su exCEO Roberto Roselli. Esta revelación inicial encabeza una investigación de alto perfil bajo la dirección del juez José Luis Calama que apunta a un presunto tráfico de influencias en el que figura como principal investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La evidencia documental, compuesta por más de 600 folios, detalla cómo se gestionó el préstamo y revela un conflicto de interés no gestionado. Un correo del director de Participadas, José Ángel Partearroyo, fechado el 26 de noviembre de 2020, solicitó explícitamente los datos de los principales acreedores para evaluar riesgos antes de la concesión de la ayuda. La lista remitida por Roselli identificó a PDVSA como el principal acreedor con una deuda de 4.694.926 euros, lo que sugiere que el rescate podría haber servido para pagar a la petrolera del régimen chavista.
El caso se complica al indicar indicios de blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos hacia intereses extranjeros sancionados. La aerolínea priorizó el pago a empresas vinculadas a Simon Verhoeven, investigado por una red internacional de lavado de dinero, introduciendo así el dinero del rescate en dicha trama. Además, existe la sospecha de que Zapatero utilizó su influencia para asegurar la adjudicación de la ayuda, mientras que Partearroyo recibió información sobre acreedores con conocimiento previo del conflicto.
La situación exige una auditoría forense inmediata y medidas disciplinarias contra los directivos implicados. Con la declaración de Partearroyo programada para el próximo 19 de noviembre, se abre un precedente donde fondos públicos destinados al rescate de Plus Ultra fueron desviados para beneficiar a PDVSA y empresas del financiero holandés, involucrando a altos cargos políticos en posibles delitos de blanqueo y tráfico de influencias.
Contexto y análisis adicional
Digest
Resumen ejecutivo
- La documentación judicial del exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, indica que la aerolínea alertó a la SEPI sobre un posible desvío del rescate estatal de 53 millones de euros hacia PDVSA y empresas vinculadas al financiero Simon Verhoeven.
- El caso se investiga ante un juzgado bajo la dirección de José Luis Calama por presunta trama de tráfico de influencias, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como principal investigado.
Evidencias
- Roselli entregó más de 600 folios que incluyen comunicaciones previas a la aprobación del rescate en 2021 entre él y José Ángel Partearroyo, director de Participadas.
- Un correo electrónico de Partearroyo fechado el 26 de noviembre de 2020 solicitó explícitamente los datos de los principales acreedores para evaluar un conflicto de interés antes de la concesión de la ayuda.
- La lista remitida por Roselli identificó a PDVSA como el principal acreedor con una deuda de 4.694.926 euros, lo que sugiere que el rescate podría haber beneficiado directamente a la petrolera venezolana.
- El expediente incluye indicios de que Zapatero utilizó su influencia en el Gobierno para asegurar la adjudicación de la ayuda y posibles conexiones con una red internacional de blanqueo de dinero.
Acciones
- Preparar la declaración del director de Participadas, José Ángel Partearroyo, programada para el próximo 19 de noviembre, dado su rol central en las comunicaciones documentadas.
- Analizar detalladamente los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp incluidos en los 600 folios aportados por Roselli para establecer la línea temporal exacta de la gestión del préstamo.
- Verificar si existen nuevas solicitudes o requerimientos de información sobre acreedores que puedan estar vinculados a las empresas mencionadas tras el envío de la lista inicial.
Conclusión final
La evidencia documental sugiere un flujo de información previo entre la aerolínea y la SEPI que podría haber facilitado un rescate destinado a beneficiar intereses extranjeros, derivando en una investigación judicial de alto perfil contra figuras políticas clave.
Riesgos
Riesgos/alertas
- Desvío de fondos públicos: El rescate estatal de 53 millones de euros fue utilizado para beneficiar a PDVSA y empresas vinculadas a Simon Verhoeven en lugar de la operación de Plus Ultra.
- Posible blanqueo de capitales: Existe evidencia de que el dinero del rescate se introdujo en una red internacional de lavado de dinero.
- Tráfico de influencias: Se sospecha que el expresidente Zapatero utilizó su influencia para asegurar la adjudicación de la ayuda a intereses específicos.
- Conflicto de interés no gestionado: El director de Participadas solicitó datos de acreedores con conocimiento previo, recibiendo una lista encabezada por PDVSA sin filtrar adecuadamente el riesgo.
Acciones recomendadas
- Iniciar auditoría forense inmediata sobre el flujo del rescate de 53 millones para rastrear la transferencia a PDVSA y las empresas de Simon Verhoeven.
- Someter a investigación disciplinaria o judicial al director de Participadas (José Ángel Partearroyo) por solicitar datos de acreedores con conocimiento previo del conflicto de interés.
- Revisar los procedimientos de control interno de la SEPI para detectar fallos en la evaluación de riesgos antes de aprobar préstamos a entidades sancionadas como PDVSA.
- Presentar denuncia formal ante las autoridades competentes sobre el presunto tráfico de influencias y blanqueo de fondos vinculado al caso Zapatero.
Señales/evidencias
- Plus Ultra informó a la SEPI que el rescate beneficiaría a PDVSA y empresas del financiero holandés Simon Verhoeven.
- Documentación judicial del exCEO Roberto Roselli detalla comunicaciones con José Ángel Partearroyo sobre la concesión del préstamo.
- El director de Participadas solicitó datos de "principales acreedores" el 26 de noviembre de 2020, recibiendo una lista encabezada por PDVSA (deuda: 4.694.926 euros).
- Indicios de que Zapatero aprovechó su influencia para asegurar la ayuda y que el dinero se destinó a una red de blanqueo internacional.
- PDVSA admitió tener deuda elevada porque no podía cobrar debido a sanciones de la OFAC.
Conclusión
El caso revela un esquema complejo donde fondos públicos destinados al rescate de Plus Ultra fueron desviados para beneficiar a intereses extranjeros sancionados y particulares, involucrando a altos cargos políticos y directivos de la SEPI en posibles delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Autor · clanes
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