Robots domésticos generan pruebas forenses que ya condenan a ciudadanos en tribunales

Un marido en Taiwán sospechaba que su mujer le era infiel y encontró evidencia de una relación extramatrimonial a través de dispositivos domésticos inteligentes. En septiembre de 2023, descubrió un cepillo de dientes usado en la casa de vacaciones de su pareja y una grabación del garaje que mostraba a un hombre desconocido conduciendo hasta allí. Tres meses después, accedió a la aplicación del robot aspirador y visualizó mediante su cámara en directo un encuentro íntimo entre su esposa y otro hombre.

El esposo grabó la transmisión y utilizó dicha evidencia para obtener aproximadamente 16.000 dólares estadounidenses de su mujer y del amante por vulneración de derechos matrimoniales. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Taoyuan lo condenó a cinco meses de prisión e impuso una multa de unos 4.700 dólares por grabar actividad privada sin consentimiento. Ambas sentencias son defendibles legalmente, pero juntas revelan una carencia preocupante en la regulación actual.

Los dispositivos que hay en los hogares generan pruebas de forma continua y, a menudo, invisible, mientras que la legislación que los regula sigue siendo un mosaico incompleto. Como miembros del profesorado de una facultad de ciencias forenses interdisciplinares, se observa cómo la práctica forense choca con una ley que no ha sabido adaptarse a esta nueva realidad tecnológica.

Un robot aspirador moderno es, en realidad, una plataforma móvil de sensores que combina cámaras, micrófonos, navegación láser y acceso remoto por vídeo. Algunos modelos conectados a una aplicación generan mapas detallados de la vivienda e historiales de limpieza, cuyos datos pueden llegar además a los servidores del fabricante.

En 2022, MIT Technology Review reveló imágenes procedentes de versiones de desarrollo del Roomba J7 de iRobot que mostraban a una mujer sentada en el inodoro. Las imágenes tomadas en hogares de prueba habían llegado a una empresa subcontratada de etiquetado de datos, cuyos empleados las publicaron en grupos privados de redes sociales sin necesidad de un ataque informático.

La filtración surgió del proceso habitual empleado para entrenar programas de reconocimiento de objetos y demuestra que la capacidad de vigilancia doméstica es algo que pocos usuarios advierten al comprar el aparato. El pequeño hueco gris en la parte superior de este robot aspirador Roomba contiene una cámara, lo que evidencia su potencial uso como dispositivo de captura de imágenes.

Los tribunales llevan años enfrentándose a los datos generados en el hogar y han comenzado a admitir pruebas obtenidas mediante dispositivos IoT no autorizados. La fiscalía de Arkansas acusó a James Bates de asesinato tras solicitar las grabaciones de su altavoz Amazon Echo y datos del contador inteligente que sugerían un consumo de agua durante la noche.

Amazon se resistió inicialmente hasta que Bates dio su consentimiento, pero la fiscalía finalmente retiró la acusación al no poder descartar otras explicaciones razonables. En Connecticut, Richard Dabate fue declarado culpable por el asesinato de su esposa Connie tras utilizar datos de la pulsera Fitbit que contradecían su versión de los hechos.

El Tribunal Supremo de Connecticut ratificó en 2025 la condena y consideró que la prueba de la Fitbit era científicamente fiable. En Ohio, los datos del marcapasos de Ross Compton se utilizaron para rebatir su versión sobre un incendio en su vivienda, lo que planteó una cuestión legal adicional.

La integración de sensores y cámaras en electrodomésticos está transformando el panorama legal, obligando a redefinir los límites entre la seguridad doméstica y la protección de datos personales. El uso de estas tecnologías genera precedentes legales donde la evidencia obtenida por usuarios puede ser admitida judicialmente, aunque su obtención sin consentimiento conlleva sanciones penales.

La jurisprudencia actual muestra una tensión entre el derecho a la privacidad y la necesidad probatoria en casos de infidelidad o delitos contra la propiedad marital. Los tribunales están validando tanto las sentencias condenatorias por invasión de privacidad como los resultados obtenidos mediante pruebas derivadas de dispositivos IoT no autorizados.